Puigdemont y el resto de fugados siguen "en rebeldía"
El independentismo vivió este viernes el contraste entre sus líderes encarcelados, que se enfrentan a altas penas de prisión por rebelión, y los que están fugados en diversos países europeos y que pudieron reaccionar ante la petición de la Fiscalía.
El caso más evidente es el del ex presidente Carles Puigdemont quien sigue en Waterloo buscando mantener su ascendencia sobre el soberanismo, -aunque su proyecto de la Crida parece que naufraga- ya que está declarado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como el resto de investigados huidos, «en rebeldía». Por eso no se le piden penas de prisión para el ex presidente quien tampoco puede pisar territorio español ya que sería detenido. Llarena abrió en julio pasado una pieza separada que afectaba a Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel, todos los que están en Bélgica, Suiza y Escocia.
El magistrado tomó la decisión tras constatar que el Tribunal de Schleswig-Holstein en Alemania sólo iba a autorizar la extradición de Puigdemont por malversación y no por rebelión y por eso retiró todas las órdenes de extradición. De momento la situación jurídica del ex presidente y el resto de soberanistas en el extranjero se sigue en una pieza separada bajo la competencia de Llarena quien podría reactivarla tras la sentencia del Tribunal Supremo.
También se podría dar el caso de que los fugados, que fueron incluidos en el primer auto de procesamiento por Llarena, no puedan pisar territorio español hasta que el delito prescriba, en el caso de la rebelión 20 años y 15 en el de la sedición. Junto a Puigdemont los otros representantes soberanistas en el extranjero acusados de rebelión son Comín, Ponsatí, quien reside en Escocia, y Rovira, que está en Suiza.
A los ex consejeros Puig y Serret, actual delegada del Govern ante la Unión Europea, les podrían procesar por malversación y desobediencia, unos delitos para los que la Fiscalía ha pedido siete años de cárcel a sus homólogos en la anterior Generalitat, como Carles Mundó, Santi Vila o Meritxell Borràs, que fue cesada tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Más sorprendente es el caso de la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, quien se encuentra en Suiza, ya que sería procesada por desobediencia y le pedirían una multa y inhabilitación para un cargo público, igual que otra ex parlamentaria de la formación antisistema procesada Mireia Boya.
