Estados Unidos en la semana que pasó
Feb 21, 2018 08:05 UTC
ParsToday-Saludos a todos los estimados amigos. Estamos con Uds. con un programa más de la serie Estados Unidos en la semana que pasó y, al igual que en los programas anteriores, revisaremos los importantes cambios políticos, económicos y sociales del país norteamericano.
La semana pasada, una vez más, no solo la sociedad estadounidense, sino también la comunidad internacional se consternó por la violencia y la crueldad. Un tiroteo en una escuela secundaria en Florida, que causó la muerte de 17 personas, demostró una vez más las terribles consecuencias de la libertad de portar armas y la falta de responsabilidad de las agencias de seguridad estadounidenses. Esta balacera volvió a plantear durante la semana pasada el trillado y cansado debate sobre la libertad de portar armas, pero sin un poco de esperanza de que cambie la situación actual en Estados Unidos.
Por otro lado, la semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un informe, anunció la condena de 13 personas jurídicas y legales de Rusia por la supuesta interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, creando desconfianza entre los ciudadanos sobre el sistema político y electoral del país. Dicho informe también indica que no se han encontrado evidencias que confirmen el impacto de los esfuerzos rusos sobre el resultado de las elecciones que llevaron a la victoria de Donald Trump.
La semana pasada, las noticias no solo coparon el tema de las elecciones de 2016, sino otros escándalos de la Casa Blanca. La Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció que investigará la acreditación de cargos de seguridad de funcionarios de la Casa Blanca y el asunto del supuesto pago a actrices de películas pornográficas por el abogado personal de Trump. Además, la Casa Blanca está bajo presión debido a los registros de abuso contra sus cónyuges de algunos de sus empleados y la relación entre Donald Trump y Stormy Clifford, una actriz del cine porno.
En el sector económico, el Gobierno de Estados Unidos presentó al Congreso un proyecto de presupuesto de $ 4,4 billones para el año fiscal 2019. El documento anticipa un déficit de 1 billón dólares para ese periodo, lo que ha causado protestas masivas en el país norteamericano.
En otros temas, Trump acusó a los socios comerciales de Estados Unidos de beneficiarse del país y advirtió de que volvería a revisar los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.
La semana pasada, el viaje a Oriente Medio del secretario de Estado Rex Tillerson llamó la atención, en particular, por el retraso deliberado del primer ministro de El Líbano a la hora de recibir al jefe de la Diplomacia estadounidense, y por el desacuerdo que mostró Beirut con la política de Washington.
Por último, la semana pasada, el Senado emitió un decreto para suspender los viajes de ciudadanos de países principalmente musulmanes, y no pudo ponerse de acuerdo sobre el controvertido tema de los "soñadores".
La matanza acaecida el miércoles en una escuela de enseñanza secundaria de Parkland, en el estado de Florida, ha vuelto a traer a la mesa un problema que las autoridades de Estados Unidos deben con urgencia poner fin. El libre acceso a las armas —en numerosas ocasiones de guerra— unido a la falta sistemática de controles y seguimientos de algunos comportamientos susceptibles de protagonistas de acciones violentas es una combinación letal que se está cobrando cada vez más vidas. La muerte de al menos 17 personas no debe convertirse en una estadística más que añadir al rosario de tiroteos indiscriminados y mortales que suceden —cada vez más a menudo— en el país norteamericano.
El responsable de la masacre es el joven Nikolas Cruz, de 19 años, quien había sido expulsado de su escuela, Stoneman Douglas, hace un año. Fuentes del Pentágono, citadas por la agencia France Presse, han asegurado que había emprendido un programa de entrenamiento militar junior. Él adquirió un rifle semiautomático AR-15 —el mismo utilizado en otras matanzas y que se puede comprar por Internet—, numerosas municiones y granadas de humo.
El senador Bill Nilsson, del estado de Florida, enfatizó: "Cada vez estamos viendo un tiroteo en nuestro país, no es diferente lo que sucede en cualquier lugar del país, pero el punto común es que es suficiente y tiene que acabar".
13 ciudadanos y tres compañías rusas fueron acusados formalmente el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de interferir en las elecciones presidenciales de 2016.
Se les acusa de "violar las leyes criminales para interferir en los comicios de EE.UU. y los procesos políticos", señaló la oficina del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la presunta interferencia rusa en la campaña.
Entre sus operaciones, figuran la comunicación de "información despectiva sobre Hillary Clinton, denigrar a otros candidatos como Ted Cruz y Marco Rubio, y apoyar a Bernie Sanders y al entonces candidato Donald Trump".
