El PSOE frena impuesto a ricos que abanderaba Pablo Iglesias para la reconstrucción post COVID-19
Ambos socios han chocado en la negociación por la creación de un nuevo tipo impositivo. Los socialistas lo rechazaban, pues podía dificultar la negociación con otros grupos
Una negociación apurada hasta el final. Una muesca más de que la convivencia en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos está hipotecada a la superación de sus diferencias. Ambas formaciones han mantenido una intensa negociación en las últimas 48 horas para consensuar una propuesta que presentar en la Comisión de la Reconstrucción del Congreso. Uno de los principales puntos de fricción ha sido el impuesto a los ricos que exigía el partido de Pablo Iglesias y rechazan el sector socialista del Gobierno, con Nadia Calviño y María Jesús Montero a la cabeza. Esta vez, ni siquiera la interlocución directa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias salvó la petición morada.
Lo que finalmente recoge el documento pactado entre ambos es una política fiscal que avance hacia una "mayor capacidad recaudatoria también guiada bajo criterios de progresividad". "Una fiscalidad más justa y redistributiva, para asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en el conjunto de la ciudadanía". Es una propuesta muy genérica, sin concreción, en la que piden "reducir la brecha fiscal con Europa" y una "progresividad de nuestro sistema fiscal, con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan", pero sin mención expresa a ese impuesto a la riqueza.
Va en la línea del pacto de Gobierno, donde se apuesta por incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.
La medida exigida por Unidas Podemos pretendía sustituir al impuesto de Patrimonio e introduciría un gravamen progresivo, de entre un 2% y un 3,5%, a los patrimonios que superen un millón y, según los cálculos de Podemos, aportaría unos 11.000 millones de euros. Una cifra demasiado optimista, «irreal» en opinión de los fiscalistas. Mientras los morados han dedicado las últimas horas a tratar de convencer a sus socios con "argumentos técnicos y económicos", los socialistas han buscado la renuncia a este tipo impositivo, que también demanda ERC, sabedores de que era una medida que podía causar rechazo a posibles socios como Ciudadanos.
Fuente: el mundo
