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Estados Unidos, sobre todo, durante la presidencia de Donald Trump, ha centrado sus esfuerzos en derrocar el Gobierno izquierdista de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro y, en su lugar, poner un gobierno proestadounidense. La Administración Trump, en este proceso, ha utilizado todas las herramientas posibles, incluidos la imposición de sanciones, intentos de golpe de Estado, infiltración entre los militares pro-Maduro, operaciones de sabotaje, como ciberataques a las centrales eléctricas del país que provocaron cortes de energía generalizados, hasta ha recurrido a amenazas militares.

 

Respaldar a Juan Guaidó, el líder opositor golpista y reconocerlo como presidente interino de Venezuela, figura entre las acciones de Washington contra Maduro. Estados Unidos no solo ha reconocido y respaldo a Guaidó, sino que ha exigido a los demás países a hacer lo mismo, una petición que ha sido aceptada por muchos de los aliados de Washington.

 

De hecho, los funcionarios estadounidenses están tratando de expandir su dominio sobre el subcontinente, derrocando los gobiernos izquierdistas de los países latinoamericanos con el propósito de dominar sus riquezas naturales y vastos recursos energéticos. La influencia en la región también se defiende dentro del marco de una de las políticas fundamentales perseguidas por los funcionarios de Washington, bajo la denominada Doctrina Monroe, que viene aplicando durante años. El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, en referencia a la Doctrina Monroe, consideró explícitamente a América Latina como el área de influencia privada de Washington y afirmó que Washington tiene derecho a interferir en los asuntos internos de estos países para lograr sus objetivos.

 

"El objetivo de Washington, al continuar el asedio contra América Latina y el Caribe, es obtener acceso a los recursos naturales de la región y empoderar a los gobiernos que sirven a los intereses de la Casa Blanca. Entonces los países de la región siempre son blanco de golpes de Estado, acciones desestabilizadoras, terrorismo, guerras asimétricas y bloqueos económicos, comerciales y financieros, orquestados por ese país", explicó el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

 

Lo que está claro es que, a pesar de todas estas medidas, Estados Unidos hasta ahora no ha logrado derrocar el Gobierno de izquierda de Venezuela. Con la derrota de Juan Guaidó en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN o Parlamento) del 5 de enero de 2020, y el nombramiento de Jorge Rodríguez, en sustitución de Guaidó, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, en la práctica, ha disminuido la influencia de este dirigente opositor en la escena política. Además, esta derrota produjo el fin de su carrera política en el país sudamericano y ha significado un gran fracaso para la Administración Trump, que ha gastado mucho para llevarlo al poder y soñaba con el derrocamiento del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. No obstante, los funcionarios de Washington han decidido seguir apoyándolo y usarlo como títere de los intereses de Washington. Cabe recordar unas declaraciones de Donald Trump al respecto. "No tengo mucha confianza en Juan Guaidó", dijo el mandatario norteamericano. En todo caso, el golpista fue derrotado a pesar del respaldo de Estados Unidos y otros países.

 

Todavía sigue la presión de las sanciones de Washington contra el país bolivariano. El Gobierno del presidente Maduro, en una carta dirigido a los pueblos del mundo, denunció las duras sanciones de la Casa Blanca contra su país, tachándolas de "crimen mundial" y "acto de barbarie económico".

 

Las sanciones de Estados Unidos han dificultado el acceso de los ciudadanos a alimentos, medicamentos y equipos de salud y, según las autoridades venezolanas, eso ha resultado en la muerte de más de 40.000 venezolanos. En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció recientemente que los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Washington a levantar las sanciones económicas contra varios países para garantizar el suministro de productos médicos, tratamientos y ayuda humanitaria en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de COVID-19.

 

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, pidió medidas para levantar o reducir las sanciones, de modo que se aumente el acceso a productos básicos como la salud pública y equipos médicos. Sin embargo, Washington no solo no ha suavizado las sanciones, sino que las ha endurecido.

 

Las presiones de las sanciones de EE.UU. y los embargos al petróleo, así como los cambios de divisas, han provocado que Venezuela se enfrente a serios problemas en los sectores económico, sanitario y farmacéutico.

 

A este respecto el analista político Daniel Larison anotó: "Estados Unidos no tiene ningún derecho a imponer presiones económicas severas contra decenas de millones de personas inocentes en los países donde busca solamente obligar a sus gobiernos a dar más concesiones a Washington o derrocarlos. Debemos aceptar y reconocer que la política de ‘máxima presión’ es un ataque injustificado, ilegal e impactante contra todas las naciones que no han tomado ninguna acción hostil contra Estados Unidos ni lo han dañado".

