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La cadena de televisión CNN anunció el jueves que los 50 estados de EE.UU., más Washington D.C., aprobaron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y que la reunión de los electores (Colegio Electoral) tendrá lugar a su debido tiempo, el 14 de diciembre.

Joe Biden obtuvo 306 votos electorales, y Donald Trump 232, de un total de 538. Para ganar las elecciones se requieren 270 votos electorales.

Cada estado de Estados Unidos tiene su propio proceso de aprobación final de los votos electorales, que es independiente de los resultados locales y estatales anunciados.

El tema más delicado ahora será la votación del Colegio de Electores el 14 de diciembre y la transferencia a los altos funcionarios para su conteo en la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021.

La cadena CNBC informó el 10 de diciembre que 17 estados de EE. UU. han comunicado al Tribunal Supremo que apoyan la decisión del fiscal general de Texas, Ken Paxton, de interponer una demanda para revertir los resultados electorales, y anular la victoria de Joe Biden en el Colegio Electoral.

El 8 de diciembre, Paxton presentó en la Corte Suprema una acción legal de 154 folios contra los estados de Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin, en los que ha ganado Biden.

Ken Paxton dijo que "probaré en la corte cómo estos cuatro estados ignoraron las leyes electorales federales y estatales y promulgaron ilegalmente cambios de última hora. La mayoría de las decisiones apresuradas, tomadas por funcionarios locales, no fueron aprobadas por las legislaturas estatales, eludiendo así la Constitución”.

Lo que afirman los funcionarios de Texas, es que los citados cuatro estados abusaron de la pandemia COVID-19 para eludir el proceso constitucional previsto para las elecciones, que, según ellos, dañaron la integridad de las elecciones y además hay amplias evidencias de fraude en estos estados.

Lo que pide Texas a la Corte Suprema es que o se postergue el nombramiento del presidente hasta que se sepa el resultado de la acción legal, o bien los electores de estos cuatro estados sean nombrados por sus parlamentos estatales teniendo en cuenta la disputa sobre los votos, o sea que los votos públicos no sirvan de criterio para designar a estos electores.

La Corte Suprema de EE.UU. rechazó el 11 de diciembre la demanda presentada por Texas para revocar los resultados electorales de los 4 estados clave que dieron la victoria a Biden.

Esta decisión de la Corte Suprema pone fin a cualquier esfuerzo de los partidarios de Trump para revertir los resultados electorales y ganar los comicios, en circunstancias que él ya fracasó en las urnas.

La demanda de Texas, respaldada por otros 17 estados republicanos, pedía a la Corte Suprema que pospusiera la reunión de los electores, destinada a anunciar definitivamente al próximo presidente y anulara los votos en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia.

Desde el 4 de noviembre, Donald Trump sigue sin reconocer su derrota interponiendo cientos de demandas en tribunales locales y estatales, con la esperanza de poder ganar el fallo de la Corte Suprema a su favor considerando que tres jurisconsultos de este tribunal han sido designados él.

Pero la Corte Suprema demostró que no involucra sus intereses políticos ni en el caso de Pensilvania, en el que los republicanos pidieron que se anularan los votos por correo, ni en la acción legal presentada por Texas.

En su fallo, la Corte Suprema justificó que “Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible sobre la manera en que otros estados llevaron a cabo las elecciones”.

En un comunicado publicado en su sitio web, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo lo siguiente: “La Corte ha descartado con razón la demanda republicana extrema, ilegal y antidemocrática para anular la voluntad de millones de votantes estadounidenses. Los 126 congresistas republicanos que se unieron al pleito "deshonraron a la Cámara de Representantes. En lugar de respetar su juramento de apoyar y defender la Constitución, eligieron subvertir la Constitución y minar la confianza pública en nuestras sagradas instituciones democráticas".

Refiriéndose al número de muertes por el coronavirus en EE.UU., la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó el 10 de diciembre la negligencia de la Administración Trump en lidiar con la COVID-19 denunciando que las víctimas de la pandemia ya superan a las pérdidas en el combate del país durante la Segunda Guerra Mundial.

Junto a la tribuna del discurso de Pelosi, estaba colocado un gran escrito significativo que decía: “total de los militares muertos en la Segunda Guerra Mundial: 291.557: total de los muertos a causa de la pandemia: 290.000”.

Para llamar mayor atención a este escrito, Pelosi, antes de iniciar su discurso, se puso junto a la tribuna y fijo su mirada al escrito a modo de reflexión.

El número de los infectados con la COVID-19 en EE.UU. ha subido a más de 16 millones, y el número de los muertos a más de 300 mil, según algunas estimaciones.

El día 9 de diciembre, más de 3.000 personas murieron por esta enfermedad, con lo cual se batió también al récord de muertos de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Muchos creen que Donald Trump solo piensa en ganar las elecciones presidenciales y ha perdido su constancia en combatir a la pandemia.

Con anterioridad, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., advirtió que “probablemente, durante los próximos 60 a 90 días, vamos a tener más muertes por día de las que tuvimos el 11 de septiembre o las que tuvimos en Pearl Harbor”.

Redfield subrayó que “antes de que las vacunas estén disponibles de forma generalizada., hay que redoblar las medidas de precaución”.

Señaló: “Lo que creo que podríamos haber hecho mejor fue tener más consistencia en dar información a todo el público, no solo los líderes políticos, no solo los gobernadores, sobre la necesidad de usar mascarillas”.

Añadió: “Es muy decepcionante que haya gobernadores que tienen la sensación de que las mascarillas no funcionan”.

Aproximadamente 2.900 ciudadanos estadounidenses murieron en los ataques terrorista del 11 de septiembre de 2001.

Asimismo, alrededor de 2.400 norteamericanos perdieron la vida en el ataque de aviones japoneses a la base naval de EE.UU. en Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial.

Esto sucede mientras el número de las víctimas en un solo día por la COVID-19 en el país norteño se elevó al máximo histórico de 3.054, el 9 de diciembre.

Jake Sullivan, nombrado por el presidente electo Jose Biden, como el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó que la nueva Administración norteamericana quiere reincorporarse al acuerdo nuclear iraní, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) y respetar sus artículos a fin de crean condiciones en que Irán también vuelva a sus compromisos en virtud de este pacto.

Sullivan, precisó que el regreso de Washington al JCPOA significaría el levantamiento de las sanciones que han infligido miles de millones de dólares en daños a Irán, añadiendo que este regreso allanaría el camino para las siguientes negociaciones sobre temas más amplios.

El presidente electo Joe Biden ha prometido el retorno de EE.UU. al JCPOA, pero también ha instado a que se prolonguen las restricciones a las actividades nucleares de Irán y a que se incluyan otros temas en este acuerdo, como la capacidad balística iraní, política regional de Teherán y el tema de los derechos humanos.

Como reacción, Said Jatibzade, portavoz de la Cancillería persa, ha reiterado que Irán no acepta renegociar el JCPOA, endosada por la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU en julio de 2015.

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