La semana pasada, el huracán Harvey, a su paso por el sur de EE.UU., dejó daños sin precedentes. Este huracán tropical afectó las áreas residenciales, industriales y comerciales del estado de Texas, también inundó la ciudad poblada de Houston donde cientos de miles de ciudadanos se vieron obligados a desalojar, además de causar la muerte de 50 personas.
Las evaluaciones indican que los efectos devastadores del Harvey superarán a los del huracán Caterina ocurrido en 2005 y, alcanzarán los 200 mil millones de dólares en daños lo que supone un gran reto para los funcionarios del gobierno federal y de los estatales.
Cabe mencionar que el gobierno actual de EE.UU., aprovechando las experiencias del gobierno del expresidente George W. Bush, ha manejado y actuado mucho mejor en esta situación. Sin embargo, dada la falta de presupuestos federales y estatales, la continuación de la ayuda a los cientos de los evacuados de la tormenta y la inundación y la reconstrucción de los daños, ha enfrentado a las autoridades con un serio desafío. Ahora, declarando el estado de emergencia en los estados de Texas y Luisiana, las autoridades estatales podrán recibir ayuda del gobierno federal, el cual, sin embargo, necesita de la autorización del Congreso para aportar una ayuda inmediata por un valor de 7 mil millones de dólares a las regiones afectadas. Esto ocurre mientras que, por un lado, se prevé que la cifra citada podría ser mucho mayor y, por el otro, el mismo gobierno federal está con problemas para suministrar su presupuesto diario.
La semana pasada, además del huracán Harvey en el sur de EE.UU., el gobierno estadounidense también se enfrentó con otro huracán en el escenario político-social. La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de indultar a Joe Arpaio, excomisario racista en el estado de Arizona, provocó una escandalosa polémica en el mundo político de Washington. La decisión tomada al respecto, no sólo fue rechazada por los grupos defensores de la igualdad de los derechos y por los antirracitas, sino que desde el mismo Partido Republicano también se escucharon enérgicas críticas. El presidente republicano de la Cámara Baja, Paul Ryan, reprochó la actitud de Trump de que, entre los primeros casos de indulto de los condenados, el presidente había perdonado a un oficial de policía condenado por un tribunal. Ryan advirtió de que un indulto presidencial a un condenado por ignorar las leyes, provocará finalmente un caos en la sociedad. En realidad, Trump con esta decisión demostró que su gobierno apoya a los personajes antiinmigrantes pese a que desobedezcan las leyes y estén condenados por la justicia. Este tema extendió las críticas hasta el gabinete justo unos días después de que ocurrieran los disturbios discriminatorios en Charlottesville y, las posiciones segadas de Trump ante los derechistas racistas; De modo que, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, en unas declaraciones sin precedentes, deslindándose de Trump, dijo que este habla por su parte. Por otro lado, el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, hizo referencia a otro caso relacionado con la minoría en EE.UU. y, aplazó la decisión de Trump de no permitir que los transexuales sirvan al ejército estadounidense. Debido a estas declaraciones, la semana pasada, escalaron los desacuerdos entre Trump y los integrantes de su gabinete. El asesor despedido del presidente estadounidense, Sebastián Gorka opinó: “Pese a que Donald Trump no está apoyado por muchas personas de su entorno, él continuará decididamente con sus objetivos y sus políticas”.
La semana pasada, otro significativo paso fue dado en cuanto al caso de la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU., lo cual aumentará las presiones sobre Donald Trump. Según los medios de comunicación masiva estadounidenses, Robert Mouller, fiscal especial para este caso, abrió una investigación preliminar sobre el despido de James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Los críticos de Trump, Comey entre ellos, han recalcado que el presidente despidió al director del FBI para que no se revelara la realidad sobre el rol del general jubilado Mike Flynn, asesor de seguridad de aquél entonces del presidente. Sin embargo, la Casa Blanca ha descartado fuertemente esta alegación y ha resaltado que el motivo de su despido se debe a la incapacidad de Comey ante el caso de los correos electrónicos de Hilary Clinton, exsecretaria de Estado de EE.UU. y también la rival del actual mandatario estadounidense en las elecciones presidenciales de 2016. Ahora, Mouller, estudiando los documentos, pretende verificar las alegaciones de ambos lados. Lo importante es que, si se demuestra que Trump despidió a Comey con el fin de hacer callar al FBI en el transcurso de las investigaciones que se llevaba a cabo contra Flynn, el presidente estadounidense se enfrentará con la primera y la más importante acusación por el caso controvertido de la intervención de Rusia en las últimas elecciones presidenciales en EE.UU. y, además, puede enfrentarse con el enjuiciamiento, situación por la cual puede llevar al presidente estadounidense en un tren cuya última parada será la apelación en el Congreso y, finalmente, su renuncia al poder.
La semana pasada, la política de EE.UU. fue afectada por la crisis de Corea del Norte, la tensión en las relaciones mantenidas con Rusia, el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) y también por el polémico muro fronterizo con México. El nuevo ensayo de misil de Corea del Norte realizado la semana pasada, enfrentó otra vez al gobierno estadounidense con un antiguo desafío, este es, qué medidas debería tomar el gobierno en el futuro para impedir el desarrollo de las capacidades atómicas y misilísticas de Pyongyang. Cabe destacar que el Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado tomar medidas duras contra Pyongyang, lo cual ha hecho más difícil las cosas para Washington, ya que, la actitud del Consejo de Seguridad ha dejado sin efecto estas amenazas y, las autoridades norcoreanas no responden adecuadamente a la retórica amenazante de Trump. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre del consulado de Rusia en San Francisco y de otras dos oficinas diplomáticas rusas en EE.UU., los cuales escalaron la guerra diplomática entre Moscú y Washington. Una guerra que comenzó en las últimas semanas del mandato del expresidente estadounidense, Barack Obama, bajo el pretexto de la intervención de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de EE.UU. y, continuó con la decisión reciproca de Rusia que trata de expulsar más de 700 diplomáticos estadounidenses en el país ruso. Y ahora, esta situación se ha intensificado con la nueva decisión de Washington. Los altos funcionarios rusos han calificado la decisión de EE.UU. de hostil y, de mucho más dura que los comportamientos del gobierno de Obama. Además, han amenazado que tomarán represalias por el cierre del consulado ruso en San Francisco. Por lo cual es de esperar que continúen durante las próximas semanas y los meses estas reacciones reciprocas en la disputa diplomática entre EE.UU. y Rusia. Al respecto, Alexei Chapa, vicepresidente de Comisión para asuntos internacionales en la Duma de Rusia (Cámara Baja del Parlamento) ha dicho: “Rusia no dejará sin respuestas a estas actitudes de EE.UU.” Y en cuanto al muro fronterizo con México, por lo visto, después de unas semanas de discusiones entre la Casa Blanca y el Congreso, Trump retiró su posición para la construcción del muro citado, incluso, la posición por la cual estaba dispuesto al cierre del gobierno federal. Si este informe es correcto, la aprobación del presupuesto no sólo salvará del gobierno federal de un callejón sin salida, sino que también disminuirán las tensiones políticas entre Washington y la Ciudad de México; además, las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) se realizarán en un ámbito mucho más tranquilo.