Pars Today-El tema de las armas y cómo lidiar con tiroteos mortales en las escuelas estadounidenses llamó la más atención durante toda la semana pasada.

En este sentido, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apoyó la idea de armar a los maestros en las escuelas, mientras se registraban manifestaciones contra la falta de control al porte de armas que han provocado sangrientas masacres en diversas escuelas del país norteamericano. Al mismo tiempo, los manifestantes y opositores a la liberación de armas discreparon sobre cuestiones tales como el endurecimiento de los controles y el aumento de la edad para acceder a la compra de armas.

Por otro lado, la semana pasada, Amnistía Internacional, en su informe anual, criticó duramente las violaciones de los derechos humanos durante el primer año de la presidencia de Trump. La organización internacional denunció las políticas antiinmigración de Trump y lamentó que la cárcel de Guantánamo se estuviera cerrada. Al mismo tiempo, una organización de defensa de los derechos civiles dentro de Estados Unidos anunció que las actividades de los grupos de odio en el país norteño se han intensificado con el inicio de la presidencia de Trump.

En otro asunto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de un grupo de trabajo de combate a los ciberataques, el cual debe emitir un informe a finales de junio sobre diferentes peligros, en especial, las interferencias en las elecciones. La medida se acordó en plena alarma por la injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016, que fue puesta de relieve en los recientes documentos judiciales que apuntan a una extensa operación diseñada por algunos rusos.

La semana pasada, el conflicto entre los defensores y los opositores de la libertad de la portación de las armas, continuó en Estados Unidos. El presidente Trump, en una reunión en la Casa Blanca con estudiantes y padres de las víctimas del reciente tiroteo en la escuela secundaria de Stoneman Douglas, sugirió la posibilidad de contar con profesores armados, de manera encubierta, en las escuelas para enfrentar a agresores antes de la llegada de los agentes de policía.

Esta propuesta aumentó la ira de los oponentes al porte libre de armas. Una semana después de la matanza de la escuela de Stoneman Douglas, la mayoría de las ciudades estadounidenses, incluida la zona frente a la Casa Blanca, en Washington, fueron escenario de protestas.

Los que participaron en estas protestas pidieron a los funcionarios del gobierno y legisladores estadounidenses que tomen medidas para frenar el creciente problema de asesinatos por armas y la inseguridad en el país. Un grupo se centró en imponer nuevas restricciones a la venta de armas y otro quiere intensificar la revisión de los registros de los compradores de armas.

Algunos dicen que, si las leyes actuales de control de armamentos son implementadas con precisión por las fuerzas del orden y los vendedores de armas, no ocurrirían incidentes amargos como el reciente asesinato de al menos 17 estudiantes en la escuela de e Parkland (Florida).

La Asociación Nacional del Rifle es uno de los importantes grupos de presión, capaz de ejercer influencia sobre los miembros de los principales partidos. Por ello, está detrás de acciones que van desdeargumentos constitucionales polémicos y fondos de financiación para las campañas, hasta movilización de votantes.

En octubre pasado, después de que un tiroteo en un concierto en Las Vegas dejara 58 muertos y 489 heridos, la Casa Blanca afirmó que daba “la bienvenida a un debate” sobre la posibilidad de restringir la venta de algunos dispositivos usados en ese ataque, que permiten que las armas de fuego puedan dispararse más rápido.

No obstante, el debate sobre la regulación de esos mecanismos, llamados en inglés “bump stocks”, nunca cobró fuerza en el Congreso, y muchos estadounidenses son escépticos de que el liderazgo de Trump baste para lograr que el Senado dé prioridad al control de armas.

Un grupo de ciudadanos estadounidenses que parecen haberse desilusionado por el abandono de las armas o el uso adecuado de las mismas, ven una solución en armar a las personas, especialmente los maestros de las escuelas, para evitar que al menos los estudiantes se armen, asimismo para defender a los alumnos frente  criminales o enfermos mentales.

“No es eficiente traer más armas a nuestras escuelas para mantener a los estudiantes y maestros lejos de la violencia relacionada con las armas”, dijo Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educación.

Ella también señaló: “Nuestros estudiantes necesitan más libros, programas de arte y música, enfermeras y más asesores. No necesitan más armas en sus clases”.

Un estudio, realizado por la organización Southern Poverty Law Center (SPLC, Centro legal para la pobreza sureña), reveló que 954 grupos con características racistas se detectaron en 2017.

