La orden del presidente Donald Trump de atacar con misiles el 7 de abril contra a una base aérea ubicada en la provincia siria de Homs bajo pretexto de que el gobierno de Damasco hubiera cometido un ataque químico el 4 de abril en la provincia de Idlib, suscitó reacciones en distintas partes del mundo y en el interior del país norteño. Las autoridades gubernamentales y los líderes del partido republicano en el Congreso alabaron esa acción armada como una demostración de fuerza y un acto en condena del uso de las armas químicas. Algunos de ellos incluso pidieron que los ataques continúen para desbancar del poder al gobierno legal de Siria. A su vez, Trump, en calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, ordenó dicho ataque para así ensombrecer numerosos escándalos políticos y electorales sufridos en los últimos meses. Aun así, se levantaron muchas voces en contra de su medida unilateral y no autorizada. Algunos congresistas, de ambos partidos demócrata y republicano, acusaron a Trump de violar la Constitución e ignorar los poderes del Capitolio. Otros advirtieron que la agresión a la base aérea siria sin que se hubiera demostrado antes la implicación de su gobierno en el ataque químico, no hará más que complicar el conflicto sirio. Mientras tanto, se produjeron marchas antibélicas en algunas partes de EE.UU., en las que criticaron fuertemente a la Administración Trump por seguir las políticas militaristas del gobierno anterior. Incluso los grupos de derecha extremista, que en los comicios de noviembre votaron por Trump por sus posturas antibélicas, se sumaron a los opositores al ataque en Siria. Se anticipa que de continuar las acciones militares de Trump en Siria, resurgirán las protestas anti-guerra en EE.UU. 

 

Durante la semana pasada, el presidente Trump acogió por separado y en Washington a los presidentes de Egipto y China y al rey de Jordania. La de Abdelfatah Al Sisis, es la primera visita de un mandatario egipcio a EE.UU. en los últimos 7 años. En la época de Barack Obama, las relaciones Washington-El Cairo se enfriaron por la crisis política en Egipto tras la destitución de Hosni Mubarak, el resurgimiento del grupo Hermanos Musulmanes y luego el golpe militar contra Mohamed Morsi. Empero, el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. abonó el terreno para el apoyo de la Casa Blanca a los gobiernos golpistas y autoritarios en el oeste asiático y el norte de África. 

 

En el encuentro con Abdalá II, monarca jordano, ambos líderes se enfocaron en el problema palestino y el futuro del proceso de paz entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Entretanto, se afirma que el rey jordano ha desempeñado un papel importante en el cambio del enfoque de Trump con respecto a Siria. Para las autoridades jordanas, planes como dejar de lado la prioridad de derribar al gobierno sirio o el traslado de la embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén, hacen difíciles las condiciones para los aliados árabes de Washington. Por ello, Abdalá II trató de convencer a Trump de replantearse en estos dos asuntos y, al parecer, consiguió ese objetivo hasta gran medida.

 

Finalmente y en reunión entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, los temas centrales discutidos fueron el tema de comercio y el futuro de la crisis atómica en la península coreana. En ese encuentro, la parte estadounidense trató de animar a la china a reconsiderar la naturaleza de sus nexos económicos con EE.UU. En la actualidad, el país norteño sufre un déficit de 370 mil millones de dólares en su balanza comercial con China. Y Washington está tratando de adoptar políticas proteccionistas para, según Trump, acabar con el comercio injusto con Pekín. Por otra parte, las últimas pruebas con misiles de Corea del Norte tienen preocupados a los norteamericanos. Al respecto, se afirma que Trump ha pedido a Xi que aumente las presiones sobre Pyongyang. En cambio, también Pekín insta a Washington a que cumpla con su compromiso ante la política de “una China única”, se abstenga del unilateralismo y ponga en marcha los acuerdos bilaterales y multilaterales comerciales.

