Rajoy disuelve el Parlament y convoca elecciones el 21 de diciembre

El Gobierno cesa a Puigdemont, a Junqueras y a los consellers y cierra las ‘embajadas’ de la Generalitat

Mariano Rajoy ha disuelto el Parlament este viernes por la tarde y ha convocado elecciones autonómicas en Catalunya para el 21 de diciembre. Quiere que sean unos comicios “limpios, libres y legales”, según ha explicado al término del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha cesado también por decreto a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a todos los consellers de su Govern durante un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes por la tarde. También ha decidido que los Ministerios pasen a dirigir la Administración catalana, según ha explicado Mariano Rajoy tras la reunión de su gabinete.

El presidente ha leído una declaración institucional en la que ha lamentado que “la sinrazón se haya impuesto a la ley” y ha añadido que también se ha acordado cerrar las llamadas embajadas catalanas en el extranjero. Se trata de las delegaciones que la Generalitat ha ido abriendo en los últimos años en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o París. También se ha acordado la “extinción” de las oficinas de Puigdemont y de Junqueras y el Diplocat.

Estas medidas se han tomado a través de cuatro decretos y de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución cuya aplicación ha sido aprobada este viernes por el Senado y después de que el Parlament haya declarado la independencia de Catalunya en una votación secreta en la que no han participado los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP.

Las decisiones del Gobierno forman parte del acuerdo de puesta en marcha del 155 que ahora ya solo estará operativo en los 54 días que transcurrirán desde este viernes al jueves 21 de diciembre, fecha elegida por Rajoy para la celebración de las elecciones. Las medidas relativas al Parlament, cuya actividad iba a ser limitada, ya no serán necesarias, porque el presidente ha disuelto la Cámara para convocar los comicios.

Hasta el 21 de diciembre, la intervención de la Administración de la Generalitat afectará a las conselleries, las entidades que dependan de ellas y al sector público empresarial. Los Ministerios podrán dictar resoluciones y dar instrucciones y los funcionarios estarán obligados a cumplir esas órdenes. El acuerdo del 155 contempla la posibilidad de que los funcionarios de la Generalitat se nieguen a acatar las órdenes de las nuevas autoridades y por eso advierte de que el incumplimiento “podría ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria” y que esa situación puede tener consecuencias “patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pudieran dar lugar”. Las sanciones a las funcionarios díscolos se tramitarán de forma exprés, según el acuerdo del Senado.

Las finanzas de la Generalitat ya fueron intervenidas por el Ministerio de Hacienda en septiembre cuando Junqueras se negó a mandar informes semanales del gasto de la Generalitat a Cristóbal Montoro. Ahora, el Gobierno ahondará en ese control “en beneficio del interés general” y garantizará de forma específica que ni las transferencias del Estado a la Generalitat ni los tributos que recauda la Administración catalana se destinen “a actividades relacionadas con el proceso secesionista”.

El Gobierno tomará también el control de las funciones de “telecomunicaciones y servicios digitales” y todas las actividades relativas a “las tecnologías de la información” y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya hasta el 21 de diciembre, aunque no intervendrá en TV3, como había anunciado, pues así lo ha pactado ayer en el Senado con el PSOE.