Las potencias internacionales cierran la puerta a la Generalitat

La Generalitat ha recibido en los últimos cinco años sucesivos portazos por parte de las grandes potencias internacionales a sus planes unilaterales de independencia.

Si a nivel parlamentario en Europa han cosechado apoyos, sobre todo entre partidos nacionalistas –flamencos, escoceses, irlandeses o finlandeses–, la estrategia para convencer a gobiernos ha ido de mal en peor. De Angela Merkel a Barack Obama, la desobediencia a la legalidad española es el punto más criticado de la hoja de ruta del soberanismo catalán. El último ejemplo ha sido el comunicado esta semana de la embajada de Estados Unidos en Madrid. La Generalitat insiste que no espera apoyos hasta que no se proclame la independencia y que su principal objetivo es situar el conflicto en la agenda internacional.

José Manuel Durao Barroso dio al gobierno de Artur Mas el primer revolcón en la escena internacional. Barroso, como presidente de la Comisión Europea, aseguró en noviembre de 2012, dos semanas antes de las elecciones que avanzó Mas en Cataluña, que en caso de independencia el nuevo Estado saldría de la Unión Europea (UE). La Generalitat reitera desde entonces que la UE no puede permitirse perder un motor económico como Cataluña. Las palabras de Barroso vinieron precedidas por la primera rectificación sobre este asunto por parte de un alto dirigente europeo. La por entonces vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, afirmó en octubre que “ninguna ley dice que Cataluña deba salir de la UE si se independiza”. Pocos días después, Reding publicó una carta corrigiendo sus valoraciones para dar apoyo al ejecutivo español. La rectificación más relevante ha sido la que ha protagonizado este mes de abril François Fillon, exprimer ministro francés y candidato a la presidencia. Fillon se mostró partidario de que Cataluña celebrara un referéndum de autodeterminación. Su equipo de campaña corrigió al día siguiente sus palabras con un breve comunicado en el que precisaba que “respecto a España, el derecho de autodeterminación no está reconocido por la Constitución. Y es evidente que todo referéndum eventual debería celebrarse en un marco constitucional”.