La semana pasada, después de que se informara la noticia sobre la dimisión del principie heredero de Arabia Saudí, Mohamad bin Nayef, y de que sería reemplazado por Mohamad bin Salman, el presidente estadounidense llamó por teléfono al nuevo heredero del trono saudí.  Más tarde, la Casa Blanca informó a través de un comunicado que el Donald Trump y el nuevo príncipe heredero árabe habían dialogado sobre el fortalecimiento de la lucha contra el terrorismo y discutido las vías para resolver las discrepancias entre Riad y Doha. De hecho esta llamada es inusual pues hasta ahora no se ha visto que un mandatario estadounidense felicite tan de inmediato el nombramiento de un príncipe heredero de los países monárquicos. Desde luego, para el Gobierno de Trump, una persona como Mohamad bin Salman no es un príncipe más. Se dice que la firma de los acuerdos militares y no militares por un valor de 400 mil millones de dólares entre EE.UU. y Arabia Saudí fue el resultado del último viaje de Trump a Arabia Saudí y de las negociaciones intensivas entre Trump y el recién nombrado príncipe heredero, Mohamad bin Salman. De hecho, este príncipe viajó a Washington cuando Trump recién había entrado en la Casa Blanca, para invitarlo a que haga su primer viaje internacional a este país árabe. Y cuando Trump viajó al país árabe ya se había asegurado la firma de los acuerdos por unos 100 mil millones de dólares con Salman, rey de Arabia Saudí, y para celebrarlo se unió al baile de espadas a los príncipes saudíes. Algunas fuentes informativas subrayan que los altos funcionarios estadounidenses confirmaron la destitución del príncipe heredero de Arabia Saudí y el nombramiento del hijo del rey, Mohamad ibn Salman, a la corona en el mismo viaje que llevó a cabo Mohamad ibn Salman a Washington; y justo un mes después del viaje controversial de Trump a Riad ocurrieron estos cambios. La inmediata llamada telefónica de Trump a Mohamad ibn Salman señala que EE.UU. cuenta de una forma especial con las ambiciones y los aventurismos del nuevo príncipe joven saudí para llevar a cabo los cambios buscados en las criticas regiones  del Occidente de Asia y del Norte de África.

 

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó que haya grabado sus conversaciones con el exdirector del FBI James Comey. El mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que no tenía ninguna grabación de sus diálogos con Comey ni tampoco accedió a una cinta de grabación sobre el tema. Esto ocurre mientras que, previamente, Trump había amenazado implícitamente a Comey con que si éste revelara los secretos sobre el caso de la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de EE.UU., Trump filtraría a la prensa la conversación grabada que había mantenido con Comey. Los críticos de Trump creen que estas amenazas son un intento para callar al principal responsable en las investigaciones en el caso de Trump-Rusia. Desde luego, Comey había declarado que tomó nota de las conversaciones que mantuvo con Trump mientras era el jefe del FBI, y que en su momento, facilitaría todas las notas citadas a quien corresponda, el Congreso entre ellos. Esto ocurre mientras que la semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha conseguido informaciones que revelan que ya desde hace meses antes de la celebración de las elecciones presidenciales de EE.UU., celebradas el pasado noviembre, Rusia había influenciado en el sistema de las elecciones de unos 21 estados pero esta influencia no había modificado el resultado de las elecciones. La publicación de esta noticia hizo que desde el Partido Demócratas se lanzaran muchas críticas contra el  Partido Republicano y, en particular, apuntando al mismo Trump. No obstante, el jefe de Estado estadounidense acusó tanto a los demócratas, incluido el expresidente Barack Obama, de quedarse con los brazos cruzados ante el ataque de los hackers rusos y que ahora después de haber perdido las elecciones, aparecen los reclamos al nuevo gobierno exigiendo investigaciones al respecto.

 

La semana pasada, se intensificaron las discusiones en el Congreso estadounidense sobre el proyecto de ley de salud. Algunos senadores republicanos informaron que no apoyarán el proyecto de ley de salud elaborado por el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta. Actualmente, un grupo de republicanos cree que el nuevo proyecto de ley de salud no disminuye lo suficiente el rol del gobierno en ajustar las relaciones entre los asegurados y las compañías de seguro médico. Otros republicanos están preocupados de que los cambios de las normas en la ley en cuestión afecten a la clase baja de la sociedad y, en consecuencia, caiga el número de votos en las próximas elecciones de medio término del Congreso. Y otros republicanos están indignados de que el senador Mitch McConnell haya elaborado a escondidas el proyecto de ley de salud. Los republicanos esperan que dejando de lado el sistema de salud impulsado por Barack Obama, conocido como Obamacare, además de reducir los gastos del Gobierno Federal en el sector de salud, también favorecerá a que millones de los ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones del próximo año, a favor de este partido. Mientras que según los demócratas, eliminar el sistema de salud Obamacare y sustituirlo con cualquier otro proyecto, hace que por lo menos 20 millones de las personas de bajos ingresos y vulnerables de la sociedad pierdan la oportunidad de contar con beneficios del seguro médico. Las evaluaciones de impacto estiman de que sin los seguros de salud baratos impulsados con subsidios públicos, la tasa de la mortalidad en EE.UU. aumentará considerablemente y se beneficiará más que nunca a las compañías de seguro. Actualmente, hay una unanimidad entre los intelectuales y los ciudadanos estadounidenses sobre la inoperancia de la ley de salud de Obamacare. Incluso, los demócratas y la gente cercana al exgobierno estadounidense hacen hincapié en la necesidad de hacer reformas para mantener vigente esta normativa. Sin embargo, se ve una fisura dentro de EE.UU. sobre si hay que hacer algunas reformas o hay que reemplazarla por otra.

 

La semana pasada, la Organización de Amnistía Internacional criticó la violación sistemática de los derechos humanos en EE.UU. Esta oenegé, en  un informe sobre el nivel de respeto de los Derechos Humanos en los EE.UU., especificó que este país después de los atentados del 11-S no ha llevado a cabo ninguna medida para acabar con las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, la tortura o el secuestro, según los planes de la CIA, entre otras violaciones. El informe indica que desde el año 2016, es decir, dos años después de que un comité en el Senado de este país revelara un informe sobre los maltratos realizados en las detenciones secretas bajo la dirección de la CIA, las autoridades de EE.UU. aún no han dado ninguna explicación respecto a estos crímenes. Amnistía internacional también notificó que sigue las  preocupaciones por el trato hacia los refugiados e inmigrantes, ya que se han registrado casos de aislamiento en las cárceles estatales y federales y también el uso de fuerza excesiva para controlar la situación. En su informe, esta entidad pro derechos humanos señaló que los hombres de raza negra son las mayores víctimas de las matanzas de la Policía estadounidense. Lo preocupante para Amnistía Internacional es el uso de equipamientos antidisturbios y armas militares para contener las congregaciones de manifestantes, ya que no se respetan los derechos de los ciudadanos en las manifestaciones pacíficas. Esto ocurre mientras que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses ha manifestado su inquietud sobre la posibilidad de que se desate violencia durante el mandato de Trump. Según las encuestas realizadas por el Centro de Investigación de Rasmussen Reportes, el 76 % de los estadounidenses ha manifestado su preocupación por el surgimiento de violentos conflictos políticos durante el gobierno de Trump. Conforme a este sondeo, sólo el 6 % de la población en EE.UU. está segura de que durante la jefatura del republicano no ocurrirán este tipo de choques en el país.