 

A pesar de toda la presión de Estados Unidos, los aliados de Caracas, incluido Irán, han tomado una política de respaldo a Venezuela para contrarrestar la hostilidad de Washington.

 

La escasez de gasolina fue uno de los problemas que provocó que los venezolanos esperaran en largas colas durante horas por este producto. El envío de buques con combustible iraní desde Teherán a Caracas para paliar la gran escasez de combustible que sufre la nación suramericana a raíz de las sanciones impuestas por EE.UU., es uno de los apoyos más grande de Irán a Venezuela. El país persa envió el pasado mayo y julio de 2020 cinco buques cisterna a Venezuela, cargados con 1,53 millones de barriles de gasolina y aditivos. Esta acción no fue bien acogida por los funcionarios estadounidenses y se encontró con la reacción hostil de la Administración Trump, que desplegó varios barcos de guerra en el Caribe para intimidar a Teherán y tomar medidas para evitarlo. Sin embargo, los petroleros iraníes continuaron decisivamente su camino y entraron en aguas venezolanas con el apoyo de la Marina del país bolivariano.

 

Este hecho fue un punto de inflexión en el fracaso de la política estadounidense de máxima presión contra Irán y Venezuela. "La llegada de los tanqueros iraníes constituye un éxito en la lucha por la soberanía, la independencia y la paz", escribió en su momento en Twitter el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.

 

La llegada de los camiones cisterna de combustible iraníes a Venezuela enfureció aún más a los funcionarios de EE.UU. "Los envíos de combustible de Irán son contrarios a la política de sanciones de la Administración Trump y viola sus sanciones contra transacciones con Venezuela, sin embargo, son limitadas las opciones de Washington para enfrentar el nuevo desafío de Irán y Venezuela", anotó el Centro de Seguridad de Soufan, con sede en Nueva York.

 

Transcurridos unos meses desde los primeros envíos de gasolina de Irán a Venezuela, en la misma línea de cooperación entre ambos países, se abrió el primer supermercado iraní en Caracas para suministrar 2500 productos del país persa como alimentos, ropa, artículos de celulosa, diferentes tipos de frutos secos, entre otros.

 

Jorge Arreaza destacó la solidaridad de Teherán con Caracas en medio de las sanciones y la presión ilegales, hostiles y unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, así: "El comportamiento de la República Islámica es un mensaje de honor y dignidad para el mundo, un mensaje que puede ser como un ejemplar para quienes que luchan contra el imperialismo".

 

Gracias al aumento de la cooperación con Irán y algunos otros países como Rusia y China, Venezuela ha podido neutralizar y eliminar los problemas económicos derivados ​​por las sanciones. Políticamente, la celebración de elecciones parlamentarias fue una elección crucial para el Gobierno de Maduro y una medida para saber la voluntad del pueblo del país de continuar o derrocar al Gobierno izquierdista de Maduro, de hecho, Maduro anunció oficialmente que renunciaría si su partido perdía las elecciones. Los comicios legislativos en Venezuela se llevaron a cabo el 6 de diciembre en presencia de observadores internacionales. Según los resultados de las elecciones, el partido oficialista ganó las elecciones con alrededor del 68 por ciento de los votos.

 

Sin embargo, desde el día de la celebración de las elecciones, Guaidó y los funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Mike Pompeo, cuestionaron los resultados electorales y alegaron fraude, lo que fue rechazado por los observadores.

 

Gloria La Riva, observadora internacional en esos comicios, subrayó que, a lo largo del proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue transparente en cada una de las fases del cronograma, lo cual certificaron las auditorías avaladas por expertos nacionales y foráneos.

 

"El problema es que Estados Unidos no reconoce nada de lo bueno logrado en este país y se han dedicado a instruir a la oposición, a quienes ordena dónde tienen que ponerse y quitarse y la derecha hace lo que quieren los Gobiernos norteamericanos", sostuvo.

 

Con la victoria decisiva del partido de Maduro en estas elecciones, la posición del Gobierno de izquierda de este país ahora está cada vez más consolidada a pesar de la campaña de máxima presión de Estados Unidos contra este país sudamericano; sin embargo, Nicolás Maduro volvió a llamar a la oposición a la mesa de negociaciones.

 

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