EE.UU. en la semana que pasó (15 de abril de 2017)
Abr 19, 2017 07:40 UTC
Saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con Uds. con un programa más de la serie Estados Unidos en la semana que pasó y, al igual que en los programas anteriores, revisaremos los importantes cambios políticos, económicos y sociales de EE.UU.
En su más importante misión diplomática y en su calidad de secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson viajó el 11 de abril a Moscú para disuadir a las autoridades rusas de apoyar al gobierno sirio y, antes de su arribó a la capital rusa, dijo que Rusia debe elegir entre EE.UU. o el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, en el encuentro de Tillerson con las autoridades de alto nivel rusos, incluido el presidente Putin, ambas partes no llegaron a un acuerdo sobre Siria. Tras ese fallido viaje de Tillerson a Moscú, los mandatarios de los dos países hablaron, con similar literatura, de una profunda desconfianza mutua, la cual se tradujo en el veto, por parte de Rusia, del borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en condena de Siria. En la ONU, EE.UU., Reino Unido y Francia trataron de condenar al gobierno de Siria y obtener sus secretos militares al acusarlo del supuesto ataque químico en la ciudad de Jan Sheijún, en la provincia noroccidental de Idlib. Aun así y pese a los esfuerzos de Estados Unidos para crear fisura entre Moscú y Damasco, Rusia una vez más vetó el proyecto de resolución propuesto por los países occidentales que buscaba presionar a Siria. En cambio y en respuesta al veto ruso, el Ejército norteamericano lanzó el 13 de abril sobre Afganistán su mayor bomba no nuclear, conocida como la “Madre de Todas las Bombas”. Simultáneamente y al reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente norteamericano Donald Trump subrayó que esta organización no es obsoleta, contradiciendo uno de sus postulados electorales. Dijo asimismo que la OTAN se encuentra luchando contra los terroristas, mientras que antes le había acusado de no querer combatir el terrorismo.
La semana pasada se dio a conocer que el Buró Federal de Investigación de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés) había recibido en verano pasado la orden de monitorear las comunicaciones de Carter Page, asesor de Trump durante la campaña presidencial, por ser supuestamente agente de Rusia. Según el Washington Post, el FBI y los comités del Congreso se encuentran investigando si Page y Trump habían hecho ciertas acciones con la complicidad rusa para manipular las elecciones de 2016, aunque ambos han rechazado la acusación.
Entretanto, se anunció que Mike Quigley, representante demócrata por Illinois y miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, viajó a Chipre para dar seguimiento a un supuesto lavado de dinero del Kremlin. Ha sido encargado para investigar las cuentas bancarias del gobierno ruso en Chipre a fin de hallar pruebas de lavado de dinero destinado a influenciar en el proceso electoral del año pasado en EE.UU. Parece ser que tras el cambio de curso de Trump, -- del enfoque amistoso hacia Rusia a una política muy hostil contra Moscú--, ha cambiado también el proceso de investigación de la intervención rusa en las elecciones del año pasado de EE.UU. Antes del ataque con misiles de EE.UU., el 7 de abril, a una base aérea en Siria, las instancias encargadas de indagar la presunta intromisión rusa así como los medios norteamericanos señalaban a Trump y a sus allegados. Pero desde hace unos días las mismas entidades y medios están tratando de aumentar la presión sobre Moscú bajo el mismo pretexto. Dicho de otra forma, el expediente que debía ser utilizado por la comunidad de inteligencia norteamericana y en nombre de las formaciones políticas de ese país – tachadas de corruptas por Trump durante la campaña electoral – para hacerlo entrar en razón al mandatario inexperto y rompedor de moldes de EE.UU., ahora y tras su éxito en la prueba de confrontación con Moscú, se ha convertido en un expediente contra Rusia.
El 11 de abril, el vocero de la Casa Blanca Sean Spicer, comparó al presidente sirio Bashar al-Assad con Adolf Hitler, diciendo que este último no usó el gas sarín contra su propio pueblo en la misma forma en que Assad lo está haciendo, en referencia a la supuesta implicación del gobierno sirio en el ataque químico en la ciudad de Jan Sheijún. Estos pronunciamientos, que desataron una gran polémica en EE.UU., inmediatamente fueron interpretados como un intento de negar el Holocausto. Los lobbies sionistas y algunos congresistas y medios estadounidenses evocaron la muerte de judíos europeos en las cámaras de gas durante el dominio del fascismo sobre Europa, y acusaron a Spicer de antisemitismo. Hasta Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, abogó por la expulsión de Spicer de la Casa Blanca. Sin embargo, esa polémica se atenuó cuando este último de disculpó e insistió en respetar las sensibilidades de los lobbies sionistas a la hora de dar la lectura oficial del Holocausto.
