La Fiscalía se querella contra Torra por desobediencia
La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella criminal por desobediencia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios de la Generalitat.
El presidente catalán, por su parte, ha presentado una querella contra la JEC acusándola de un presunto delito de prevaricación. Tras una reunión este miércoles, la máxima autoridad del control electoral ha ordenado a Torra que quite el lazo de la delegación del govern en Londres antes de las 11.00 horas de mañana jueves.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sala civil y penal ha registrado la querella tras la denuncia que Ciudadanos registró ante la Fiscalía el pasado 15 de marzo de 2019, informó RTVE.
En el documento el misterio fiscal acusa a Torra a “desantender” el mandato recibido de la Junta Electoral Central, cuando, de manera “consciente y deliberadamente”, decidió mantener las pancartas y lazos partidistas en “numerosos” edificios dependientes de la Generalitat, aunque fuera de “manera encubierta o simbólica a través de carteles, imágenes, figuras, fotografías y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista”.
En su querella, el fiscal sostiene que la reiteración de negarse a retirar esos símbolos "no puede quedar enmascarada" por las sustitución de los símbolos ubicados en los edificios públicos que "pretendían siginificar exactamente lo mismo, simbología partidista, que además, incluía multitud de carteles con expresiones escritas".
El fiscal superior ha solicitado tomar declaración a Quim Torra por estos hechos. Por otro lado, ha requerido a la Policía Nacional y a los Mossos D'esquadra los informes policiales y de la Generalitat relativos al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Junta Electoral Central, así como al departamento de Presidencia de la Generalitat, le ha pedido la copia del recurso que envió a la JEC en el que alegaba su "deber de respetar la libertad de expresión".
