Saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con Uds. con un programa más de la serie Estados Unidos en la semana que pasó y, al igual que en los programas anteriores, revisaremos los importantes cambios políticos, económicos y sociales del país norteamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el 28 de febrero su primer discurso ante la sesión conjunta de las Cámaras del Congreso. Al dirigirse a todos los representantes y senadores del país, Trump criticó duramente la situación actual de EE.UU. y la actuación de los gobiernos anteriores y repitió otra vez sus promesas electorales, algunas de las cuales parecen inalcanzables o requerir largos años para cumplirse. Como por ejemplo, la pobreza, la drogadicción, el desempleo, la violencia y la inseguridad son problemas difíciles de solventarse en una sociedad como la norteamericana con profundas brechas de ingresos y con la gran tendencia hacia drogas y violencia.

Es cierto que Trump habla sin rodeos sobre los problemas estructurales de la sociedad estadounidense, pero los planes que ofrece para salir del atolladero, no difieren mucho de los presentados por sus predecesores. A modo de ejemplo, habló de la reconstrucción de las infraestructuras de EE.UU. y dijo que es presidente del pueblo norteamericano y no de todo el mundo, pero al mismo tiempo, expresó su intención de crear el mayor Ejército de la historia del país.

En su intervención en el Capitolio, Trump volvió a insistir en los compromisos de Washington ante sus aliados europeos o Israel y puso de relieve que las macro-políticas de la Administración estadounidense no sufrirán muchos cambios en la nueva época.

De todas formas, la primera alocución del mandatario de EE.UU. ante los congresistas ha sido calificada como la más calmada y la menos controvertida de Trump en los últimos meses.

El asunto de  los contactos secretos y no anunciados del equipo de campaña de Trump con el embajador de Rusia en Washington, Sergey Kislyak, afectó la semana pasada también al secretario de Justicia y Fiscal General, Jeff Sessions.

Según los medios norteamericanos, durante la audiencia de confirmación a que fue sometido por el Senado en febrero pasado, Sessions no dijo nada sobre sus reuniones con Kislyak en septiembre pasado. Tras esta revelación, Sessions explicó que esos encuentros los realizó en cumplimiento de sus funciones en el Comité de Servicios Armados del Senado. Sin embargo, la prensa informó que en aquel entonces ninguno de los miembros de dicho Comité se entrevistó con el enviado ruso. Tras estas revelaciones, Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes instó a la dimisión de Sessions por haber dicho mentiras sobre la relación con los rusos.

Con anterioridad, el general Michael Flynn, tuvo que retirarse del importante cargo de consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump al desatarse el escándalo de su contacto con el mismo embajador ruso. Al obligar a Flynn a renunciar, Trump trató de dejar atrás la crisis política provocada por los contactos secretos de su equipo de campaña con los rusos. Pero parece ser que la poderosa corriente antirrusa en EE.UU. no quiere dejar sus revelaciones al respecto. Trump y sus asesores atribuyen esto a lo que queda del equipo de la Administración Obama en la Casa Blanca para así resarcir su duro fracaso en las elecciones de noviembre pasado.

El presidente Trump anunció la semana pasada una subida de 54.000 millones de dólares en el presupuesto militar del país. EE.UU. gasta en la actualidad alrededor de 600.000 millones de dólares en Defensa. La histórica subida será compensada con un plan de recortes general, especialmente duro con la partida de ayuda exterior y la Agencia de Protección del Medio Ambiente, lo que preocupa mucho a los activistas medioambientales y a los partidarios de la diplomacia pública.

Dado que es el Congreso el que tiene la última palabra a la hora de adjudicar los presupuestos del Gobierno federal, incluido el del Departamento de Defensa, se anticipan duras riñas entre la Casa Blanca y los legisladores en los próximos meses. A  diferencia de algunos republicanos que insisten en el incremento de los presupuestos militares y de seguridad, los demócratas temen la pérdida de los presupuestos sociales y de bienestar.

Trump ha prometido aparcar los planes de su predecesor, Barack Obama, sobre seguros médicos a bajo costo, conocidos como Obamacare, o la inversión en energías limpias. El cumplimiento de tales promesas someterá a una gran presión a la clase media y pobre e infligirá serios daños al medio ambiente estadounidense y global. Por eso, se espera que Trump choque con una seria oposición de los demócratas en su esfuerzo de destinar un presupuesto extra al Pentágono.

La semana pasada, el Senado de EE.UU. confirmó a algunos ministros del Gobierno de Trump, incluido al de  Energía, Rick Perry, quien hace unos años había pedido la disolución del mismo Departamento. Gobernador del estado rico en petróleo de Texas durante muchos años, Perry apoya la extracción cada vez más de hidrocarburos, mientras que una de las principales funciones del Departamento de Energía en los últimos años ha sido esforzarse por desarrollar energías limpias y no fósiles.

A diferencia de los gobiernos anteriores de EE.UU. que vincularon el cambio climático global al papel del hombre en la naturaleza, el de Trump no cree en esto, por lo que no ve por qué cumplir con los compromisos internacionales de Washington a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Trump incluso ha amenazado con sacar a EE.UU. del acuerdo climático de París.

El actual mandatario estadounidense también ha emitido órdenes que autorizan la extracción de petróleo en las zonas protegidas de Alaska y ha ordenado construir oleoductos en distintas partes del país norteño. Estas órdenes brindan una oportunidad de oro al nuevo secretario de Energía, Rick Perry, para garantizar los intereses de las compañías petroleras al precio del descontento de los activistas ambientales.

Desde luego, la principal responsabilidad del Departamento de Energía es poner en marcha y proteger las instalaciones nucleares del país, incluidos reactores atómicos, las armas nucleares y eliminación de residuos atómicos. En este ámbito también la Administración Trump sigue polémicos planes. Por ejemplo, ha dicho que el arsenal atómico de EE.UU. debe reforzarse cuantitativa y cualitativamente y adelantar al de su rival tradicional, Rusia.

La puesta en marcha del desarrollo del arsenal atómico de EE.UU. ofrecerá una buena oportunidad para aumentar las centrales atómicas en el país y requiere ingentes presupuestos para eliminar sus desechos peligrosísimos y mortales.

La 89 edición de los Óscar estuvo marcada por las críticas a Trump y a sus controvertidas políticas, en especial las migratorias. Al otorgar al cineasta iraní Asghar Farhadi, el Oscar al Mejor Filme de Habla No Inglesa por su película “El Viajante”, Hollywood expresó su protesta contra la polémica orden de Trump de vetar el ingreso de los ciudadanos de siete países musulmanes, incluido Irán, en Estados Unidos, tras lo cual Farhadi se abstuvo de participar en el evento.

Aunque la política siempre ha tenido un destacado papel en la entrega de los Óscar, la de los de este año demostró claramente  la grieta ideológica en EE.UU. y la confrontación de la industria cinematográfica con la Casa Blanca. La corriente liberal de EE.UU., con gran influencia en Hollywood, se preocupa fuertemente por los planes conservadores del gobierno de Trump, tales como el rechazo a las políticas multirraciales, el veto migratorio basándose en la nacionalidad y religión, construcción de muros fronterizos y represión de los medios críticos.

Gestiones de esta índole han aumentado el riesgo del crecimiento de corrientes extremistas y pseudo-fascistas. Razón por la cual la última ceremonia de los Óscar, como uno de los acontecimientos más importantes del cine mundial, se convirtió en un círculo en el que cada quien desafió en una u otra forma las políticas de Trump.