España se asegura los contratos con Arabia Saudí tras un arreglo diplomático

Exteriores, Defensa y el CNI han mantenido contactos con el embajador de Riad en España

El Gobierno considera “desactivada” la crisis abierta con Arabia Saudí y garantiza así el contrato de Navantia para construir cinco corbetas por valor de 1.813 millones de euros. El desencuentro lo provocó el anuncio de que el Ministerio de Defensa iba a cancelar la venta de 400 bombas guiadas a Riad ante la posibilidad de que fueran usadas en la guerra de Yemen, y se ha encauzado tras intesos contactos diplomáticos.

El riesgo de un choque diplomático de incalculables consecuencias quedó conjurado tras las entrevistas que, el pasado jueves y viernes, mantuvieron con el embajador saudí en Madrid, el príncipe Mansour Khalid Al Farhan Al Saud, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el secretario de Estado de Exteriores, Fernando Valenzuela y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz.

“Las aguas han vuelto a su cauce. No habrá represalias saudíes”, aseguran fuentes gubernamentales. Otras fuentes matizan que, pese a todo, el incidente “pasará factura” y costará “restaurar la confianza". La crisis se desencadenó después de que, el pasado lunes, la Cadena SER revelara que Defensa había decidido cancelar la venta de 400 misiles de guiado láser y fabricación estadounidense que iban a ser empleados en la guerra de Yemen, donde el pasado 9 de agosto el bombardeo de un autobús mató a medio centenar de civiles, más de la mitad de ellos niños.
La noticia fue recibida como una ofensa en Riad que, a través de distintos canales, hizo saber al Gobierno español que, de confirmarse, no solo peligraría la compra de cinco corbetas por más de 1.800 millones del astillero público Navantia sino los multimillonarios negocios de las empresas españolas en el país, que abarcan desde el AVE a La Meca al metro de Riad.

Por un motivo en apariencia menor, un tuit reclamando la liberación de activistas pro derechos humanos, Arabia Saudí expulsó a principios de agosto al embajador canadiense en Riad y suspendió todas las relaciones bilaterales; incluidos los programas de tratamiento médico y becas en Canadá, lo que obligó a la reubicación de miles de pacientes y de hasta 15.000 alumnos.

En el caso español, Arabia Saudí guardó públicamente silencio, pero trasladó al Gobierno “advertencias muy serias” sobre las consecuencias de seguir adelante con una decisión tachada de “inamistosa”.

Aunque Defensa confirmó la noticia, ningún alto cargo hizo declaraciones oficiales hasta que, el viernes, la ministra portavoz Isabel Celaá intentó lanzar un mensaje tranquilizador y Moncloa rebajó la cancelación de la venta de misiles a una mera “declaración de intenciones” no consumada. Para entonces, el Gobierno ya había activado todos los resortes para apagar el incendio diplomático, mientras los trabajadores de Navantia iniciaban movilizaciones y la presidenta andaluza, Susana Díaz, llamaba a “garantizar” un contrato del que dependen 6.000 empleos en la Bahía de Cádiz.

La resolución de la crisis supondrá que los 400 misiles de guiado láser del Ejército del Aire vendidos por el exministro Pedro Morenés serán entregados, a menos que se encuentre una fórmula amistosa de deshacer el acuerdo con el visto bueno de Riad. Se trata, aducen las fuentes consultadas, de un contrato en firme rubricado por un Gobierno anterior que el nuevo Ejecutivo está obligado a respetar. Riad ha abonado, además, el importe total de 9,2 millones. El último pago se hizo en enero. Como máximo, Arabia Saudí podría ofrecer, como ya ha hecho en el pasado, garantías de que las bbombas no serán empleadas fuera de su territorio, pero la fiabilidad de las mismas es un puro acto de fé.

Si el asunto no hubiera estallado públicamente, estiman las fuentes consultadas, se podría haber buscado una salida airosa: que España adujera un pretexto técnico para no entregar las bombas, sin ligar la decisión a la intervención saudí en Yemen. Tal vez habría sido posible, porque la supuesta urgencia saudí en recibir los misiles no parece tal: aunque los compró en 2015 aún no los ha retirado. Probablemente ya sea tarde para ello.

De su lado, las ONG que impulsan la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau, Oxfam Intermon) han expresado su "preocupación" ante las noticias de que el Gobierno podría replantearse la cancelación de la entrega a Arabia Saudí de misiles guiados como los que han sido ya utilizados en bombardeos contra la población civil y han pedido que se confirme la decision y no se autorice la exportación de las cinco corbetas, que podrían ser utilizadas para el bloqueo marítimo de Yemen.

Las ONG aseguran ser conscientes de la grave situación de desempleo de algunas zonas del país, en alusión a Cádiz, pero recuerdan que es responsabilidad del Gobierno y de los poderes autonómicos y locales ofrecer alternativas laborales que no pasen por contribuir a la comisión de potenciales crímenes de guerra. Ya en la reunión que mantuvieron el pasado día 4 con la secretaria de Estado de Comercio, las ONG pidieron que se revisen y suspendan las transferencias de armas, municiones y tecnología militar a Arabia Saudí hasta que se adopten "medidas sustantivas" que garanticen que no serán utilizadas para la violació de derechos humanos.