Saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con Uds. con un programa más de la serie Estados Unidos en la semana que pasó y, al igual que en los programas anteriores, revisaremos los importantes cambios políticos, económicos y sociales del país norteamericano.

El presidente estadounidense, Barack Obama, vetó el proyecto de ley que permitía a las familias de las víctimas de los atentados del 11-S en EE.UU. demandar a Arabia Saudí. Este proyecto de ley, denominado “Justicia contra los patrocinadores de actos terroristas” (JASTA, por sus siglas en inglés) fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y también en el Senado de EE.UU., además, está apoyado ampliamente por la opinión pública. 15 de los 19 autores involucrados en los atentados del 11-S de 2001 en Nueva York y en Washington tenían nacionalidad de Arabia Saudí. El líder de la mayoría absoluta del Congreso estadounidense aseguró que tienen los votos suficientes para anular el veto de Obama. Parece que Obama ha vetado el proyecto de JASTA por temor a las malas consecuencias que contraería llevar a cabo el citado proyecto en las relaciones entre Washington y Riad. Sobre todo porque los saudíes han anunciado, desde que el Senado de EE.UU. aprobó en el mes de mayo de 2016 este proyecto de ley, que tomarán medidas de represalias contra EE.UU. Por ejemplo, el país árabe ha amenazado que, en el caso de que el proyecto citado reciba el visto bueno final, venderán completamente todas sus propiedades en EE.UU., los bonos incluidos. Teniendo en cuenta que el próximo mes de noviembre de 2016 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en EE.UU., este asunto afectará sin duda alguna dichas elecciones. El candidato  de los republicanos, Donald Trump, aprovechará el veto de este proyecto como una herramienta propagandística contra los demócratas. Se prevé que Trump lo considere como una ignorancia de los derechos de los ciudadanos estadounidenses y, al mismo tiempo, un premio a los patrocinadores de los terroristas. En cambio, la candidata de los demócratas, Hillary Clinton, se ve obligada a justificar de alguna manera la actitud del presidente Obama. Aunque se puede prever que veto de Obama al proyecto  JASTA, disminuirá los votos de los demócratas en las próximas elecciones presidenciales.


El envío de efectivos de la Guardia Nacional de Carolina del Norte a la ciudad de Charlotte ha aumentado las tensiones raciales en esta ciudad por el asesinato de un hombre de raza negra llamado Keith Lamont Scott a manos de la policía. Las autoridades de Charlotte han declarado el estado de emergencia. Desde luego, el asesinato de Scott no es el primer caso de muertes de ciudadanos negros a manos de las fuerzas de policía. Desde hace unos años hasta la fecha, casi todos los días, un afroamericano ha sido asesinado por el disparo de policías bajo diferentes excusas en una parte del territorio de EE.UU., pero, cada vez, las autoridades de la policía han justificado tales muertes. Sin embargo, una gran parte de la opinión pública estadounidense no cree en las alegaciones de los mandos policiales que consideran necesario disparar a los ciudadanos afroamericanos. Por esta misma razón, en la mayoría de los casos, después de que se publicaran las noticias o las imágenes de disparos de los agentes de la policía contra afroamericanos, han estallado disturbios en las ciudades estadounidenses. Ahora bien, teniendo en cuenta los disturbios y las nuevas protestas por la violencia de la policía contra la raza negra, el presidente estadounidense, Barack Obama, advirtió sobre la continuación del comportamiento racial de la policía de este país contra los ciudadanos afroamericanos. Al respecto, Obama, el pasado viernes, en la inauguración del Museo de la Historia Nacional de los Afroamericanos que tuvo lugar después de los últimos disturbios en Charlotte, manifestó que debe ser muy preocupante para cualquier ciudadano estadounidense imaginar que la actitud de la policía estadounidense es racista.

Justo cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. notificó sobre la licencia de la venta de los aviones Air Bus y Boeing a Irán, la Cámara de Representantes de EE.UU. dio el visto bueno de nuevo a otro proyecto de ley antiraní, el cual prohíbe al Gobierno de EE.UU. de pagar en efectivo, sin aviso al Congreso, al país persa de las liquidaciones financieras previas. Cabe mencionar que el proyecto de ley citado fue aprobado por el apoyo de la mayoría absoluta de los republicanos que controlan la Cámara Baja. Además, un día previo, los lobbies antiraníes en el Congreso de EE.UU. aprobaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, según el cual, el Gobierno estadounidense tiene que informar a los legisladores de EE.UU. sobre las propiedades de los altos funcionarios iraníes fuera del país. Ahora bien, la Casa Blanca ha manifestado que el presidente de EE.UU. vetará cualquier proyecto de ley que se apruebe en el Congreso y perjudique el acuerdo nuclear iraní denominado el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA). No obstante, el Departamento del Tesoro de EE.UU., al otorgar la licencia de la venta de los aviones de pasajeros de Air Bus y Boeing a Irán, ha cumplido con uno de sus compromisos en el acuerdo nuclear iraní. Pero, lo que está pasando en estos días en Washington ante la manera del enfrentamiento y la interactuación con Irán, confirma que hay voces diferentes y, a veces, contradictorias. Ya que por un lado, el Gobierno de EE.UU. debe cumplir sus compromisos y, por otro lado, el Poder Judicial de este país, toca tambores de hostilidad para el pueblo y el Gobierno iraní. Sin embargo, los acuerdos logrados entre Irán y el G5+1 se consideran compromisos gubernamentales; con lo cual sea quien sea el presidente de EE.UU., la Casa Blanca debe cumplir con  sus compromisos.         

Estimados oyentes, hemos terminado el programa de hoy y nos despedimos de todos Uds. hasta la próxima semana.