El Gobierno mantiene el Parlament pero limita su capacidad de acción

El Ejecutivo de Rajoy tendrá derecho de veto sobre cualquier iniciativa durante 30 días

El Gobierno apuesta por mantener el Parlament de Cataluña abierto pero limita su capacidad de acción. La presidencia de la Cámara, que ocupa Carme Forcadell, no podrá proponer candidatos a la presidencia de la Generalitat. Además, el Ejecutivo tendrá derecho de veto durante 30 días sobre las iniciativas impulsadas por los diputados autonómicos, entre los que podrán seguir estando Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de consejeros destituidos. Los miembros del equipo de Mariano Rajoy que asuman las tareas de los cesados no serán controlados por el Parlament y comparecerán en el Senado.

La disolución del Parlament de Cataluña fue uno de los aspectos de la intervención del Gobierno que generó más debate en La Moncloa y en la dirección del PP. Tras criticar duramente la disolución de la Asamblea de Venezuela por parte de Nicolás Maduro, miembros prominentes del partido que sostiene al Ejecutivo alertaron de la contradicción que podría suponer cerrar la Cámara de la Comunidad Autónoma. Al tiempo, los consejeros de Rajoy argumentaron que era imperativo respetar los derechos de los diputados. Finalmente, el Gobierno optó porque el Parlament siga ejerciendo su potestad legislativa, pero de forma limitada.

“Esto es un golpe de Estado de facto que pretende descabezar las instituciones catalanas y apropiárselas, censurando al Parlamento”, reaccionó Carme Forcadell, la presidenta de la Cámara. “No les acompaña la legalidad ni la legitimidad política”, añadió. “Pretenden que el Parlamento de Cataluña deje de ser un Parlamento democrático, y no lo vamos a permitir”, siguió. “Nos comprometemos a defender la soberanía del Parlamento, sus plenas atribuciones, y los derechos de los 135 diputados a ejercer sus funciones”.
Nada resume mejor los objetivos que persigue la estrategia de los consejeros de Rajoy que las medidas adoptadas contra la presidenta del Parlament.

Así, el Ejecutivo decidió no actuar contra ella, y que mantuviera el cargo, con el argumento de que este deriva de su condición de diputada autonómica. Sin embargo, limitó su capacidad de acción y la advirtió veladamente de que repetir la publicación unilateral de medidas en el Boletín Oficial del Parlament —como hizo con la propuesta de Ley del referéndum— no tendría validez.

“El presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de investidura”, afirma el plan enviado por La Moncloa al Senado, donde previsiblemente será aprobado en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes 27. Ese documento —que puede ser enmendado durante su tramitación en la Cámara Alta— también establece el poder de veto que tendrá durante 30 días el Gobierno central sobre cualquier iniciativa que impulsen los diputados catalanes, que previsiblemente tampoco podrán votar una moción de censura sin el permiso de La Moncloa.