EEUU sigue calificando a Nicaragua como “amenaza” a su seguridad
El presidente Donald Trump amplió por un año más la calificación de Nicaragua como una “amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
“La emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe seguir vigente más allá del 27 de noviembre de 2019 (...). La prorrogo un año”, anunció el mandatario estadounidense mediante un comunicado emitido el lunes por la Casa Blanca.
El presidente republicano evocó que en su momento firmó la Orden Ejecutiva 13851 para declarar una emergencia nacional “para lidiar con la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., que consistía la situación en Nicaragua”.
La prórroga a esta orden ejecutiva supone la continuidad de sanciones impuestas por Washington contra el Gobierno nicaragüense, presidido por Daniel Ortega, al que acusa de reprimir las protestas que comenzaron el 28 de abril en el país centroamericano.
De hecho, el Gobierno estadounidense ha dictado numerosas sanciones contra altos cargos del Ejecutivo nicaragüense, incluidos el propio Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como contra una institución bancaria del país latinoamericano.
Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) informó recientemente que en las próximas semanas Washington establecerá nuevas sanciones contra Nicaragua. El diplomático aseguró que las medidas de presión estadounidenses no van a parar hasta lograr un cambio de Gobierno en el país centroamericano.
Nicaragua ha estado viviendo una crisis social desde mediado de abril de 2018, cuando los sectores radicales de la oposición comenzaron a realizar protestas violentas contra el Gobierno de Ortega.
Las autoridades nicaragüenses acusan a la oposición de ejercer “el terrorismo golpista” con el apoyo financiero de Estados Unidos, para provocar inestabilidad en el país y sacar del poder a Ortega.
Diferentes autoridades estadounidenses, incluso el propio Trump, han admitido públicamente que están trabajado para cambios de gobierno en ciertos países latinoamericanos que tienen Ejecutivos soberanos e independientes, como son los casos de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
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