May 03, 2017 08:03 UTC

Saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con Uds. con un programa más de la serie Estados Unidos en la semana que pasó y, al igual que en los programas anteriores, revisaremos los importantes cambios políticos, económicos y sociales del país norteamericano.

Al reunirse el 27 de abril en Washington con su homólogo argentino, Mauricio Macri, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que va a ser un buen amigo para el país sudamericano. Y para mostrar su buena voluntad, informó que su Administración ha puesto a disposición del gobierno de Macri más de 3 mil documentos estatales en relación con la violación a los derechos humanos durante la dictadura en Argentina. Estos documentos comprenden casos desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 que muestran los vínculos que mantenía el entonces gobierno estadounidense con el régimen dictatorial argentino. En aquellos años, los militares argentinos habían establecido un gobierno violento que violaba flagrantemente los principios democráticos y los derechos humanos. La “guerra sucia” es la expresión que se usaba para aquella época en el país latinoamericano, cuyo gobierno era apoyado también por EE.UU. Los documentos divulgados por el gobierno de Trump pueden considerarse una fuente de primera mano para demostrar el papel de Washington en la guerra sucia y en la sangrienta represión de los opositores políticos en un periodo de la historia de Sudamérica.
 
Por otra parte y en un viaje no anunciado, el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, se desplazó de Yibuti a Afganistán el 24 de abril, un día después del ataque de los talibán a una base del Ejército afgano, en Mazar-i Sharif, norte del país, con un saldo de 140 muertos. Esa ofensiva sangrienta y de escasos precedentes puso de relieve que pese a que las autoridades norteamericanas no dejan de insistir en el éxito en la campaña antiterrorista en Afganistán, el país centroasiático sigue siendo vulnerable ante los grupos extremistas y terroristas.
 
La semana pasada y en vísperas de los primeros 100 días del mandato de Trump, aumentaron las medidas de la Administración para influenciar en la opinión pública nacional. A modo de ejemplo, fue lanzada el 26 de abril una reforma fiscal, considerada como la mayor de la historia de EE.UU. para rebajar los impuestos. Así, está previsto reducir hasta un 15 % el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tema que ha llamado mucho la atención de un grupo de ciudadanos así como activistas económicos. Empero, hubo advertencias de que ese plan acabaría aumentando el déficit presupuestario y las deudas del país.
 
Esto sucedió mientras la Casa Blanca y el Congreso no pudieron, la semana pasada, resolver el problema de la redacción del presupuesto del año fiscal de 2017. Desde luego, tras un acuerdo entre los republicanos y demócratas, el Gobierno se salvó del riesgo de un nuevo cierre, pero ambas partes solo acordaron aprobar una prórroga de una semana del presupuesto federal actual. Si el proyecto de presupuesto no hubiera sido aprobado al final del día 28 de abril, las actividades del gobierno federal se hubieran suspendido por tercera vez en la historia del país. El desacuerdo sobre la persistencia del plan de seguros baratos, conocido como Obamacare, y el controvertido tema de la construcción del muro  con México, se mencionaron como las causes más importantes de la incapacidad de la Casa Blanca y del Congreso para aprobar el presupuesto de 2017. 
 
Finalmente, Trump firmó el 26 de abril un decreto que revisa, tras un siglo, la ley de tierras federales, conocida como la Ley de Antigüedades. Con esta decisión de Trump, el gobierno federal perderá su control sobre cientos de miles de hectáreas de tierras nacionalizadas, resguardadas como parques nacionales o tierras de los pueblos autóctonos. Trump ha afirmado que su decreto busca ceder las responsabilidades al pueblo, mientras que los críticos lo tildan de saqueo de los capitales nacionales y la eliminación de las tierras protegidas.
 
La semana pasada, continuaron los escándalos y polémicas noticiosas en EE.UU. El Departamento de Defensa informó del inicio de una investigación sobre el escándalo financiero de Michael Flynn, destituido consejero de seguridad nacional de Trump. Según los documentos de la Casa Blanca, Flynn ha guardado silencio respecto a los fondos que supuestamente ha recibido de la cadena de televisión rusa RT  y de dos empresas rusas.
 
