España reabre la puerta a vender bombas a Arabia Saudí

La paralización de la venta de ese armamento pone en peligro otra operación de cinco corbetas por importe de 1.800 millones

El Gobierno abre la puerta a una nueva rectificación, esta vez de un enorme calado político y económico. España trata de retener el jugoso contrato de 1.813 millones de euros por el que el astillero Navantia construirá cinco corbetas para Arabia Saudí, que está en peligro por la decisión de Defensa de anular una venta a Riad de 400 bombas pertenecientes al Ejército español que se firmó en 2015, cuando era ministro Pedro Morenés. Las autoridades saudíes están molestas por este anuncio del departamento que dirige Margarita Robles, y el Gobierno apunta que se está replanteando ese anuncio. Eso supondría una clara desautorización de la ministra, pero sobre todo implicaría entregar las bombas de precisión a Arabia Saudí sabiendo que casi con seguridad serán utilizadas contra la población en el conflicto de Yemen. El dilema para el Ejecutivo es complejo, pero el Gobierno insiste en que es "prioritario" el contrato de Navantia, que garantiza unos 6.000 empleos en Cádiz. El Gobierno busca una solución intermedia, pero en ningún caso se plantea poner en riesgo ese contrato de los astilleros españoles, por lo que es probable que la ministra tenga que enmendar su decisión, que ahora en La Moncloa rebajan como una simple "declaración de intenciones".

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no llegó a anunciar abiertamente esa marcha atrás, pero la dejó apuntada. Insistió varias veces en que el Gobierno hará todo lo necesario para mantener "las excelentes relaciones con Arabia Saudí" y el contrato de Navantia. Celaá repitió que los trabajadores “pueden estar tranquilos” porque se va a encontrar una solución. "Pueden estar seguros de que el Gobierno está con ellos", remató.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que la de Defensa no es una decisión firme ni está ejecutada. De momento, explican, es un anuncio en la prensa —fue adelantado por la cadena SER y confirmado por el ministerio— y se tiene que estudiar en una comisión interministerial, la JIMDDU, donde podría revertirse. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, dejó claro en una comparecencia en el Congreso que el Gobierno "no pondrá en riesgo" el contrato de Navantia, apuntando así hacia una rectificación de los planes de Defensa. Los parlamentarios le exigieron que aclarara si la anulación de la venta de bombas fue un "globo sonda" de la ministra Robles, pero ella no quiso contestar aunque sí dejó claro que el empleo en Navantia es un asunto "prioritario" para el Gobierno.

Todo indica que Robles se está quedando muy sola dentro del Gobierno en este asunto. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ya ha entrado a analizar políticamente la solución, aunque la decisión definitiva la tomará el presidente, Pedro Sánchez.

El problema para el Gobierno es que ahora cualquier decisión es mala y tiene costes. Seguir vendiendo armas a Arabia Saudí, que serán con seguridad usadas contra la población de Yemen, es un problema para un Ejecutivo progresista apoyado por Unidos Podemos, y ahora se ha puesto este asunto en el foco político. Pero perder el contrato de Navantia es un problema enorme, y más en plena precampaña en Andalucía.

Las fuentes del Gobierno consultadas también recuerdan que un Gabinete de izquierda como el de Sánchez es sensible a la crisis de Yemen, que ya ha provocado que otros países como Alemania o Canadá suspendan la venta de armas que iban a ser usadas en ese conflicto. El Ejecutivo busca ahora una solución intermedia y cree que la encontrará.

La venta de las 400 bombas láser, de fabricación estadounidense, tenía una importancia estratégica para Arabia Saudí, ya que son muy sofisticadas desde el punto de vista tecnológico y pocos países disponen de ellas. No es fácil conseguir otro proveedor. 

La cancelación de la venta la ordenó la ministra Robles poco después de aterrizar en Defensa. La opacidad de la operación —resulta muy inusual que el propio Ejército venda armamento en su poder a otro país— y la certeza de que las bombas de precisión tenían como destino la guerra de Yemen  aconsejaron el freno inmediato de la entrega, a pesar de que los pagos (9,2 millones de euros) estaban ya desembolsados. Incluso había una empresa de transportes preparada para llevar el armamento a Riad. 

