Pablo Casado no será investigado por su máster
El Ministerio Público considera que no hay prevaricación puesto que no consta que el presidente del PP presionara para lograr la titulación
La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto este viernes a que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sea investigado por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El Ministerio Público considera que no se puede seguir una investigación por los dos delitos recogidos en la exposición razonada remitida por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que investiga varios másteres.
La Fiscalía entiende que el delito de cohecho está prescrito, dado que habría recibido el título de máster en el año 2008 y la prescripción es de cinco años. El otro delito del que hablaba la juez de Madrid Carmen Rodríguez Medel era el de prevaricación administrativa.
Respecto de este delito, los fiscales consideran que los responsables en todo caso serían los profesores o director del máster porque no hay ningún dato que determine que Casado presionó de alguna manera para que le dieran la titulación sin haber cursado las asignaturas.
El escrito de los fiscales señala que los indicios en los que se basa dicha exposición razonada “no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento”, al no existir “indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado”. Tampoco consideran que haya quedado acreditado, ni ven indicio, de que “existiera concierto del sr. Casado con cualquiera de los demás investigados”.
En este sentido, la Fiscalía tampoco encuentra dato alguno de que hubiera “un concierto previo de D. Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con lo que se denomina en la exposición razonada “un grupo de alumnos escogidos” para matricularse en el master”.
La Fiscalía reclama el archivo de la causa sobre el líder del PP. Aunque su posición no es vinculante suele ser muy tenida en cuenta. En todo caso, la decisión definitiva sobre la apertura de la causa Penal está en manos de la Sala de Admisión, en particular sobre los magistrados Manuel Marchena (presidente), Francisco Monterde, Miguel Colmenero, Ana Ferrer y Pablo Llarena, instructor de la causa sobre el 1-O.
La posición de la Fiscalía se ha hecho pública después de que el tribunal preguntara al Ministerio Fiscal si compartía la apreciación de indicios delictivos apreciados por la juez del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel. Esta aseguraba que el líder del PP obtuvo el título en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos “como regalo o prebenda”. Según señala, era una práctica que se llevaba a cabo con alumnos “con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional” con el catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama.