Desde luego, los ex asesores de Trump no eran los únicos bajo lupa de los medios y la opinión pública durante la semana pasada, sino que también la participación de Ivanka, hija de Trump, en una conferencia internacional sobre el empoderamiento de mujeres celebrada el 25 de abril en Berlín armó un lío. Al evento, presidido por la canciller alemana, Angela Merkel, acudió Ivanka como si fuera una autoridad oficial, y al intervenir recibió los abucheos y risas del público por defender a su padre diciendo que nadie como éste respeta a las mujeres y apoya su progreso. A su vez, el ministro germano de Exteriores, Sigmar Gabriel, dijo que la presencia de Ivanka en la conferencia de Berlín evoca una forma de nepotismo en la Administración Trump y lo calificó como algo inimaginable en Alemania.
 
Por otra parte, el expresidente estadounidense Barack Obama fue objeto, el 27 de abril, de críticas de sus correligionarios tras informes de que recibirá 400.000 dólares por pronunciar en septiembre un discurso en una conferencia sobre salud en Wall Street. Uno de los críticos es el senador Bernire Sanders, quien ya había reclamado previamente reformas estructurales en el Partido Demócrata.
 
En lo que se refiere a la violación de los derechos humanos en EE.UU., la Suprema Corte de Justicia del país anunció el 24 de abril que no atenderá la demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) que obligaría al Senado a publicar su reporte sobre el programa de detención y tortura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)  durante la administración del expresidente George W. Bush. Como reacción, la Directora de Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, Hina Shamsi, dijo que esa decisión echó por tierra las esperanzas para crear transparencia. Añadió que el amplio uso de técnicas de interrogatorio violento, entre ellas el ahogamiento simulado, y la utilización de tortura en las cárceles secretas de EE.UU., ha causado problemas para Washington.
 
Por otro lado, la primera doble ejecución en EE.UU. desde 2000, realizada el 24 de abril en el estado de Arkansas, suscitó críticas. El ajusticiamiento de ambos reos, encarcelados desde la década de los 90, fue adelantado por acercarse la fecha de la caducidad de una sustancia de las inyecciones letales. Desde el principio, estaba previsto que ocho condenados fueran ejecutados en 11 días, pero amplias protestas lo impidieron. Las autoridades habían dicho que tomaron tal decisión porque temían el agotamiento de las medicinas necesarias para las inyecciones letales, mientras que los grupos opositores insistían en que los partidarios de la ejecución quieren, con este enfoque, extender casos de ejecución en EE.UU.
 
Entretanto, el diario The Independent informó que los incidentes relativos al islamofobia en EE.UU., denunciados por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., habían aumentado alrededor de mil por ciento en los primeros 100 días del mandato de Trump. Los aeropuertos internacionales han sido el lugar principal de la discriminación y violencia contra los inmigrantes musulmanes. Asimismo, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses denunció que los casos en que los agentes y funcionarios de la citada Oficina han instruido expedientes contra los musulmanes han registrado un considerable aumento en el primer trimestre de 2017. Según dicho Consejo, las órdenes ejecutivas de Trump para vetar el ingreso de ciudadanos de seis países islámicos en EE.UU., han tenido una relación directa con el incremento del islamofobia en ese país.
 
El Departamento de Comercio anunció el 28 de abril que la economía nacional creció a un ritmo anual del 0.7% en los tres primeros meses del año. Se trata del ritmo de crecimiento trimestral más lento desde el primer trimestre de 2014. Según los expertos, en dicho periodo de tiempo, debido a los temores del pueblo, el país se enfrentó a un débil gasto del consumidor, mientras que Trump, antes de entrar a la Casa Blanca, siempre había prometido a la gente mejorar la situación económica y florecimiento de negocios.
 

Simultáneamente, los resultados de un nuevo estudio en EE.UU. demostraron la semana pasada que el sueño de los ciudadanos para mejorar las condiciones sociales ha perdido fuerza. Según estos resultados, menos de la mitad de los nacidos en EE.UU. en 1984 tienen un ingreso superior al de sus padres, mientras que hace cuatro décadas, esta proporción fue 9 a 10. Esta investigación indica que la situación económica y social en EE.UU. en las últimas décadas ha avanzado de tal manera que la esperanza en el mejoramiento de la futura situación de los hijos de las familias norteamericanas se ha disminuido drásticamente con respecto al pasado de sus padres. Los expertos se refieren a este fenómeno como debilitamiento del sueño americano.