Al mismo tiempo que Donald Trump llegaba a la Presidencia de los Estados Unidos, los grupos racistas y de odio aumentaron, así lo precisa el documento,  lo que representa un aumento del cuatro por ciento respecto al año anterior que se ubicó en 2,8 por ciento.

Según el estudio, en la actualidad existen más de 600 grupos de supremacistas blancos, las organizaciones neonazis aumentaron de 99 a 121, mientras que los grupos antimusulmanes crecieron por tercer año consecutivo de 101 a 114.

Heidi Beirich, directora del Proyecto de Inteligencia del SPLC, dijo que desde 2017 se nota “un envalentonamiento sustancial de la derecha radical y eso se debe en gran parte a las acciones del presidente Trump, quien tuiteó materiales de odio y afectó las amenazas a nuestra sociedad planteadas por grupos de odio”.

El año pasado, algunos grupos criticaron las conclusiones de dicha  organización con sede en Alabama, mientras los escépticos dijeron que se etiquetó erróneamente a organizaciones legítimas como "grupos de odio". A su vez, en agosto, el mandatario norteamericano fue criticado por decir que "ambos bandos" tenían la culpa de la violencia en que derivó un mitin de supremacistas blancos en Virginia, donde un manifestante fue asesinado.

Asimismo, Trump fue fuertemente criticado por una serie de comentarios antiinmigrantes y antimusulmanes. El mandatario usó términos vulgares para referirse a Haití y a los países africanos. Por estos comentarios, grupos nacionalistas negros, como la Nación del Islam, aumentaron en un 20 % en 2017, arrojó el estudio.

Otras investigaciones por separado mostraron que las personas vinculadas a la extrema derecha, mataron a 43 personas en los últimos cuatro años, de esta cifra 17 casos ocurrieron en el 2017. Este último informe identificó a 689 grupos asociados con el movimiento “Patriota” antigubernamental, el cual tiene alrededor de 40 % de milicias armadas.

Por último el SPLC reconoció que es probable que su informe no haya arrojado números con exactitud de la actividad de grupos de odio. Aseguran que muchos de ellos, especialmente desde alt-right (derecha alternativa), operan principalmente online.

En paralelo, la semana pasada, Amnistía Internacional criticó las políticas anti-derechos humanos del gobierno de Estados Unidos.

El organismo internacional denunció la prohibición de viaje desde algunos países musulmanes a Estados Unidos y la continuación de la cárcel de Guantánamo, así como las políticas ambiguas del presidente de Estados Unidos sobre la tortura, especialmente el uso de métodos de ahogamiento simulados altamente sofisticados.

Amnistía Internacional decidió presentar excepcionalmente en Washington su informe anual sobre derechos humanos con un claro objetivo: alertar de que la presidencia de Donald Trump está sentando un alarmante precedente para otros países en la erosión de la conciencia social. Con el republicano en la Casa Blanca, la doctrina del odio ha ganado adeptos en el mundo mientras la comunidad internacional se ha hecho más pasiva ante los abusos. Como contrapeso, ha aflorado un nuevo activismo más decidido en asuntos sociales.

En 2017, la primera potencia mundial se alejó del concepto de faro moral que alimenta la idea del excepcionalismo americano. En su primer año como presidente de EE UU, Trump ha atizado divisiones en asuntos raciales, migratorios o de género y ha tratado de socavar a la prensa, la justicia y la separación de poderes. No ha alzado la voz ante abusos de derechos humanos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de un grupo de trabajo para combatir los ciberataques, el cual debe emitir un informe a finales de junio sobre los diferentes peligros, en especial, las interferencias en las elecciones. La medida se acordó en plena alarma por la injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016, puesta de relieve en los recientes documentos judiciales que relatan una extensa operación diseñada desde Moscú.

EE UU afronta nuevas elecciones, en este caso, legislativas, en noviembre de 2018, y teme que el Kremlin vuelva a tratar de influir y enrarecer el clima político. El Gobierno ruso siempre ha negado la mayor, cualquier interferencia, aunque al primer informe de la inteligencia estadounidense al respecto se suman ahora las primeras 13 imputaciones del fiscal especial que estudia el caso.

El grupo reunirá a miembros del departamento Penal, de la división de Seguridad Nacional, el FBI, la Agencia Antidroga y la Policía Judicial, entre otros. Su objeto de trabajo, además de la injerencia en los comicios, el uso de las redes para difundir ideologías violentas o reclutar seguidores.