Pars Today

En el nombre de Dios, Todopoderoso, saludos queridos oyentes, estamos a su servicio con la segunda y última parte del programa "Las dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel". Antes que nada, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico [email protected] o el número de teléfono +98-21-22162912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta ParsTodaySpanish. En este episodio, estudiaremos los "juicios emitidos contra el régimen israelí en los tribunales a nivel internacional, regional y nacional". Quédense con nosotros. Acompáñennos.

 

Como dijimos en el programa anterior, las medidas inhumanas del régimen de Israel durante los años posteriores a su existencia ilegítima en la región del sudoeste de Asia han violado gravemente las reglas y normas del derecho internacional en diversas dimensiones. Considerando las reglas internacionales, las medidas inhumanas del régimen de Tel Aviv han provocado la sentencia de numerosos fallos judiciales nacionales, regionales e internacionales contra este régimen, a veces, en forma de resoluciones o informes oficiales de los comités de investigación y otras como reportes de las instituciones y organizaciones internacionales. Estos fallos internacionales no solo incluyen los actos de ocupación israelí sobre las tierras de los palestinos, sino también han condenado repetidamente al régimen israelí por violar los derechos de los niños, mujeres, prisioneros y detenidos palestinos. Estas críticas están reflejadas en varios informes de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y regionales de derechos humanos. Las resoluciones emitidas contra este régimen respecto a la violación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que incluyen múltiples declaraciones legales de condena y diversos términos y expresiones de preocupación, se suman a los llamados al régimen de Tel Aviv a cesar de inmediato la flagrante violación de los derechos humanos. En 2019, la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Fatou Bensouda, subrayó la necesidad de iniciar una investigación sobre los crímenes de guerra del régimen israelí en los territorios palestinos ocupados. Al respecto, denunció: "Ahora, estoy totalmente convencida sobre la existencia de una justificación racional para dar inicio a una investigación sobre la situación en Palestina. Esta justificación también nos dice que actualmente se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, especialmente en Jerusalén Este (Al-Quds) y la Franja de Gaza".

 

Palestina, como Estado independiente, se convirtió el 1 de abril de 2015 en miembro oficial del Estatuto de la Corte Penal Internacional. A pesar de que el régimen sionista no se adhirió a la CPI, debido a la membresía de Palestina, se puede procesar internacionalmente a los israelíes que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad en los territorios ocupados de Palestina.

 

Presentar una denuncia contra el régimen israelí ante la Corte Penal Internacional sobre la construcción de asentamientos sionistas en los territorios palestinos ocupados, figura entre una de las prioridades de la Autoridad Nacional Palestina tras su reconocimiento por la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 2012, como "Estado no miembro". La fiscal general de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación preliminar sobre la construcción de los asentamientos del régimen israelí en los territorios palestinos ocupados con "total independencia e imparcialidad", en virtud del Artículo 25 del Reglamento de la Fiscalía General. Bensouda aseguró que la CPI tiene jurisdicción para hacer investigaciones sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos. A juicio de Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Universidad de Illinois de EE.UU., el régimen israelí está cometiendo crímenes contra el pueblo palestino desde 1948 y eso significa crímenes de asesinato colectivo que deberían ser investigados y enjuiciados por el tribunal de La Haya.

 

Además de las medidas tomadas por la CPI, anteriormente, en noviembre de 2013, una delegación de tres jueces internacionales, encabezada por Christine Chant, presentó un informe por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se advirtió que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos violan el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949. El citado informe amonesta al régimen israelí sobre el traslado de su población civil a los territorios ocupados y lo tachó de un crimen de guerra en virtud del Artículo 8 del Estatuto de la CPI.  Asimismo, anota que "los asentamientos están resultando en una anexión gradual que ha impedido el establecimiento de un Estado palestino y ha debilitado el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación".

 

Uno de los principales desafíos en la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes del régimen de Tel Aviv es el control israelí de todas las rutas que conducen a Cisjordania. La falta de cooperación del régimen sionista con los inspectores, imposibilita las investigaciones e inspecciones exhaustivas de los asentamientos sionistas. A pesar de los actos del régimen israelí para evitar que Palestina apele ante la Corte Penal Internacional, el 22 de mayo de 2018, el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riad al-Maliki, presentó dos demandas ante la CPI sobre las atrocidades israelíes y los asentamientos ilegales que construyen en los territorios palestinos. Según el ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo la construcción de asentamientos por el régimen sionista en Cisjordania y la parte oriental de Jerusalén, se califica como un crimen de guerra y debe ser estudiado de inmediato.

 

El juicio contra el régimen israelí no solo se limitaba a los tribunales internacionales, sino también los tribunales regionales y nacionales han desempeñado un papel relevante en este sentido. John Kidley, profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio, EE.UU., subraya la importancia de perseguir todas las acciones legales y jurídicas para procesar a los funcionarios y soldados israelíes por sus crímenes contra el pueblo palestino en tribunales internacionales y regionales. A nivel regional, el 25 de febrero de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en su denuncia contra el régimen de Israel por el caso Brita, argumentó que el acuerdo de tarifas preferenciales con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) incluye la Franja de Gaza y Cisjordania y, por lo tanto, los productos fabricados en los territorios ocupados palestinos, controlados por el régimen sionista, no están sujetos al principio del trato preferencial. Además, en octubre de 2007, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) presentó una demanda contra las empresas galas Alstom y Veolia ante el Tribunal Supremo de primera instancia de Francia. El demandante afirmó que las citadas empresas, al contribuir en la implementación del proyecto de tranvía y ferrocarril en Al-Quds (Jerusalén) son cómplices de crímenes de guerra en Jerusalén Occidental al facilitar su implementación. Finalmente, dicho tribunal francés sancionó a esas empresas por ayudar a facilitar la construcción del proyecto ferroviario en Jerusalén Occidental, considerado como territorio ocupado palestino.

 

En otro caso, un tribunal belga investigó los crímenes del ex primer ministro israelí Ariel Sharon por los asesinatos en los campamentos de Sabra y Chatila, que tuvieron lugar en septiembre de 1982 cuando estos campos de refugiados palestinos, situado cerca de Beirut, fueron ocupados por falanges pro israelíes, mientras Ariel Sharon era ministro de guerra. El tribunal belga procesó los crímenes de Sharon a nivel internacional, dentro del marco del principio de jurisdicción universal y de conformidad con la ley sobre enfrentar las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales. Tras las masacres de Sabra y Chatila, 23 libaneses y palestinos presentaron demandas en virtud de una legislación belga aprobada en 1993 y 1999, que permitía a los tribunales de este país procesar e enjuiciar a los ciudadanos extranjeros por ciertos delitos, incluidos genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad fuera de Bélgica. El tribunal belga dictaminó en 2001 que Ariel Sharon debería ser procesado por crímenes de guerra; sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos e Israel, Bélgica cambió la ley que había permitido que se presentara el caso y no admitió a trámite la denuncia contra Sharon.

 

El simple fallo del tribunal belga contra Ariel Sharon, no obstante, demostró que si se establece la justicia, los tribunales nacionales de los países pueden investigar los crímenes internacionales de altos funcionarios israelíes sobre la base del principio de jurisdicción universal y emitir los juicios necesarios.

 

Esperamos que hayan disfrutado de la última parte del programa “Dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel”. En este programa abordamos los juicios emitidos contra el régimen de Tel Aviv en tribunales internacionales, regionales y nacionales. Comparten sus puntos de vistas sobre el tema con nosotros.

 

P/FSH/NL