Entre los imputados, tres fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, mientras que cinco fueron imputados de robo de identidad.
El investigador especial de este caso emitió las acusaciones sobre el papel de Rusia en las recientes elecciones y fueron confirmadas por el jurado del tribunal del estado de Columbia. Sin embargo, hay dos puntos importantes en el informe del Departamento de Justicia sobre los cargos presentados contra la red de influencia rusa: En primer lugar, el documento afirma que los rusos, a pesar de sus considerables esfuerzos y el gasto de decenas de millones de dólares, no pudieron influir en los resultados de las elecciones.
En otras palabras, el poder judicial estadounidense respalda con su veredicto el buen estado del sistema electoral y la credibilidad de los resultados de las elecciones de noviembre de 2016 que llevaron a la victoria de Donald Trump.
Por otro lado, la sentencia del jurado de Columbia muestra que ningún ciudadano estadounidense ha cooperado conscientemente con la red de influencia rusa. Esto también incluye, en gran medida el espionaje, la traición y la colusión de ciudadanos estadounidenses, incluidos los miembros de la Comisión Electoral de Donald Trump. Sin embargo, el caso, llamado "Trump-Rusia", no parece cerrarse tan pronto.
La semana pasada, la Casa Blanca también presentó el presupuesto del año fiscal 2019 al Congreso. El presupuesto federal para el próximo año fiscal, que comenzará en octubre, es de 4,4 billones de dólares. Al examinar las fuentes de ingresos del gobierno de Estados Unidos y sus costos, se espera que el déficit presupuestario alcance el billón de dólares para el final del periodo considerado, el cual sería el mayor déficit en los últimos años el país estadounidense.
Con el inicio de la administración de Donald Trump, se esperaba que Estados Unidos volviera a un déficit presupuestario de un billón de dólares nuevamente. El año pasado, el presupuesto federal de EE.UU. sufragó 1 billón de dólares. La Ley de Reforma Tributaria, que según Trump, es la mayor reducción de impuestos en la historia de Estados Unidos, rebaja los ingresos tributarios federales hasta 1,5 billones de dólares en un período de 10 años.
Si bien, hace unos días, el Congreso decidió reducir 300 mil millones de dólares en gastos militares y civiles durante los próximos dos años para poner fin al cierre del gobierno federal.
Anteriormente se anunció que el presupuesto del Departamento de Defensa aumentaría a 719 mil millones de dólares en 2018; esto mientras Trump prometió invertir entre 1,5 a 1,7 billones de dólares para reconstruir la infraestructura muy gastada de su país. Esta situación ha generado preocupación sobre las consecuencias económicas y sociales del enorme déficit presupuestario de EE.UU.
Una senadora independiente, Bernie Sanders, dice que el presupuesto propuesto de Donald Trump muestra la bancarrota moral del país. A juicio del congresista, este presupuesto no es más que un ataque a los pobres y la transferencia masiva de riqueza de la clase media al uno por ciento de la sociedad.
Finalmente, la semana pasada, los miembros de la Cámara Alta estadounidense no lograron ponerse de acuerdo sobre el controvertido programa DACA —como se conoce la Acción diferida para los llegados en la infancia— y el futuro de 800.000 jóvenes llamados "dreamers" (soñadores).
Después de que Donald Trump amenazó con vetar las leyes que no incluían sus demandas de inmigrantes, el Senado no pudo consensuar sobre ninguna de las cuatro propuestas de inmigración.
Trump hace unos seis meses, suspendió el programa de DACA, firmado bajo la Administración del anterior presidente estadounidense, Barack Obama, y dio plazo hasta el 5 de marzo para que el Congreso tome una nueva decisión al respecto. Sin embargo, las profundas diferencias entre los adversarios y los opositores al programa de inmigración del Gobierno de Trump han llevado a una ambigüedad la situación de unas 800.000 personas que no saben si seguirán trabajando o viviendo en Estados Unidos.
A pesar de este fracaso en el tema migratorio, la corriente patrocinadora de la continuación de la política anterior de inmigración logró un éxito. La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones de Virginia anunció que la última prohibición de viaje, emitida por Trump, contra ciudadanos de seis países islámicos, viola la Constitución de EE.UU. La Corte Suprema Federal ha permitido limitaciones en su implementación hasta que se aclaren los desafíos legales relacionados con esta orden. El tribunal tiene previsto escuchar los argumentos sobre la legalidad de la prohibición en abril y luego emitir su fallo sobre este tema a fines de junio.