 

Con el voto del Senado, Neil Gorsuch se convirtió en miembro de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. Desde luego, los republicanos, que mantienen la mayoría en el Congreso, se vieron obligados a modificar el reglamento interno del Senado para confirmar al nominado de Trump para el cargo. Según la Constitución de EE.UU., la elección de los miembros de la Corte Suprema una vez presentados por el presidente, requiere al menos 60 votos en el Senado. Aun así, los republicanos en el Congreso carecían de esta cantidad de votos para determinar el destino del asiento vacante de dicho órgano judicial. Bajo el pretexto de que Gorsuch carecía de la independencia de voto ante Trump, los senadores demócratas recurrieron al método filibuster o tácticas dilatorias  para impedir que la elección del nuevo miembro de la Corte Suprema. Pero los republicanos recurrieron a una medida de escasos precedentes, llamada "opción nuclear" reduciendo el quórum necesario, de la mayoría absoluta a la mayoría relativa, para aprobar al nuevo miembro de la Corte Suprema, con lo cual Gorsuch se incorporó a la Corte Suprema con 54 votos a favor y 45 en contra. Con anterioridad, este graduado de las facultades de Derecho de Harvard y Oxford,  nominado por parte de George W. Bush y con la aprobación el Senado, se desempeñaba como juez del Tribunal de Apelaciones del Décimo Distrito de Estados Unidos. Gorsuch se considera defensor del principialismo en la Filosofía del derecho e insiste en que la Constitución del país debe interpretarse tal y como lo hacían sus padres fundadores. También apoya el literalismo o textualismo. Estas opiniones de Gorsuch lo colocan entre los jueces y juristas conservadores. Con su ingreso en la Corte Suprema, se perpetúa la superioridad de los conservadores sobre esta importante institución jurídica y judicial de EE.UU.

 

En el marco de la revelación del escándalo electoral en EE.UU., el diario New York Times denunció que desde verano pasado la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estuvo al tanto del plan de Rusia para intervenir en las elecciones presidenciales de EE.UU. y, en un informe confidencial al Congreso, había dicho poseer información que la intención de Rusia de ayudar a Donald Trump en ellas. Esta noticia va a incrementar las presiones políticas sobre Trump y sus asesores. Por de pronto, la cuestión de la relación secreta de los miembros del equipo de campaña de Trump con los agentes políticos y de inteligencia de Rusia en Estados Unidos ha provocado la retirada de Michael Flynn del cargo de asesor de seguridad nacional de Trump. Incluso,  Jeff Sessions, secretario de Justicia y procurador general, se ha visto involucrado en este caso. Se prevé que a medida que continúa la investigación al respecto por parte de las entidades de inteligencia y seguridad de EUA, se vean implicados mayor número de los allegados de Trump. Los demócratas esperan que este caso termine dando inicio al proceso de un impeachment o juicio de destitución de Trump, mientras que los republicanos están tratando de enfocarse en los asuntos externas, incluyendo la necesidad de contrarrestar las amenazas terroristas y la guerra en Siria, para así distraer la atención pública del escándalo electoral.

 

Tras los decretos anti-medioambientales de Trump, los fiscales de 17 estados de EE.UU.  presentaron demandas contra los mismos, diciendo que el gobierno federal está obligado a adoptar medidas necesarias para controlar o al menos reducir la emisión de los gases de invernadero, y que ignorar esto infligiría decenas de miles de millones de dólares en daño a los consumidores y empresas norteamericanas. Anteriormente, Trump había firmado algunos decretos para anular buena parte de las leyes que su predecesor, Barack Obama, había puesto en marcha en lo referente a la lucha contra el cambio climático, incluyendo la política de "energía limpia". El tema de las políticas energéticas y ambientales ha sido una de las delicadas y polémicas cuestiones en EE.UU. en los últimos años.  Los lobbies petroleras, las empresas que operan en la industria del carbón, los industriales, en particular los que trabajan en las industriales obsoletas y contaminantes, así como la mayoría de los políticos conservadores insisten en aumentar la producción de energía a partir de combustibles fósiles y fortaleciendo la seguridad energética de EE.UU. y, en general,  ignorar el papel destructivo del hombre en el cambio climático.  Mientras, los activistas del ámbito de las energías renovables, los defensores del medio ambiente y los políticos liberales abogan por la disminución de la producción de combustibles fósiles, sobre todo el carbón, y consideran que el desarrollo equilibrado de las sociedades está supeditado de la adopción de políticas medioambientales y la inversión en las energías limpias. En la actualidad, con el regreso de los conservadores a la Casa Blanca y la coincidencia de la mayoría republicana del Congreso con el Gobierno, está abonado el terreno para dejar de lado el programa energético de la ex Administración. Sin embargo, los estados controlados por los demócratas intentan demandar al gobierno federal, para evitar la revisión de la política de "energía limpia".