Hach sangriento (estudio de los aspectos jurídicos del desastre de Mina)

El desastre mortal de Mina tal vez es una de las más extrañas catástrofes humanas del último medio siglo que sorprendió a gran parte del mundo. Un incidente que ocurrió días después de la caída de una enorme grúa en la Mequita Al-Haram; incidentes que desembocaron en la muerte de casi 8 mil peregrinos.

La tragedia de Mina hirió los sentimientos del mundo del Islam y sus efectos han sido tan amplios que después de un año todavía los musulmanes lo lamentan y están tristes. Arabia Saudí en vez de aceptar su responsabilidad en este incidente, lo ha achacado a la voluntad divina.  Sin embargo, en términos del derecho internacional, la responsabilidad de los gobiernos, no depende de que la acepten o la nieguen sino de la violación de las leyes y los reglamentos internacionales. Es decir, si un gobierno viola las leyes o reglamentos internacionales tiene que asumir su responsabilidad, rendir cuentas ante la comunidad internacional y pagar la correspondiente indemnización. Pero ¿por qué Arabia Saudí ha violado sus responsabilidades internacionales y qué normas internacionales ha quebrantado?

Es evidente que el régimen saudí tiene responsabilidad  internacional en el desastre de Mina. En los documentos de los derechos humanos e internacionales se ha especificado que los gobiernos están obligados a apoyar los derechos de los ciudadanos extranjeros ante cualquier incidente. Entonces, si un gobierno permite a una persona visitar o hacer negocios en su país, es responsable de su seguridad y tiene que tomar decisiones para proteger la vida de los ciudadanos extranjeros. Por lo tanto, el régimen de Arabia Saudí está obligado compensar a los sobrevivientes y familiares del doloroso incidente de Mina. Las víctimas también tienen derecho a tomar medidas a través de los canales jurídicos para reivindicar sus derechos. La demanda en contra de las violaciones de las leyes y la persecución penal puede evitar de repetición de estos trágicos acontecimientos en el futuro.

Lamentablemente, según documentos y evidencias, se ha podido determinar que en el incidente de  Mina se violó los principios humanitarios y primarios de los derechos humanos de los peregrinos. El derecho a la seguridad y a la vida de los peregrinos de Hach fueron los primeros y más evidentes derecho humanos que se transgredieron en el incidente de Mina. Lamentablemente en esta tragedia casi 8 mil personas perdieron la vida. Esta vasta masacre ocurrió mientras que Arabia Saudí, según el derecho internacional, después de expedir el visado, estaba obligado a abastecer los derechos de los extranjeros, incluido el derecho a la vida.

El derecho a la salud y el acceso a la asistencia sanitaria también es otro de los derechos violados de los peregrinos de la casa de Dios. Arabia Saudí inmediatamente tenía que haber ayudado a los heridos; pero los testigos especificaron que los saudíes no cumplieron con su deber humanitario e incluso legal. Muchas personas resultaron heridas y, mientras pedían ayuda, perdieron la vida debido al calor, la presión y otras lesiones. Incluso si los trabajadores humanitarios no hubiesen tenido la experiencia y habilidades necesarias para la gestión de crisis de incidentes, con una mínima ayuda, hubieran evitado más muertes, pero Arabia Saudí negó toda asistencia humanitaria e hizo más profundo el desastre.  Esta dolorosa matanza se produjo mientras las fuerzas de seguridad saudíes y de socorro habrían podido fácilmente llevar botellas de agua o verter agua sobre los heridos. Había una estación de bomberos cerca del lugar del accidente que estaba equipada con un contenedor de agua y un helicóptero que volaba en la zona el día anterior del incidente. Desde esta nave fácilmente podría haber esparcido agua sobre los peregrinos. Pero Riad no hizo ninguna de estas medidas para calmar el cansancio y la sed y así prevenir la muerte de peregrinos.
 
Según testigos, no chequearon los signos vitales de las personas y a muchos heridos los consideraban fallecidos y los ponían en contenedores de refrigeración.  En otro caso, algunos heridos debido a que eran de un determinado país, los  dejaron deliberadamente que murieran y cuando alguien reclamaba al respecto se enfrentaban a un comportamiento grosero y ofensivo.

Otro de los derechos humanos de los peregrinos, es el respeto del cuerpo del  humano y la dignidad humana. Pero después de la muerte de los peregrinos, Arabia Saudí no hizo una gestión correcta respecto a los cuerpos de las víctimas;  los últimos cuerpos fueron evacuados del lugar del incidente muchas horas después de ocurrida la tragedia. Los cuerpos pasaron horas en la calle, apilados en pleno sol caliente. Esto provocó que los cuerpos se descompongan más rápido. El número de muertos en el accidente superaba la capacidad media de la capacidad de refrigeración de la Meca, Jeddah y Taif.

