A medida que se acerca el levantamiento del embargo de armas de las Naciones Unidas contra Irán, el cual está incluido en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), EE.UU. ha redoblado sus esfuerzos para bloquear el fin de estas sanciones.

 

La semana pasada, la Administración norteamericana distribuyó un proyecto de resolución entre algunos miembros del CSNU, que reclama la extensión del embargo de armas en cuestión.

 

Desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, abandonara en mayo de 2018 el acuerdo nuclear con Irán, la Casa Blanca anunció una “campaña de máxima presión” sobre Teherán y han hecho algunos movimientos al respecto a nivel de la ONU.

 

Mientras tanto, un informe del secretario de la ONU, publicado el viernes 12 de junio, denuncia que los ataques con drones y misiles de crucero contra varias refinerías de la compañía petrolera saudí Aramco en 2019 fueron llevados a cabo con armamento iraní.

 

Como reacción, la Cancillería persa aseguró en un comunicado que “el informe de la Secretaría (de la ONU) coincide con el destructivo plan de Estados Unidos reflejado en el peligroso proyecto de resolución destinado a prorrogar las restricciones de armas a Irán de manera ilegal”.

 

La nota precisa que esta simultaneidad sugiere que “el informe de la ONU ha sido preparado a instancias de Estados Unidos para ser utilizado en el Consejo de Seguridad contra Irán”.

 

“Indudablemente, los informes impuestos destruirán por completo la credibilidad y la reputación de la ONU”, avisa el comunicado del Ministerio iraní de Exteriores para luego añadir que “la confección del informe con motivos políticos no cambiará los hechos” insistiendo en que “la actual situación en la región es consecuencia directa de las erróneas políticas de Estados Unidos y del régimen asesino de niños, Arabia Saudí”.

 

La prohibición a la venta de armas a Irán se levantará el próximo 18 de octubre de conformidad con las disposiciones de la Resolución 2231 del CSNU.

 

La Cancillería iraní recomendó en su comunicado al secretario de la ONU que “no se involucre en el escenario estadounidense planificado previamente para impedir el levantamiento de las restricciones de armas a Irán; indudablemente, los informes impuestos no contribuirán a traer la paz y la seguridad en la región ni a implementar las resoluciones de Naciones Unidas, sino que destruirán por completo la credibilidad y la reputación de la ONU”.

 

Por otra parte, el representante permanente de Irán ante la ONU, Mayid Tajt Ravanchi, aclaró en su cuenta de Twitter que “Estados Unidos, que ha viola la resolución 2231, no tiene derecho a iniciar ninguna acción bajo este documento.

 

Ravanchi enfatizó que “esto es un error; desde que Donald Trump suspendiera la participación norteamericana en el acuerdo nuclear con Irán, Estados Unidos no puede ser un Estado participante en el mismo”.

 

 Estados Unidos también está tratando de obstaculizar la cooperación nuclear con Irán, que es un derecho legítimo de los miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

 

Al respecto, el embajador y representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Kazem Qaribabadi, hizo hincapié la semana pasada en una carta al director general de la AIEA, en que los miembros de esta entidad deben cumplir con su responsabilidad de las acciones ilegales de EE.UU.

 

Qaribabadi subrayó que “las transgresiones de EE.UU. a sus compromisos y sus acciones unilaterales no deben surtir ningún impacto negativo en el trabajo de la AIEA en el cumplimiento de su misión en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, de conformidad con sus estatutos y los otros documentos relacionados”.

 

Esto sucede mientras el nuevo informe de la AIEA sobre el acuerdo nuclear iraní, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), confirma que continúan las actividades de verificación de la agencia nuclear de la ONU e ilustra las medidas de Irán para implementar sus decisiones de suspender sus compromisos en virtud del JCPOA.

 

Según el párrafo 9 del último informe de la AIEA, esta institución aclara que desde el 16 de enero de 2016 (Día de Implementación del JCPOA) ha verificado y monitoreado el cumplimiento de los compromisos nucleares de Irán recogidos en el pacto nuclear, de acuerdo con los procedimientos de salvaguardias estándar y de manera imparcial y objetiva.

 

 En los años posteriores a la Revolución de 1979, Irán ha sido el mejor anfitrión para los refugiados, especialmente los afganos. La presencia de ciudadanos documentados afganos en el ambiente de trabajo y estudio junto al pueblo iraní, confirma que Irán, incluso en circunstancias difíciles, ha cumplido con sus responsabilidades morales e internacionales basándose en los principios humanitarios y la asistencia a otros países y siempre ha sido un destino puede decir con toda seguridad que algo parecido no se da en los países que afirman defender los derechos de los migrantes.

 

El general de brigada Hosein Ashtari, jefe de la Policía de la República Islámica, se refirió el domingo pasado al esfuerzo de los medios occidentales, con EE.UU. a la cabeza, para sembrar discordia entre las dos naciones de Irán y Afganistán, y enfatizó que ambos vecinos no deben permitir a los enemigos cabalgar olas.

 

En las últimas semanas, hemos presenciado dos incidentes desafortunados y el abuso de los medios extranjeros de los mismos. En el primer incidente, ocurrido hace casi dos meses, algunos ciudadanos afganos intentaron ingresar ilegalmente a Irán, pero lamentablemente se ahogaron en el río Harirud. Se abrió de inmediato una investigación al respecto, la cual descartó negligencia por parte de los guardias fronterizos iraníes.

 

El segundo accidente tuvo lugar el pasado 3 de junio en Yazd, en el que un vehículo con nacionales afganos que ingresó ilegalmente a Irán, quienes, dirigidos por traficantes de personas, estaban siendo trasladados a otras ciudades. La policía iraní sospechó del vehículo y disparó a la rueda trasera cuando el conductor no hizo caso de su orden de alto. Después de recorrer 8 kilómetros a alta velocidad, el vehículo se incendió debido a la fricción del anillo de la rueda con el asfalto, en lo que tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas.

 

Tras ese accidente, Abdul Ghafoor Liwal, embajador de Afganistán en Teherán, viajó a la provincia de Yazd donde fue informado de la investigación abierta al respecto, diciendo que “creemos que el conductor y la banda de traficantes de personas son responsables del incidente”.

 

Añadió que "las relaciones entre ambas naciones son importantes para nosotros; tales trágicos incidentes no deben deteriorar las relaciones entre los dos países vecinos, amigos, musulmanes, de la misma habla y con lazos históricos”.

 

El embajador de Afganistán en Teherán aclaró que “agradecemos a la República Islámica por albergar a refugiados afganos, especialmente los que viven en la provincia de Yazd donde los atienden en los sectores educativo y estudiantil”.

 

Los migrantes afganos residentes en Irán, disfrutan como ciudadanos iraníes, de todos los derechos humanos y ciudadanos, incluyendo la educación, la salud, la educación gratuita, los servicios sociales y muchas otras asistencias. Tanto es así que hace años, el Líder Supremo de la Revolución incluso ordenó posibilitar educación para niños migrantes sin papeles.

 

 

No debe soslayar que el cruce ilegal de las fronteras de un país es un delito en cualquier parte del mundo, y que todos los guardias fronterizos en todo el mundo lo impiden. Entretanto, los puestos de control fronterizos de Afganistán están en su mayoría vacíos y algunos de ellos son manejados por los talibanes; de hecho, no hay vigilancia. Por lo tanto, Irán tiene el derecho de proteger atentamente y con sensibilidad sus fronteras para evitar la entrada de drogas y los viajes ilegales.

 

 

 

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