Mar 29, 2017 07:07 UTC

Saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con Uds. con un programa más de la serie Estados Unidos en la semana que pasó y, al igual que en los programas anteriores, revisaremos los importantes cambios políticos, económicos y sociales del país norteamericano.

El general Joseph F. Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, declaró que el plan del Pentágono para derrotar al grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe)  no se limitará a las fronteras de Siria e Irak  y contrarrestará el peligro  generado por los extremistas en el mundo entero.



Según los datos proporcionados  por el Ejército de Estados Unidos, Daesh  ha reclutado a 45 mil personas procedentes de cien países del mundo. El nuevo alegato del Pentágono sobre el combate a esa banda terrorista en todas partes del mundo,  contraviene las realidades objetivas. Desde el estallido y la extensión del conflicto sirio,  EE.UU., junto con  sus socios europeos, procedió a apoyar ampliamente  a las agrupaciones terroristas, entre ellas Daesh.



Los occidentales buscaban derrocar al  gobierno legal de Siria y, en este sentido, consideraban a los grupos terroristas como un medio para alcanzar sus objetivos. También el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su campaña electoral,  efectuó controvertidos pronunciamientos sobre el papel directo del entonces presidente Barack Obama y de la candidata demócrata  y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, en la creación del EIIL.



En unas declaraciones paradójicas, el presidente de EE.UU., por un lado,, instó a la no proliferación de las armas nucleares en el mundo  y, por el otro,  dijo que Washington debe contar con el mayor arsenal nucleare con respecto a otros países.



Al mismo tiempo, Trump consideró  como un  pacto  “unilateral” al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START-2), firmado entre EE.UU. y Rusia en 1993 y  que obliga a ambas partes a imponer ciertas restricciones clave a sus  arsenales nucleares hasta 2018. Al compararlo con el acuerdo nuclear logrado entre Irán y el G5 +1, Trump lo consideró como otro mal acuerdo suscrito por  EE.UU.



Trump también dijo que EE.UU. debe ser el primer poseedor de las armas nucleares en el mundo y se ha quedado detrás de Rusia en esta materia, por lo que abogó por el desarrollo del arsenal nuclear del país norteño. Ahora y al dar a conocer su explícita postura sobre la necesidad de adelantar a Rusia en término de poseer las armas nucleares, el controvertido  mandatario estadounidense busca alterar el equilibrio militar global a  favor de su propio país.


El secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly, viajaron el 22 de febrero a México con el fin de asegurar a ese país de que los vínculos  políticos y económicos bilaterales se mantendrán bajo la Administración Trump,  y exponer los planes de Washington para la Ciudad de México.


Ese viaje se produjo en momentos en que las relaciones entre los dos países vecinos se encuentran viviendo una de sus coyunturas  más críticas en décadas. En tales condiciones, ambos cargos estadounidenses  partieron  a México para  restaurar los nexos bilaterales que han sufrido muchos retos y tensiones desde la campaña electoral  en EE.UU. —en la que Trump tomó duras posturas contra el vecino meridional—  y  para buscar soluciones a los problemas políticos, económicos y de seguridad entre ambas naciones.


Al presionar a los dirigentes mexicanos, los funcionarios estadounidenses esperan ganarse su apoyo a los macroplanes de EE.UU. para regular las normas de libre comercio, frenar las migraciones ilegales y combatir al crimen organizado. A su vez, las autoridades mexicanas tratan de darles a conocer a los gobernantes estadounidenses con las realidades existentes  y evitar que las relaciones mutuas sufran mayores tensiones.


El Gobierno de Estados Unidos  reclutará unos 10 mil nuevos efectivos para las fuerzas de policía y de la guardia fronteriza a fin de acelerar la deportación de inmigrantes ilegales. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha ordenado en una circular a la policía urbana y a las fuerzas fronterizas y de inmigración  reclutar a 10 mil refuerzos para expulsar a los migrantes indocumentados.



Con esta decisión,  los agentes de la policía y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y de Estados Unidos tendrán las manos libres  para deportar a los inmigrantes ilegales, incluso sin tener que pedir  permiso de los  tribunales.



Este plan migratorio de la Administración Trump derivaría en el aumento del clima de seguridad en EE.UU, ya que de aquí en adelante, crecerá la presencia de agentes de policía en todas las partes del país y habrá más casos de persecución de los  inmigrantes sin papeles.


La aceleración  del proceso de la expulsión de los migrantes ilegales causaría la desintegración de las familias y separará a los padres de sus hijos.  Mientras tanto, dar un enfoque coercitivo y violento a un tema con raíces económicas y sociales, terminaría agravando el problema de  11 millones de  inmigrantes ilegales.



Craig Deare, designado por el presidente Trump hace apenas un mes como director de la división del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., fue destituido de su cargo por criticar las políticas del nuevo inquilino de la Casa Blanca y de sus asesores. Acontecimiento que revela ciertas cosas en relación con la estructura gubernamental del país norteño.


El primer asunto es la intolerancia de Trump ante cualquier crítica a sus decisiones, incluso las que vengan desde el Consejo de Seguridad Nacional.


Parece ser que si Trump insiste en continuar tales políticas, los vínculos de Washington con los países latinoamericanos, incluso los considerados como aliados cercanos, se verán muy afectadas. Tras las órdenes ejecutivas de Trump sobre la construcción de un muro fronterizo con México y el endurecimiento de las medidas antimigratorias en EE.UU., se anunció en la cumbre de jefes de Estado de los países de América Latina y del Caribe que esas acciones así como las gestiones proteccionistas de Trump aumentando los impuestos y las tarifas a los productos fabricados en la región, particularmente México, provocarían dramáticos cambios en la actual estructura de las relaciones comerciales bilaterales de Latinoamérica con EE.UU., los cuales redundarían en perjuicio de los países sudamericanos y centroamericanos.


Las políticas de la nueva Administración de EE.UU. comprometerán los intereses de los países de América Latina. Al anticipar las repercusiones negativas de esas políticas, Craig Deare se puso en contra de las mismas y lo pagó con su destitución.


El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que desempeñe un papel más significativo en regular las tasas de cambio en el mundo.


Durante su campaña electoral en 2016,  Trump acusó a ciertos países, incluida China, de manipular sus monedas para fomentar sus exportaciones.


A juicio de los actuales dirigentes de EE.UU., los países poderosos en el ámbito económico y comercial aprovechan los tratados y normas de libre comercio en beneficio suyo y en perjuicio de EE.UU., y tratan de incrementar sus exportaciones al mantener bajas artificialmente las tasas de cambio.


En este contexto, China es el país más criticado. En los últimos años y presionada por sus socios comerciales, China ha accedido a aumentar la tasa de su moneda, Yuan, para así permitir la presencia de productos extranjeros en sus mercados, medida que al parecer aún no ha convencido a los nuevos líderes de EE.UU.



El Departamento de Tesoro de EE.UU. trata de contrarrestar lo que se llama “guerra de divisas” y revertir la balanza comercial negativa del país. En este sentido, las posturas de la Administración Trump son muy similares a las recomendaciones del FMI. Pero esta institución internacional también espera del nuevo Gobierno norteamericano que respete los principios y la normativa del libre comercio internacional.