Otro escándalo que había afectado desde hace mucho tiempo al gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley, desembocó en su destitución. Estaba acusado de tener relación inmoral con una de sus empleadas, del abuso de los recursos gubernamentales y de intentar engañar al tribunal. Ese suceso fue un revés para el prestigio de los republicanos en el estado de Alabama.
Por otra parte, el alegato de Eric Trump, hijo del presidente Trump, sobre que su hermana, Ivanka, influyó en la decisión de su padre de atacar a Siria, reforzó la idea de intromisiones familiares en las más importantes decisiones político-militares en la Administración Trump. Según Eric, Ivanka se metió en el asunto al verse conmocionada por las fotos de los niños muertos sirios por inhalación de gases tóxicos. No obstante, los medios criticaron que el comandante en jefe del Ejército de EE.UU. se deje llevar por su hija para atacar otro país.
La semana pasada, 1.500 economistas estadounidenses enviaron una carta al presidente Trump y a las autoridades de alto nivel del Congreso en la que subrayaron que la inmigración es una de las más importantes ventajas competitivas de EE.UU. en la economía global y no sólo no supone una amenaza para el país, sino que también representa una oportunidad para la economía y los trabajadores estadounidenses. Esto sucede mientras Trump está tratando de modificar la macropolítica migratoria para impedir el ingreso de nuevos inmigrantes y expulsar a aquellos ilegales. Transcurridos casi tres meses de la toma de posesión de Trump, las autoridades locales han acelerado el proceso de deportación de algunos migrantes indocumentados que han cometido delitos o han sido condenados en los tribunales. Simultáneamente, Trump ha firmado dos órdenes ejecutivas para vetar la entrada de los ciudadanos de algunos países musulmanes, aunque en ambos casos, los tribunales de EE.UU. han ordenado la suspensión de esos decretos. No obstante, la Administración Trump sigue insistiendo en su política anti-inmigración. La construcción de un muro en la frontera con México es otra de esas políticas que ha generado amplias protestas. Se prevé que la construcción de ese largo muro cueste más de 20,000 millones de dólares. En el presupuesto del año fiscal 2017, Trump ha pedido que se asignen más de 3,000 millones de dólares a esta obra. Pero no parece que los congresistas acepten tal solicitud, ya que cuestionan la eficacia de ese proyecto a la hora de bloquear la entrada de los inmigrantes ilegales y combatir a las bandas de trata de personas. El público también se opone seriamente a parecida políticas. La semana pasada, una concentración en contra de la política antimigratoria y racista de Trump, que se registró frente a la Torre Trump en Manhattan, Nueva York, derivó en violencia, y la policía arrestó a al menos 25 manifestantes.
La semana pasada, los estadounidenses volvieron a presenciar tiroteos en una escuela. Esta vez en una escuela primaria en San Bernardino, en el estado de California, con un saldo de tres muertos: El propio disparador, una maestra y un estudiante. Se comenta que el asesino, tras separarse de su esposa, la misma maestra, mató a ella y a un estudiante adolescente en un acto de delirio. Es por enésima vez que se producen tiroteos en las escuelas de EE.UU. muriendo algunos alumnos, sin que se hayan tomado medidas para evitar la repetición de tales amargos sucesos. Los lobbies fabricantes de armas que tienen mucha influencia en los políticos estadounidenses, sobre todo los congresistas, se oponen duramente al control del porte de armas en el país, por lo que en EE.UU. hay dos armas de fuego por cada tres personas. Se afirma que alrededor de 16,000 personas mueren anualmente por el uso de armas de fuego en el país norteño. La semana pasada, tuvo lugar en Chicago una manifestación contra la extensión de la violencia armada. Cerca de mil habitantes de esta ciudad llevaban pancartas que decían "Vamos a construir juntos un Chicago no violento". Chicago se conoce como “la capital del crimen y matanza”. En lo que va de año, 865 personas fueron baleadas en Chicago, de las cuales murieron unas 200. Por otra parte, la decisión de las autoridades del estado de Arkansas de ejecutar a siete prisioneros antes del fin del mes en curso, ha indignado a los grupos cívicos y opositores a la pena de muerte en Estados Unidos. Se dice que este número de ejecuciones durante un corto período de tiempo es algo inédito en EE.UU. Aun cuando en el año pasado se redujeron las ejecuciones en el país, en algunos estados con el refuerzo del clima de conservadurismo tras el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial, se ha acelerado el proceso de la emisión de sentencias de muerte y su aplicación.
