El Gobierno frenará el referéndum con las mínimas medidas necesarias

Ni habrá empleo de la fuerza ni se suspenderá la autonomía de Catalunya, pero la situación que se vivió el 9-N “no se va a volver a producir”.

Cuando desde el Gobierno se habla de que “hará todo lo que tenga que hacer” para impedir el referéndum, lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende trasladar es que el Gobierno dispone de todos los instrumentos a su alcance para evitar que se celebre, pero no quiere decir cuáles.

Y no quiere, porque los mecanismos que se apliquen dependerán de las actuaciones que se vayan produciendo por parte del Govern de la Generalitat y su voluntad de llevar a cabo la consulta. Lo que hará el Gobierno central es actuar, y lo hará, aseguran, “con proporcionalidad y prudencia”.

“No vamos a matar moscas a cañonazos”, aseguran fuentes gubernamentales, pero advierten que no habrá consulta. Esta vez no, y las urnas no saldrán a la calle. El paso máximo que el Gobierno español estaría dispuesto a aplicar, al menos en este momento, sería recuperar una competencia clave que ahora está en manos de la Generalitat, y lo haría el mínimo tiempo que sea necesario para que no se atente contra el ordenamiento jurídico, se incumplan sentencias y se vulnere la Constitución. Y si para conseguir eso basta que la competencia de la Generalitat esté en manos del Gobierno dos horas, mejor que cuatro o que 24.
Ya restablecido el orden constitucional, se devolverá esa competencia. Las demás seguirían en manos del Govern catalán, con lo que nadie podría hablar de suspensión de la autonomía.

Pero para llegar ahí, el Gobierno central considera que hay otros muchos mecanismos que se pueden ir desarrollando, que hagan que no sea necesario llegar a la intervención de la autonomía. Tales como recursos al Tribunal Constitucional, ejecuciones de sentencia, advertencias a funcionarios de la Generalitat sobre sus responsabilidades si desobedecen los requerimientos del Alto Tribunal.

Todo antes de llegar a esas medidas que serían excepcionales pero legales, y que el Gobierno del PP sólo adoptará si es estrictamente necesario y por el mínimo tiempo posible.