El temor a la justicia parte el separatismo
La negociación de la investidura corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían construido en los últimos años
Los partidos independentistas trabajan contra el reloj para cerrar un acuerdo que permita investir un Gobierno en Cataluña y se han conjurado para lograrlo antes de diez días. Sin embargo, la negociación corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían construido en los últimos años. La acción de la justicia ha hecho dar varios pasos atrás a los protagonistas del procés. La última en hacerlo fue la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que este martes anunció que se quedará en Suiza para evitar tener que declarar este miércoles ante el juez del Supremo Pablo Llarena como estaba previsto. También echó el freno el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que aseguró ante el juez que la declaración de independencia de octubre solo fue “simbólica”.
Las críticas a la acción de la justicia se suceden en las filas independentistas, cuyos protagonistas no cesan en su empeño de señalar a jueces y fiscales como meros brazos ejecutores del Gobierno del PP. Sin embargo, la presión judicial está coincidiendo con un cambio radical en el fondo y las formas de buena parte de los dirigentes secesionistas. Los que no se han fugado reniegan ahora, al menos en público, de cualquier mecanismo que busque la independencia unilateral.
Si las semanas anteriores ya hubo casos de supuesto arrepentimiento con las declaraciones ante el juez de dirigentes del proceso independentista —como el exconsejero Joaquim Forn o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell—, ahora estos gestos se multiplican. Artur Mas no solo dijo ayer que la declaración independentista del 27 de octubre fue “simbólica”, sino que además aseguró ante Llarena que había advertido a Carles Puigdemont sobre las consecuencias penales de dicho gesto. La declaración de Mas contribuyó a presentar a Puigdemont como el único responsable de la declaración de independencia y sus consecuencias. El lunes ya utilizaron una estrategia similar ante el juez la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira.
La marcha atrás del expresidente de la Generalitat coincidió ayer con el nuevo frenazo del presidente del Parlament, Roger Torrent, que volvió a posponer la tramitación de la reforma de la ley de la presidencia que impulsa Junts per Catalunya y que pretende investir telemáticamente a Carles Puigdemont. El argumento de Torrent fue que es necesario un nuevo informe de los letrados, una decisión que no hizo más que confirmar las crecientes diferencias que existen en la estrategia de los distintos partidos independentistas. Torrent sigue anclado en la táctica de ERC de evitar nuevas imputaciones judiciales. Sin embargo, el temor en las filas republicanas sigue siendo importante, como reseñó ayer la senadora Mirella Cortés en su cara a cara con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Cámara alta. “Están investigando indiscriminadamente al independentismo catalán, incluidas a las senadoras y senadores de este grupo”, se quejó.
Pero, sin duda, el gesto más sonado de la jornada, y que también refleja el temor de los independentistas a la acción de la justicia, fue el protagonizado por Anna Gabriel. La exdiputada de la CUP y principal cara visible del independentismo radical confirmó desde Suiza que no piensa volver a España para declarar hoy ante el juez Llarena como estaba previsto.
La decisión de no acudir a declarar estaba tomada desde hace tiempo, pero faltaba la confirmación. Esta llegó a través de la misma Gabriel en una entrevista publicada por el periódico suizo Le Temps, en la que la dirigente de la CUP aseguraba que su intención es quedarse en Suiza.
