La Fiscalía abre la puerta a las excarcelaciones de los consellers cesados
Algunos abogados estudian ya si pedir una declaración voluntaria y acatar la Constitución
La Fiscalía ya ha anunciado que no va a recurrir el auto del magistrado Pablo Llarena, que dejaba en libertad a los miembros de la Mesa del Parlament e imponía una fianza de 150.000 euros para la presidenta, Carme Forcadell, que le ha llevado a estar menos de 24 horas en prisión. Al no recurrir asume los argumentos del instructor, que ha aceptado el ‘arrepentimiento’ de los investigados y su palabra de que van a acatar el orden constitucional y no van a seguir con el desafío independentista.
El Ministerio Público asume que al acatar el artículo 155 de la Constitución y el orden constitucional desaparece o por lo menos minimiza el riesgo de reiteración delictiva, es decir, el riesgo a que sigan con su estrategia soberanista en caso de seguir en libertad. La Fiscalía asume el criterio del Supremo, lo hace suyo y abre la puerta a que si hay un cambio de actitud entre los ex consellers de Govern encarcelados e incluso del ex vicepresidente, Oriol Junqueras, se replantearía la medida de prisión incondicional y abrir la vía a sus excarcelaciones o por lo menos a la fijación de una fianza que ler permitiera quedar en libertad.
Según fuentes fiscales, el Ministerio Público deja la puerta abierta, con este nuevo criterio, a volver a escuchar a los ex miembros del Govern -si así lo estiman ellos- y volver a valorar el riesgo de reiteración delictiva que pesa sobre ellos.
Ahora bien, para que los ex consellers encarcelados por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela hace ya ocho días puedan ver modificadas sus medidas tienen que demostrar que realmente acatan el orden constitucional y que han abandonado su plan para conseguir la independencia de Catalunya.
Entre los ochos miembros del Govern cesados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por orden del Gobierno central y los miembros de la Mesa del Parlament hay una diferencia, que tendrán que solventar. Junqueras y el resto de ex consellers que declararon ante Lamela ya han sido interrogados y mostraron una posición poco colaboradora.
Es decir, se negaron a responder a las preguntas del fiscal, no mostraron arrepentimiento alguno por los hechos ocurridos en las últimas semanas y no mostraron indicio alguno de querer acatar la Constitución. Esa fue una de las razones por las que la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión incondicional y la juez lo acordó.
Según estas mismas fuentes, para que el Ministerio Público considera que realmente hay un cambio de criterio y actitud, los investigados tendrán que ser claros en su acatamiento a la Constitución. Es decir, para ellos pesa negativamente que se pueda ver como un mero arrepentimiento instrumental con el único fin de salir de prisión. Está en su mano, si quieren salir de prisión, demostrar que no van a seguir en la lucha por la independencia fuera de las vías legales.
De todas formas, para la Fiscalía es esencial el hecho de que el magistrado del Supremo señale de manera expresa que en caso de demostrarse que no es real ese acatamiento constitucional se les revisará de nuevo las medidas cautelares y serán enviados a prisión.
