España cae en clasificación de paz mundial por crisis catalana
España cae tres posiciones en la selección anual que mide los niveles de paz en el mundo por la crisis de Cataluña, según un informe divulgado este miércoles.
España saca los peores resultados en su historia en el nuevo informe a nivel mundial realizado por el Instituto de Economía y Paz que acaba de ser presentado en la ciudad de Londres, capital del Reino Unido.
El Índice de Paz Global del año 2019 (GPI, por sus siglas en inglés), elaborado por decimotercer año consecutivo, considera que este deterioro ha sido provocado por el aumento de la probabilidad de que tengan lugar manifestaciones violentas en las calles, lo que suscita que España descienda al puesto número 30 de la lista.
El presidente del GPI, empresario y filántropo australiano, Steve Killelea, ha dicho que “es la primera vez en la historia del índice”, en su duodécima edición, “que un país occidental experimenta uno de los cinco mayores deterioros de la paz”.
El documento trata las tensiones existentes entre el bando a favor de la independencia del territorio catalán y el Gobierno. Dichas tiranteces podrían llevar a que acabe produciéndose un enfrentamiento entre los manifestantes y los agentes de la ley en las calles, junto a un aumento de la violencia.
Sobre este asunto, esta misma jornada, el juicio a 12 dirigentes separatistas catalanes acusados de promover un referendo “ilegal” sobre la independencia de Cataluña en 2017 ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo (TS), tras cuatro meses de juicio.
Los abogados de los líderes políticos y sociales catalanes han rechazado, ante el alto tribunal, que sus defendidos cometieran un delito de rebelión durante la fallida tentativa de ruptura con el Gobierno del país europeo.
Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien se enfrenta a 25 años de prisión por rebelión y malversación, ha reconocido que, como mucho, en Cataluña hubo desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel.
El letrado ha asegurado que en la próspera región nororiental española no hubo la violencia que exige la rebelión, como sostiene la Fiscalía, ni el alzamiento tumultuario que requiere la sedición, según la acusación de la Abogacía del Estado.
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