Presentan antejuicio contra Jimmy Morales
El Ministerio Público de Guatemala y la CICIG piden el antejuicio y el retiro de inmunidad del presidente del país, Jimmy Morales, por presunto delito electoral.
La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y el representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, han presentado este viernes un pedido de antejuicio contra Morales para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
Los delitos de los que se acusa al mandatario se derivan de una denuncia presentada a la Fiscalía guatemalteca en febrero de este año en contra del partido de Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por el supuesto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2015, estimado en 7,5 millones de quetzales (un millón de dólares).
“El (partido gobernante) Frente de Convergencia Nacional, no entregó la contabilidad de las transacciones financieras relacionadas con el origen, manejo y aplicación de los recursos recaudados, impidiendo la fiscalización financiera de sus actividades de campaña”, indicó la Fiscalía del país, que por tercera vez pide que Morales sea juzgado por este hecho irregular.
El titular de la CICIG ha dicho en retiradas ocasiones que “el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia”. Sin embargo, Morales siempre ha negado los cargos y ha dicho que las investigaciones en su contra son infundadas o son ataques políticos.
Ambas instituciones ya habían solicitado el retiro de la inmunidad del mandatario. La primera fue en agosto de 2017 cuando se anunció la primera parte de una investigación relacionada con el caso.
La segunda solicitud ocurrió el mismo año después de que se determinara que por nueve meses recibió un sobresueldo por parte del Ejército por unos 61 000 dólares, dinero que tuvo que devolver.
La tercera solicitud, hecha este viernes, ha sido remitida a un juzgado que deberá trasladarla a la Corte Superior de Justicia (CSJ), que a su vez deberá analizarla y decidir si le da trámite. De ser así, tendría que enviarse al Congreso para que este nuevamente tome una decisión.
