La Fiscalía pedirá para Junqueras más pena como líder de la rebelión
El Ministerio Público ultima un escrito de acusación en el que 9 de los 18 procesados se enfrentarían a penas superiores a los 15 años. Según el borrador de los fiscales del caso, Junqueras y cinco exconsejeros serían acusados de una rebelión agravada, lo que absorbe la malversación
La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto proponer cerca de dos centenares de testigos para el juicio del 1-O, de los cuales casi la mitad serán miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre ellos estarán el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo policial que se puso en marcha durante el reférendum ilegal del pasado 1 de octubre. También los miembros de la comisión judicial que se desplazó a la Consejería de Economía para llevar a cabo el registro del 20 de septiembre, en el que la letrada de la administación de justicia tuvo que abandonar el edificio por la azotea, ya de madrugada, ante la situación de violencia alentada por los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
El Ministerio Público tiene ya prácticamente ultimado su escrito de acusación, que se dirigirá contra 18 de los 25 dirigentes independentistas que fueron procesados por el juez Pablo Llarena. Salvo imposición en contrario por parte de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, los cuatro fiscales del caso tienen previsto acusar a nueve de ellos por rebelión, en seis casos en su modalidad agravada, al absorber la rebelión el delito de malversación que se imputa a todos los miembros del gobierno autonómico.
Se trata del exvicepresidente Oriol Junqueras, quien se enfrentaría a penas de 25 a 30 años por la posición de liderazgo que ocupaba respecto a los demás, y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para los que se podrían pedir penas de entre 15 y 25 años. Todos ellos se encuentran en este momento en prisión preventiva.
Siempre según el borrador de los fiscales del caso, otro grupo de procesados serán acusados por el tipo básico de la rebelión (sin malversación): Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, si bien las penas solicitadas para los dos últimos podrían variar si finalmente se les considera jefes (15-25 años), mandos subalternos (10-15 años) o simples partícipes (5-10 años) en la revuelta secesionista ilegal.
Un tercer grupo de encausados lo forman tres exconsejeros a los que la Fiscalía no prevé acusar de rebelión y sí de malversación: Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila. Aunque Llarena les procesó también por desobediencia, el Ministerio Público se inclina por acusarles sólo por el desvío de fondos públicos. Se enfrentan a penas de entre 6 y 8 años de cárcel.
Los que sí serán acusados de desobediencia (no conlleva prisión) son los miembros de la Mesa que tramitaron las leyes de desconexión y la dirigente de la CUP Mireia Boya.
Ni Puigdemont ni los otros seis huidos serán citados nominalmente en el escrito de la Fiscalía al estar declarados en rebeldía.
Así como en el caso de la actuación del Parlament no ha resultado complicado el acopio de prueba (la desobediencia en el Parlament está acreditada con las propias resoluciones contrarias al TC), no ha sucedido lo mismo con la malversación, que ha exigido un ingente trabajo de revisión de todo el gasto de la Generalitat para destapar la utilización de fondos públicos para la logística del referéndum ilegal.