Sin llegar a hablar de ilegalidades, los encargados de revisar esos números detectaron varias irregularidades y decidieron paralizar el envío a las autoridades saudíes, lo que supondrá devolver el dinero que ya había sido abonado. Aunque el Gobierno pretendía que se tratara de algo quirúrgico, limitado a esa operación y sin poner el riesgo el ingente negocio comercial que hay con las ventas de material de defensa a Arabia, parece evidente que la decisión puede afectar al contrato firmado con Navantia el pasado julio y a otros que atañen al fabricante europeo de aviación Airbus. El Ejecutivo español sostiene que son cuestiones muy diferentes y no deben conectarse.

Los intereses en juego son enormes. Arabia Saudí es el primer comprador de material militar español fuera de la OTAN (el quinto si se incluyen todos los países aliados y europeos), con una inversión de 270 millones de euros el año pasado, según datos suministrados este viernes por la secretaria de Estado de Comercio. La monarquía saudí recibió el 6,2% de todas las exportaciones militares de España.

Los trabajadores de Navantia en San Fernando (Cádiz) se mueven entre la crispación y el nerviosismo. La posible cancelación del contrato de fabricación de las cinco corbetas ha puesto en pie de guerra a Andalucía. “El contrato está próximo a su cancelación”, ha asegurado sin ambages el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta. Unos 1.500 empleados han acabado cortando la autovía que pasa por San Fernando durante casi una hora. Los empleados han mostrado así su malestar con el anuncio realizado por Robles a principios de semana que afecta a un acuerdo distinto: la venta a Arabia de 400 bombas de precisión láser. Peralta cree que el anuncio “no se ha madurado bien”.

El presidente del comité de empresa asegura que la decisión de la ministra ya ha tenido efectos inmediatos: “Un alto cargo militar saudí que tenía que viajar la semana que viene a Madrid y al astillero ha suspendido su viaje. Lo mismo ha ocurrido con el viaje que Navantia tenía que hacer a Arabia Saudí”. Por el momento, fuentes de Navantia prefieren no hacer declaraciones y tan solo recuerdan que el convenio de las bombas es diferente y afecta a otra empresa que el de las corbetas. Sin embargo, Peralta cree que la decisión del Gobierno español va a tener un efecto colateral para un acuerdo valorado en 2.000 millones de euros y que iba a garantizar la carga de trabajo para hasta 6.000 empleados de este astillero militar. 

No son los únicos que han mostrado su enfado. En la Junta de Andalucía hay malestar por la incertidumbre que se está generando ante la posibilidad de que pueda rescindirse el contrato. La visualización de esos resquemores los ha dejado claros la presidenta andaluza, Susana Díaz. “Es un elemento de bastante preocupación para Cádiz, su bahía y toda Andalucía y así se lo hemos trasladado al Gobierno de España que, cuanto antes, tiene que encontrar una solución”, ha asegurado a través de Twitter.

“Me duele muchísimo cuando los derechos humanos entran en colisión con otros derechos humanos que es el derecho al futuro y el derecho a que suene el pito de la olla en tu casa. Por tanto, es un elemento absolutamente doloroso”, aseguró el pasado martes el alcalde de  Cádiz, José María González, Kichi (Podemos). Aunque el regidor se mostró en su día a favor de la construcción de las corbetas, apuesta por “un modelo de desarrollo productivo que no dependa exclusivamente de la industria militar”, centrado en las energías renovables. 

Peralta duda de la efectividad de dicha medida. “Si nosotros no hacemos las corbetas las hará otro. Hacemos barcos de guerra desde hace 300 años”, señala el sindicalista, que añade que la pérdida del acuerdo de las corbetas “hundiría Navantia al completo” y que puede tener efectos colaterales en otras empresas españolas que tengan acuerdos con Arabia Saudí.