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El Gobierno español aprobó ayer, más tarde de lo que hubiese sido deseable, su proyecto de Presupuestos para 2021. El enfoque general del plan es correcto: por su carácter expansivo, como recomiendan los organismos económicos internacionales, con el fin de doblegar la recesión y recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia; y por sus rasgos de protección social en un tiempo de enorme sufrimiento.

 

El incremento del gasto en partidas como Sanidad, Educación, lucha contra el paro o la pobreza infantil tienen una sólida justificación, así como el respaldo a diferentes sectores de la economía duramente golpeados.

 

Pero el plan, del que hoy se presentarán todos los detalles, también provoca dudas. Una de relieve es el cálculo probablemente demasiado optimista de los ingresos con los que cuenta el Ejecutivo. Estos se proyectan sobre un crecimiento del PIB que no parece tener debidamente en cuenta el grave deterioro del panorama vinculado a la crecida de la pandemia. Si antes del recrudecimiento de la segunda ola la estimación gubernamental bordeaba lo difícil, con el nuevo escenario roza lo improbable. El desfase puede conducir a un déficit mayor de lo previsto, y debería aconsejar prudencia a la hora de fijar partidas de gasto no solo contracíclicas, sino recurrentes y persistentes. En este sentido, hay un capítulo de gasto que es cuando menos cuestionable: el aumento de un 0,9% de las retribuciones concedido al conjunto de los alrededor de tres millones de funcionarios, una medida que se calcula costará aproximadamente 1.500 millones. Dada la muy débil inflación, la subida derivará con toda probabilidad en un mayor poder adquisitivo. Es indudable que partes del sector público, con el personal sanitario en primera fila, son merecedores de un mayor reconocimiento. Es menos evidente que todos los funcionarios, que gozan de una estabilidad de empleo y sueldo que la mayoría no tiene, deban ganar poder adquisitivo ahora.

 

Por el lado de los ingresos, es positivo que se haya renunciado a subidas de impuestos de peso. Los aumentos que sí propone el Ejecutivo carecen de carácter recaudatorio reseñable y exhiben un significado más bien iconográfico. Patrimonio depende sustancialmente de las autonomías; el aumento a las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria es dudoso que acabe teniendo un efecto positivo notable; el alza en los segmentos más altos de IRPF golpea a pocas personas, no cosechará mucho y apenas afectará a las grandes fortunas. Ello no excluye que, cuando llegue la recuperación, resulte oportuno que España acometa una reforma razonada y moderada de su sistema fiscal que le permita acercarse en recaudación a la media europea.

 

Entre otros asuntos, cabe reclamar que el control de alquileres anunciado junto con los presupuestos sea abordado con máxima ponderación por los daños colaterales que puede acarrear. En este y otros aspectos, es deseable que la negociación con otros partidos mejore los aspectos menos acertados del plan. Pero es perentorio que ello ocurra en tiempos razonables. España necesita un cuadro presupuestario adecuado a su nueva situación para aprovechar al máximo los fondos de la UE.

 

Fuente: El País

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