Expertos juristas plantean una reforma federal de la Constitución

Los catedráticos proponen fijar las competencias estatales y reorganizar el Senado con el modelo alemán o austriaco

Una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinados por Santiago Muñoz Machado, propuso ayer reformar la Constitución de 1978 y poner al día el modelo territorial español aplicando “técnicas del federalismo” vigentes otros países europeos. Los expertos, que actúan por iniciativa propia ante la crisis catalana, plantean que los Estatutos de Autonomía dejen de ser leyes orgánicas y, por tanto, no sean aprobados por las Cortes. También proponen fijar con claridad las competencias estatales en la Carta Magna y reorganizar el Senado a semejanza del modelo alemán o austríaco.

La crisis independentista catalana se convertido en la manifestación más extrema, pero no la única, de la “fatiga de materiales” que aqueja a la Constitución Española de 1978, y es “urgente” reformar el modelo territorial que esta consagra. Los juristas coordinados por Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, se han reunido durante cuatro meses para redactar un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución, que se presentó este lunes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los expertos proponen aplicar las “técnicas y soluciones” federales a la actual configuración autonómica.

El documento niega que la reforma “pueda hacerse pensando solo en Cataluña”, defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el desafío secesionista y rechaza que los “grupos que han apoyado la intentona independentista” puedan ser los interlocutores exclusivos de este proceso. Pese a ello, el manifiesto incluye un capítulo dedicado a Cataluña. En él, se recoge la sugerencia, defendida por “algunos miembros del grupo”, de incorporar a la Constitución una nueva Disposición Adicional que establezca un “régimen jurídico singular” para esa comunidad y una “relación bilateral” con el Estado, siempre con el acuerdo del resto de comunidades y para aquellas cuestiones que no afecten al conjunto.