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El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de “intentar comprar su investidura con delincuentes condenados en firme por el Tribunal Supremo”, en referencia a Oriol Junqueras, y ha expresado su confianza en que la Abogacía del Estado “no sucumba” a esas “presiones” y cumpla con “su obligación” de defender al Estado y “no a los que han hecho un golpe al Estado”. “Es de perogrullo”, ha manifestado, según reportó La Razón.

 

Casado ha recordado que la Abogacía tiene hasta el día 3 enero para pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha sentenciado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión por la sentencia del ‘procés’, contaba con inmunidad parlamentaria desde las elecciones europeas. Según ha indicado en una visita a Almoradí (Alicante), localidad afectada por el pasado de la DANA del pasado septiembre, “el problema es que la Abogacía es un cuerpo jerárquicamente dependiente del señor (Pedro) Sánchez”, del que ha apuntado que en una entrevista afirmó que la Fiscalía General del Estado “también”. “Yo lo niego; la Fiscalía es un órgano independiente, pero la Abogacía del Estado sí depende del Gobierno”, ha recalcado.

No obstante, se ha mostrado “convencido” de que el cuerpo de Abogados del Estado, “que es prestigioso, independiente y que está a favor de los intereses nacionales, no sucumba a esas presiones” y confía en que se dedique a “perseguir a los delincuentes” como los “condenados por el Tribunal Supremo y como reclamados por la Justicia al ser prófugos”, en referencia a Junqueras y Carles Puigdemont, que deben “pagar por sus graves delitos”.

 

Situación lamentable y desvergonzada

 

Para el presidente del PP nacional, se trata de una situación “lamentable” que nunca pensó que en España se iba a poder ver “de forma tan desvergonzada”. Casado se ha referido a un “gobierno chantajeado” por quienes “quieren romper España y han sido condenados por un grave delito de sedición” y ha asegurado que le causa “estupor” que se hable “de algo que debería avergonzar a cualquier demócrata consolidado: que se esté negociando con personas en la cárcel y que órganos tan importantes para la nación española como la Abogacía del Estado puedan estar siendo presionados por el propio Gobierno para conceder beneficios penitenciarios a quienes dieron un golpe a la legalidad”.

 

En ese punto, Pablo Casado ha solicitado a los barones socialistas a que digan “en público” que les parece “inadmisible” esa posición del PSOE.