España pierde crédito en Europa por el giro con los presos del 'procés'
En los últimos 12 meses, la imagen de España ha quedado tocada. Muy tocada. Es algo que saben y reconocen políticos, diplomáticos, analistas y expertos en comunicación.
El discurso público sigue consistiendo en negarlo, y el mantra del Gobierno de Pedro Sánchez es que desde junio se están dando los pasos que antes no se habían dado y que el resultado es diferente.
Pero lo cierto es que no.Más de una docena de fuentes, españolas y europeas, consultadas en las últimas dos semanas apuntan con claridad a un deterioro, una herida abierta que no deja de supurar, sobre todo tras las últimas manifestaciones de distintos miembros del Ejecutivo, respecto a los posibles indultos a los líderes del procés o su planteamiento favorable a terminar con su prisión preventiva.
"Cuando el ministro de Exteriores dice en la BBC que preferiría que los presos no estuvieran en la cárcel y varios ministros le siguen en esa línea uno se hace preguntas. Si ellos mismos dicen eso lo que yo interpreto es que fue una cuestión del Gobierno anterior, no de Estado", esgrime un diplomático. "Todas estas señales que buscan vender una separación de poderes a mi entender logran un efecto diferente", se suma un gran conocedor de la burbuja europea, de vuelta en su capital tras muchos años en Bruselas. "Si ellos dudan así de sus jueces, dan la razón a los catalanes, ¿no? Si al final la ley no era tan clara, si claros partidarios de la Constitución afirman que preferirían otros escenarios deduzco que eran perfectamente posibles. Lo que me dicen, en el fondo, es que es lo que ha ocurrido es en parte política y no sólo la ley. El balance no es alentador para España, pero lo bueno es que si fue política, política puede ser la salida", zanja otra fuente diplomática.
El último ejemplo de esta herida en la credibilidad política de España es el ataque, explícito e insultante, del presidente del Parlamento de Flandes a la democracia española en una carta de apoyo a Forcadell.
"Los enemigos de España, y como todos en la UE, tiene unos cuantos, han logrado lo que querían: introducir la semilla de la duda", sentencia un alto diplomático. No hay un daño devastador, definitivo e irrecuperable, pero sí es un golpe a la credibilidad del país, de sus gobiernos y sobre todo de las instituciones. "El independentismo repite hasta la saciedad que 'Spain is different', que todavía no somos como el núcleo duro, que no hay una democracia como en Alemania o Francia o cualquier otro, y eso ha servido para reforzar los prejuicios que en el fondo siempre han tenido algunos de mis colegas", coincide un alto cargo de la Comisión Europea.
La reconstrucción del último año desde Bruselas apunta a tres frases muy claras. La primera es la que llega hasta el 27 de octubre de 2017, con la esperpéntica declaración y suspensión unilateral de independencia, pero que gira especialmente en torno al 1 de octubre. Durante meses, años, el independentismo hizo los deberes de propaganda mucho mejor que el constitucionalismo. Logró colocar en la opinión internacional un mensaje que caló y generó simpatía y cuyos efectos no han sido revertidos en su totalidad.
Muchos en Europa consideraban, y alguno considera aún, a Cataluña como una región única, especial, diferente. Una región donde existe un "solo pueblo" que habla catalán, tiene una cultura propia y no española y que está sometida a los caprichos de un Gobierno central y centralista. Una comunidad pujante que quiere simplemente un referéndum, que apela constantemente a la democracia y cuyos derechos políticos son negados. Las imágenes de la Policía en los colegios golpeando a manifestantes fueron para muchos la confirmación de un Ejecutivo autoritario y represivo en Madrid. Todos los gobiernos han usado a los antidisturbios, empezando por el catalán, pero la reacción en toda la UE fue unánime y contundente. Había una consternación genuina. Porras contra urnas. Y la condena fue firme, incluso entre los socios más cercanos.
La segunda fase arranca en las horas posteriores a la DUI. La estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy, resumida por su secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, era transparente: lo que importan son los gobiernos, la labor diplomática. La opinión pública, lo que diga la prensa internacional es completamente indiferente. Por eso, mientras los líderes catalanes atendían y mimaban a los medios de todo el mundo en varios idiomas, Moncloa ignoraba las peticiones de los corresponsales.
La segunda parte del plan fue un desastre. "Todavía siento vergüenza ajena por su forma de trabajar. ¿En qué pensaban? ¿De verdad España no tenía a nadie más preparado y más agradable para transmitir su versión?", comenta todavía con estupefacción uno de los periodistas que vio en persona el proceder en aquellas fechas. Pero la parte política, de las cancillerías, salió muy bien. La respuesta de la comunidad internacional fue inmediata, contundente, demoledora. Apoyo total, ninguna fisura. Una avalancha de comunicados, de portazos en la cara. Se cayó en minutos el mito vendido a cal y canto de la simpatía internacional por la causa. Carles Puigdemont y sus socios arremetieron contra la UE, "un club de Estados", contra Juncker y la Comisión Europea, «los amigos de Rajoy». Pero acabaron entendiendo que esa vía estaba muerta y que en el futuro tendría que buscar alternativas algo más sofisticadas. Y legales.
