La obligación de gobernar sin una hoja de ruta amenaza la economía
El Gobierno se vería obligado a legislar a golpe de decreto si no se aprueban las cuentas
El calendario político avanza y al Gobierno no le salen los números para sacar adelante los Presupuestos para 2018; tampoco está despejado el camino para los de 2019, que deberían empezar a tramitarse a partir de septiembre. Algunos miembros del Ejecutivo hablan ya abiertamente de que se pueden prorrogar las cuentas de ambos ejercicios ante la imposibilidad de lograr un acuerdo político. Los apoyos de Ciudadanos y el PNV están cada vez más lejos porque sus condiciones no son fáciles. La formación naranja condiciona su respaldo a que dimita la senadora del PP, Pilar Barreiro, investigada por su relación con la trama Púnica, y el grupo vasco lo niega mientras esté vigente en Cataluña el artículo 155.
«Es una posibilidad, pero no es lo deseable», reconoció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al ser preguntado esta semana por las prórrogas presupuestarias. Insistió, sin embargo, en buscar acuerdos parlamentarios antes de abril que le permitan aprobar un nuevo proyecto para este año. Montoro arremetió contra Cs y el PNV por su la falta de coherencia. Recordó que hace seis meses respaldaron el techo de gasto y los objetivos de déficit, y ahora dan largas con la letra pequeña de las cuentas.
«La falta de Presupuestos da sensación de inestabilidad, lo que aumenta la incertidumbre económica, retrae la inversión y aumenta el paro», avisa José Ramón Pin, profesor del IESE. «Los partidos tienen que esforzarse sin poner sus intereses electorales por delante de la lógica parlamentaria. Es su responsabilidad», insiste. A la incertidumbre y las dudas que supondría seguir con las cuentas congeladas se añadiría la necesidad de sacar adelante compromisos de gasto a golpe de decreto. Si a finales de marzo o principios de abril no hay perspectiva de aprobar el Presupuesto de 2018, el Gobierno comenzará a llevar decretos leyes al Parlamento para poder sacar adelante compromisos como la subida salarial de los funcionarios, los más de 4.000 millones de entregas a cuenta para las comunidades o la oferta de empleo público.
