El Gobierno de Pedro Sánchez devolverá la sanidad a los inmigrantes irregulares

Seis años después de la medida, una de las primeras de Mariano Rajoy, no ha habido ningún cálculo oficial sobre si cumplió sus objetivos de ahorrar 917 millones

Un decreto se suprime con otro decreto. Esto es lo que va a hacer el Gobierno de Pedro Sánchez para volver a la situación de 2012, cuando todos los residentes en España tenían derecho a la sanidad pública. A partir de ese año el Ejecutivo, entonces en manos del PP, excluyó del sistema ordinario de salud a los inmigrantes sin documentos regularizados. En pocas semanas el modelo se revertirá “por decencia política y para seguir el mandato de organismos internacionales y del Defensor del Pueblo”, anunció ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Para ello el Ejecutivo tendrá que dialogar con las comunidades.

“Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado”, anunció ayer con cierta solemnidad la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Esta decisión política es de las primeras que va a poner en marcha el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nada extraño, toda vez que, desde que se suprimió la universalidad de la atención sanitaria, los dirigentes socialistas han clamado por suprimir esa norma. Pero no solo los socialistas, también otros partidos de la oposición han renegado siempre de la medida.

Esta se adoptó en plena crisis económica. El Gobierno de Mariano Rajoy la aprobó y encomendó su desarrollo a la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato.

El Ministerio de Sanidad, dirigido ahora por Carmen Montón, empezará la tarea de reponer ese derecho y se confía en que la universalidad de la sanidad será un hecho en un plazo de seis semanas, apuntó Celaá.

Así, el decreto 16/ 2012, que dejó sin asistencia integral a muchas personas sin papeles en regla, será suprimido por otro decreto. “Y se hace por decencia política y por protección de la salud, que además, es un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el real decreto fue publicado”, señaló Celaá.

La exclusión de los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria —con la excepción de menores, embarazadas y atención en urgencias— fue una de las medidas del paquete de recortes que el Gobierno del PP impulsó en 2012, al poco de llegar al poder. Aquel real decreto establecía que para tener derecho a la sanidad pública había que estar dado de alta en la Seguridad Social, algo imposible para quienes no tiene acceso a un permiso de trabajo, volviendo al modelo del franquismo que la Ley General de Sanidad de 1986 había eliminado. Con la redacción del decreto estaban afectados los sin papeles, pero también muchos extranjeros comunitarios de los que se sospechaba que aprovechaban la libre circulación dentro de la UE para beneficiarse del sistema sanitario español (el mal llamado turismo sanitario).