El Gobierno confía en que ERC postule a otro candidato
El Ejecutivo espera que el presidente del Parlament tome esta decisión pese a las presiones del entorno de Puigdemont y de la calle
Nadie duda ahora en el Gobierno de que la presentación del recurso al Tribunal Constitucional contra la investidura de Carles Puigdemont fue un acierto. Se ha ganado tiempo para que los partidos independentistas calibren las consecuencias penales de mantener la defensa del expresidente. El Ejecutivo confía en que el presidente del Parlament, Roger Torrent, proponga a otro candidato a pesar de las presiones que va a recibir del entorno de Puigdemont y de la calle. Esta es la petición que también le hace el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Al Gobierno, según las fuentes consultadas, le ha merecido la pena forzar al máximo la máquina del Estado para evitar que el Parlament votara este martes la investidura de Puigdemont. No obstante, fuentes gubernamentales reconocen que el desafío no se ha resuelto y no dudan de que el expresidente huido tratará de condicionar a su partido y a ERC para que mantengan la defensa de su candidatura. Pero la esperanza está en que el enfrentamiento que este martes afloró se mantenga y se traduzca en la propuesta de un nuevo candidato sin cuentas con la justicia, señalan estos interlocutores.
La expectación era máxima y el Gobierno se preparaba este martes para asistir a una jornada política de alto riesgo. Los minutos que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, se retrasó en comparecer respecto a la hora prevista se hicieron eternos. "El pleno queda aplazado pero no desconvocado".
Este anuncio de Torrent fue acogido con alivio por el Ejecutivo a pesar del envoltorio de rechazo y enfrentamiento con el Gobierno central, así como de defensa de Puigdemont. Pero lo cierto, insisten en el Gobierno, es que no hubo pleno ni votación.
El aplazamiento de ese pleno se interpreta en el Ejecutivo como una muestra de respeto a la legalidad, señalaron esas fuentes o, al menos, su acatamiento en la práctica. Se abre ahora un plazo de 10 días, como previó el Tribunal Constitucional, para resolver las alegaciones. Esta posibilidad estaba entre las previsiones del Gobierno, aunque sin certeza alguna.
Todo es consecuencia del recurso ante el Tribunal Constitucional y de las medidas cautelares que este adoptó. "Se ha evitado que se hubiera producido una burla a la democracia", señalaron fuentes gubernamentales.
Minutos antes de que Roger Torrent anunciara el aplazamiento de la investidura, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en TVE, advertía de las responsabilidades en las que incurriría en caso de que siguiera adelante con el pleno. Los hechos de este martes reafirman al Gobierno en que a pesar de las dudas y el varapalo del Consejo de Estado estuvieron acertados en recurrir ante el Tribunal Constitucional.