El Senado de Estados Unidos inició el 9 de febrero el proceso de juicio político al expresidente Donald Trump.

 

El Senado aprobó la constitucionalidad del impeachment con un total de 56 votos a favor y 44 en contra, pese a la terminación del mandato de Trump, con lo cual quedó claro que, además de todos los senadores demócratas, algunos republicanos también están de acuerdo con el proceso en contra de Donald Trump.

 

El equipo legal de Trump ha negado enérgicamente todos los cargos en su contra, alegando que él había pedido a la gente que mantuviera la calma durante las protestas del 6 de enero.

 

Según David Schoen, abogado de Trump, "este juicio desgarrará a nuestro país, quizá como lo hemos visto solo una vez antes en la historia de Estados Unidos", en aparente referencia a la guerra civil en el país (1861-1865).

 

En cambio, los “fiscales” demócratas defendieron el proceso, al precisar que Trump debe ser condenado a las penas más severas de la Constitución por “incitación a la insurrección”, aunque ya no es presidente en el cargo.

 

Uno de dichos fiscales, David Cicilline, declaró que "Trump apoyó a los insurgentes, alabó su motivación y validó el asalto al Capitolio".

 

Los abogados de Trump criticaron la acusación contra su cliente en la Cámara de Representantes, desestimaron el proceso del Senado como un "teatro político" y trataron de desafiar el impeachment a través de la Constitución. Según ellos, el Senado no tiene derecho de enjuiciar a Trump cuando ya no es presidente de Estados Unidos.

 

Pero los fiscales del juicio político a Trump opinan distinto diciendo que Trump ha traicionado al pueblo de su país y no tiene excusa válida para esa acción.

 

 

Los diputados-fiscales demócratas del proceso de Trump advirtieron que si los senadores no lo condenan permitiéndole volver a la escena política, lo del asalto al Capitolio volverá a suceder.

 

Al acusar a Trump de “incitación a la insurrección” y al denunciar su papel en la asonada al Capitolio, que dejó 7 muertos, los demócratas consiguieron aprobar en la Cámara de Representantes el 13 de enero, el proceso en su contra.

 

En la actualidad, Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser juzgado por segunda vez, y ahora la razón del juicio es que la mayoría del Senado ha votado a favor de la legalidad de enjuiciarlo por "incitación a la insurrección".

 

Este segundo juicio es diferente porque Trump ya no es presidente en el cargo, mientras que cuando fue imputado por primera vez, en diciembre de 2019 estaba ejerciendo como mandatario del país.

 

Desde luego, para que Trump sea sometido a un impeachment, hace falta que un mínimo de 67 senadores (dos tercios del Senado) vote a favor de la acusación y condena a Trump. Esto sucederá si todos los 50 demócratas del Senado y al menos 17 republicanos voten a favor.

 

Teniendo en cuenta el resultado de la votación inicial sobre la legalidad del juicio político a Trump, al que la mayoría de los republicanos votaron en contra, no es probable que el Senado finalmente declare culpable al exmandatario.

 

Aun así, muchos analistas se refieren al proceso contra Trump, como el fin del trumpismo en Estados Unidos, toda vez que infligió muchos daños irreparables a la estructura política y la democracia estadounidenses, además de provocar el aislamiento político del país norteño y hacer tambalear de manera sin precedentes su posición en el mundo.

 

 La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de EE. UU. proyectó el 11 de febrero que el déficit presupuestario federal de EE. UU. llegará a poco menos de 2,3 billones de dólares este año, mientras que la deuda federal alcanzaría el 107% del producto interno bruto (PIB) en 2031.

 

En sus proyecciones presupuestales y económicas del 2021 al 2031, la CBO ha pronosticado que el déficit presupuestario de EE.UU. aumentaría considerablemente durante los próximos diez años.

 

Mientras tanto, se prevé que la deuda federal, que para fines del año fiscal 2020 representaba el 100 por ciento del PIB, alcanzaría el 107% del PIB en 2031, el nivel más alto en la historia de Estados Unidos.

 

Según las estimaciones de la CBO, el déficit promedio, proyectado desde 2020 a 2029, totalizará los 12,2 billones de dólares.

 

Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el 10 de febrero que la tasa de desempleo real en EE.UU. alcanza el 10%.

 

“Todavía estamos muy lejos de un mercado laboral sólido cuyos beneficios se compartan ampliamente" entre la población, dijo la cabeza de la FED (banco central) en una conferencia virtual del Economic Club de Nueva York.

 

Jerome Powell, dijo que la pandemia de la COVID-19 ha provocado el mayor declive en 12 meses de la participación de la fuerza laboral desde al menos 1948.

 

La tasa de desempleo ha bajado al 14,8 por ciento en abril, la mayor pérdida de trabajos en la historia del país, pero todavía es mucho más alta que antes de la propagación del coronavirus.

 

Esta tasa fue solo del 3,5 por ciento en febrero de 2020, el nivel más bajo en casi 50 años, antes de que la neumonía enfrentará la economía de EE. UU. con un desafío inédito.

 

El Departamento de Comercio de EE. UU. también dio a conocer que, debido a la crisis originada por el coronavirus y la perturbación en el proceso de importación y exportación de mercancías, el déficit de la balanza comercial del país en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.

 

Según dicha cartera, el año pasado el déficit de la balanza comercial creció un 17,7 por ciento en comparación con 2019 y alcanzó los 678,7 mil millones de dólares.

 

De hecho, las exportaciones estadounidenses han caído un 15,7 por ciento, su nivel más bajo desde 2010, mientras que las importaciones cayeron un 9,5 por ciento, el mínimo nivel en cuatro años.

 

La brusca caída de las exportaciones hizo que la economía estadounidense experimentara un crecimiento negativo del 3,5 por ciento, la mayor caída del PIB desde 1946.

 

 23 miembros de la Cámara de Representantes y 2 senadores de EE.UU. enviaron el 11 de febrero una carta al presidente de este país, donde pidieron el levantamiento de las sanciones durante la pandemia de coronavirus, por sus desastrosas implicaciones. Estos congresistas instaron al cese de las sanciones norteamericanas en este periodo de tiempo.

 

En una orden emitida en los primeros días de su Presidencia, Joe Biden reclamó una revisión del impacto de las sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre distintos países a la hora de lidiar con la pandemia.

 

Ahora, estos legisladores demócratas en su carta a Biden, le pidieron reconsiderar las penalizaciones norteamericanas en un nivel más allá de sus consecuencias durante la propagación de la COVID-19 y como una herramienta de la política exterior de EE.UU.

 

El texto de la misiva indica que las sanciones son uno de los principales ejes de la política exterior estadounidense sobre el cual los demócratas discutirán más.

 

Ilhan Omar, Jesús García y Elizabeth Warren, tres legisladores del movimiento progresista en el seno de los demócratas en el Congreso, presentaron la idea de escribir la carta, que se refiere a las repercusiones inhumanas de las sanciones de Estados Unidos contra diferentes instituciones en distintos países del mundo.

 

Al final de la carta, los firmantes le pidieron a Biden que revisara la política de usar sanciones y dijeron que éstas son una política irreflexiva y menos evaluada. "Las sanciones son fáciles de imponer, pero parecen difíciles de levantar", añadieron.

 

Según Ilhan Omar, "por esta razón, pedimos a Biden que revise las sanciones en general para darse cuenta de sus ramificaciones inhumanas y luego moderarlas; en ese caso, los países del mundo se verán menos perjudicados".