Por esta razón  algunos de los cuerpos fueron mantenidos en contenedores refrigerados, por desgracia, sin las condiciones adecuadas para preservar cadáveres. Esto provocó un cambio en el aspecto físico de los fallecidos. Los saudíes ponían los cadáveres sobre camillas y aunque los cuerpos se movían ellos pusieron cadáveres con camilla en camiones.

Arabia Saudí, rápidamente in informar a los respectivos países, comenzó a enterrar los cuerpos de los santos mártires. Sobre los aspectos legales del entierro de los fallecidos en el incidente de Mina en territorio saudí hay que  decir que tal acto no es una potestad del gobierno saudí. Arabia Saudí tenía la obligación, de acuerdo con las leyes internacionales, de entregar los cadáveres de los fallecidos en el incidente de Mina a sus gobiernos.

Tras la noticia del incidente en el ciberespacio, muchos familiares de los peregrinos se llenaron de preocupación. Sin embargo, Arabia Saudí se retrasó en dar los primeros informes a los Estados musulmanes, además daba cifras inexactas. Por otra parte, el gobierno saudí debía tomar las medidas necesarias para hacer frente a este problema y que los cadáveres de los peregrinos sean transferidos lo antes posible a sus países de origen. Pero lamentablemente en los primeros días no se realizó ninguna cooperación rápida y responsable en este sentido.

Lo que es evidente es la violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el incidente de Mina por parte de Arabia Saudí. La repetición de sucesos oscuros y trágicos muestra que Arabia Saudí nunca ha asumido con seriedad su responsabilidad legal. Ciertos países con víctimas en los incidentes  mortales durante los rituales de Hach, para mantener sus relaciones políticas y a veces rentables, han olvidado el caso han sido influenciados por consideraciones políticas.

Por otra parte, una de las funciones y atribuciones del Ministerio de Asuntos Exteriores es seguir los derechos de sus ciudadanos. Se esperaba que los  ministerios de Exteriores de los países damnificados asuman su misión y deber ante las sociedades internacionales, como la Organización de Cooperación Islámica, el Consejo de Seguridad de la ONU y los órganos judiciales de Arabia Saudí, y persigan el caso desde el punto de vista jurídico, político y diplomático. Según el artículo 8 de  la Declaración Universal de Derechos Humanos, “toda persona que sufre pérdidas, ya sean físicas, espirituales o materiales, tiene  derecho pedir  una indemnización por la violación y, en este sentido, los familiares de la víctimas pueden actuar. Por eso, cuando un ciudadano extranjero en otro país se enfrenta con actos de tiranía debe dirigirse a la judicatura del país para presentar una queja y se tomen las medidas respectivas.

En virtud al Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, los extranjeros que se encuentran fuera de su país  si sufren  daños reales, deben acudir a la embajada y consulado u organismos deben ser referidos a sus respectivos gobiernos para exigir que se tomen las medidas protectoras necesarias en la tramitación del caso.

Para demandar en los tribunales internacionales primero se debe presentar la queja  en los tribunales nacionales, en el caso de Mina, en Arabia Saudí. Sin embargo, el sistema judicial saudí no fue capaz de ejercer la justicia y abrir el camino para que las quejas se eleven a los tribunales internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte por el número de casos tenía que aceptar la demanda. Es decir que un gobierno debe representar a u ciudadano y proteger sus derechos en cualquier denuncia de violación de Estado.

Debe tenerse en cuenta que para presentar una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en primer lugar, se deben reunir los motivos y los documentos de las violaciones de las obligaciones internacionales por parte de Arabia Saudí en relación con los derechos de los peregrinos y ajustar esta demanda a otros acuerdos que Riad mantenga con los  países denunciantes.

Además, si existen acuerdos bilaterales entre Arabia Saudí y otros países  también se deben tener en cuenta. La violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963 por parte de Arabia Saudí es uno de los casos cuya revisión es necesaria para el procedimiento.

Las medidas legales también se deben hacer dentro del mundo islámico. El desastre de Mina con la muerte de miles de musulmanes ha enlutado a toda la comunidad islámica. Así que el mundo del Islam debe asumir su gran responsabilidad ante la pérdida de al menos  8 mil de sus miembros.

La Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integrada por países islámicos,  debe seguir seriamente la cuestión en los organismos judiciales. Esta organización debe convocar una sesión a nivel de los líderes de los países islámicos y formar una comisión especial internacional para estudiar el caso,  dar con la verdad y obligar a Arabia Saudí a asumir su responsabilidad.

Asimismo los países afectados pueden pedir ayuda a instituciones como la Asamblea General de la ONU o el comité de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Obviamente, este comité ¿podrá encontrar la mala intención o  especificaciones intencionales o no?