El Peñón y el veto

Triple noticia sobre Gibraltar. Por un lado, el Gobierno español envió ayer al Parlamento el tratado internacional acordado el año pasado con el Reino Unido para evitar la competencia fiscal desleal proveniente del Peñón. Una vez ratificado por las Cámaras de ambos países, para lo que se calcula un plazo de pocos meses, el tratado podrá entrar en vigor. España dispondrá así de un instrumento inédito en la historia para combatir el fraude, el contrabando y la elusión fiscal de lo que sigue siendo un semiparaíso fiscal implantado en el extremo sur de Europa.

 

 

De esta forma, se evitará que parte de la presión fiscal sobre personas físicas y empresas se deslocalice hacia Gibraltar, atraídas por un régimen impositivo incluso más siniestro que el de Singapur: el tipo nominal del impuesto de sociedades alcanza el 10%, por el 17% teórico en el enclave asiático (aunque solo teórico; la realidad tras las cuantiosas exenciones y desgravaciones es muy inferior).

 

El tratado en ciernes obligará a tributar en España sin ventaja ninguna a aquellas empresas que incluso operando en el Peñón posean la mayoría de sus activos físicos o generen la mitad de sus ingresos en territorio español, y a que los directivos de las mismas sean residentes fiscales en España. Gibraltar conseguirá a cambio limpiar en parte su oscura imagen de lavadero de dinero negro.

 

Se trata de una buena noticia, ya larvada bajo el mandato de la primera ministra Theresa May, y es de esperar que en este caso su sucesor, Boris Johnson, rinda honor al compromiso firmado entre ambos Gobiernos.

 

La segunda novedad tiene más aristas. Consiste en el anuncio por parte del negociador europeo, Michel Barnier, de que en las conversaciones sobre la relación futura UE-Reino Unido “no se excluye” la incorporación de una mesa especial de diálogo sobre Gibraltar. Algo sorprendente, por cuanto en su reciente visita a Madrid no anunció nada de eso a sus interlocutores del Gobierno. Y no estaba previsto, por cuanto el peso de las relaciones específicas en ese asunto corría a cuenta de los negociadores españoles. Pese a ese traspiés diplomático, que conviene no repetir —y menos aún en un asunto tan sensible—, esta eventual nueva mesa podría prestar algunos servicios complementarios, a condición estricta de que el papel en ella de España no se produzca ex post (en la fase de validación de los acuerdos) sino ex ante(con carácter previo a su fragua). No importa seguramente que eso se configure así con formalismos excesivos: basta que medie el firme compromiso de que la dinámica funcione de hecho como la que se registró, para el caso de Irlanda del Norte, entre la UE y Dublín en el asunto del protocolo irlandés, el diseño de los límites fronterizos de la isla.

 

La tercera noticia, muy vinculada a la anterior, es, más que una novedad estricta, la satisfactoria ratificación del ya establecido (en la fase anterior) veto español sobre la aplicación al Peñón del futuro acuerdo UE-Reino Unido. Así figura nuevamente en las directrices de negociación aprobadas el lunes en Bruselas. La bondad del mantenimiento de aquel logro español viene refrendada, en sentido contrario, por el lamento que del mismo ha entonado el Ejecutivo del Peñón.