El separatismo exhibe su ley para echar al Estado en 34 días

El president de la Generalitat pasará a ser jefe del nuevo Estado catalán y, se aceptará la doble nacionalidad, aunque se desconoce aún cómo aplicarán el control fronterizo

Después de meses de ocultación, y superada la tregua por el atentado terrorista de Barcelona, los partidos independentistas que urden la celebración de un referéndum de autodeterminación dieron a conocer este domingo la ley con la que la Generalitat pretende saltar de la legalidad española a la catalana y borrar todo rastro del Estado en Cataluña dentro de 34 días.

La denominada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República fue registrada este domingo en el Parlament y será aprobada antes del 1 de octubre en virtud de un pacto alcanzado entre Junts pel Sí y la CUP que, no obstante, este domingo se negaron a precisar la fecha concreta en la que la Cámara catalana dará luz verde al texto legislativo para poder seguir aplazando la previsible suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

La norma, que se autodefine como «suprema», aspira a situarse por encima de la Constitución con el aval de la UE y dispone que Cataluña «se constituirá en una Repúlica de Derecho» con la única condición de que el sí a la independencia se imponga en el referéndum por un voto.

Según el articulado, el presidente de la Generalitat se convertirá automáticamente en jefe de Estado y los dirigentes soberanistas que hayan sido condenados por promover y culminar el proceso independentista desobedeciendo a los tribunales serán «amnistiados», una medida de la que, teóricamente, podrían beneficiarse desde Artur Mas y sus ex consejeros como inductores del 9-N, hasta la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o el propio Carles Puigdemont y su renovado Ejecutivo, si acaba forzando el choque con el Gobierno para celebrar la votación rupturista, como promete.Asimismo, la ley otorga al Govern de la Generalitat la potestad de imponer por decreto «la recuperación de normas anuladas por el TC».

La norma fija una suerte de nacionalidad catalana por imposición para todas las personas que posean la nacionalidad española y estén empadronadas en un municipio catalán antes del 31 de diciembre de 2016 y «no exige», pero sí permite, renunciar a la nacionalidad española.