El parón del Gobierno pasa factura

El Ejecutivo busca fórmulas legales para evitar que la interinidad cueste dinero a España

Legalmente, el concepto de gobierno en funciones está pensado para que dure un mes y medio o dos meses a lo sumo. Pero tal y como están las cosas esa situación se alarga ya nueve meses y puede que más. De ahí que el Ejecutivo haya llegado a la conclusión de que la Ley de Gobierno –que delimita las funciones ejecutivas– es demasiado inconcreto y por esa razón ha encargado un estudio a fondo de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y a través de qué mecanismos. Si, por ejemplo, la urgencia puede justificar un decreto ley, que al ser revalidado por las Cortes puede suplir la falta del Gobierno en funciones, que carece de capacidad legislativa.
“No hay precedentes de cómo hay que actuar”, subrayan en el Gobierno, que empezó este estudio para deslindar si es posible actualizar las pensiones y los sueldos de los empleados públicos o si hay que prorrogar los presupuestos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el Ejecutivo se ha encontrado con que no puede hacer otras muchas cosas y que si la formación de un nuevo gobierno se aplaza uno o dos meses, o, puestos en lo peor, hasta cuatro o cinco, habrá que buscar el modo de paliar tanta inactividad tan pronto constituya.