Pars Today

ParsToday-En esta edición abordamos algunas leyes del Senado de EEUU que amparan la colaboración del Gobierno estadounidense con las medidas inhumanas del régimen sionista que violan los derechos humanos de los palestinos.

Recientemente, el Observatorio de los Derechos humanos (HWR) ha publicado un artículo en el que se alude a que la mayoría de los estados de EEUU ha emitido una serie de normas que tipifica como delito el boicot al régimen de Israel. En concreto, al menos 27 estados en Estados Unidos han adoptado leyes que  castigan a las compañías, organizaciones o personas que eligen no hacer negocios con empresas o individuos de los asentamientos ilegales israelíes ubicados en la orilla occidental de Cisjordania o solicitan el establecimiento de embargos contra el régimen ilegítimo de Israel.

Andrea Prasow, directora de la oenegé defensora de los derechos humanos del Observatorio de los Derechos Humanos, subraya que los estados norteamericanos tienen que animar a las empresas a no violar los derechos humanos y no castigarlas por negarse a hacerlo.

A principios de enero de este año, el Senado de EEUU aprobó un proyecto que otorgar a los estados locales una autoridad legal específica para boicotear a las empresas o individuos estadounidenses involucrados en el movimiento de Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) contra el régimen israelí. En marzo, los legisladores federales en el Senado y la Cámara Baja presentaron  resoluciones en relación con la condena del boicot a Israel. Sin embargo, todavía ninguno de estos proyectos se ha convertido en ley en el suelo de EEUU.

El Observatorio de los Derechos Humanos denuncia que aprovecharse de las actividades comerciales en los asentamientos ilegales es una forma de participar en la violación de los derechos humanos y de los reglamentos humanitarios internacionales. En realidad, los reglamentos anti-boicot a Israel buscan castigar a aquellas empresas que reducen sus relaciones comerciales con el régimen sionista o sea, se esfuerzan por no violar los derechos humanos.

El Instituto para la Paz de Oriente Medio ha publicado una lista de los 27 estados de EEUU que han establecido reglamentos contra aquellas empresas comerciales norteamericanas que han reducido sus actividades comerciales con Israel o los territorios bajo su control, entre ellos, los asentamientos ilegales de la orilla occidental de Cisjordania.

Las autoridades israelíes han facilitado el traslado de más de 600 mil ciudadanos israelíes a la orilla occidental de Cisjordania y otras regiones ocupadas, entre ellas Al-Quds (Jerusalén). Esta medida viola flagrantemente la Convención de Ginebra de 1949 que prohíbe el traslado de civiles a territorios ocupados. Por otra parte, la construcción de asentamientos ilegales por el régimen sionista también viola abierta y seriamente los derechos humanos de los palestinos habitantes en  dichos territorios. Estas violaciones consisten en medidas ilegales como la expulsión obligatoria de los habitantes del lugar de su residencia, la ocupación de sus bienes y tierras y la limitación de libertad de movimiento en su territorio. El sistema discriminatorio en los territorios ocupados, además de violar los derechos humanos de los palestinos, ha debilitado su economía.

Las actividades comerciales ayudan al mantenimiento de los asentamientos ilegales y los fortalecen desde el punto de vista económico. Tal como leemos en los principios de la ONU en cuanto a los asuntos de comercio y los derechos humanos, las empresas tienen que realizar medidas prácticas en dirección del conocimiento y la reducción de la violación seria de los derechos humanos en relación con sus actividades comerciales. Aquellas empresas comerciales que participan en la violación de los derechos humanos tienen que tomar medidas serias para cesar estas violaciones y usar este poder como una palanca para reducir los daños surgidos por la violación de los derechos humanos y de los reglamentos internacionales. Si una empresa no puede prevenir el surgimiento de estos daños o reducirlos, la única vía responsable al respecto es poner fin a sus actividades comerciales y abstenerse de realizar operaciones que violen los derechos humanos.

Los reglamentos contra el boicot a Israel en EEUU forman parte de las crecientes medidas en dicho país que se realizan por propuesta de Israel y sus partidarios para combatir el activismo del movimiento pro palestino boicot, desinversión y sanciones a Israel (BDS), una organización de defensa legal independiente, fundada en 2012 que solicita el establecimiento de embargos a Israel para presionar a que ponga fin a su ocupación en los territorios ocupados palestinos, se comporte con justicia y en base a la igualdad con los ciudadanos palestinos y respete el regreso de retorno de los refugiados palestinos y sus hijos a su patria, ya que estos fueron expulsados de sus tierras, tras la ocupación de su territorio por este régimen nefasto.

En el año 2011, el Parlamento israelí aprobó una ley que establece multas a quienes promuevan un boicot económico, cultural o académico a las colonias judías en territorio palestino, sus residentes o sus productos. Además, esta ley permite al pueblo recibir recompensa por denunciar a quienes de forma general solicitan el establecimiento de boicot a este régimen ilegal. En marzo del 2017, se sumió una reforma a las normas israelíes de visado, según la cual, las autoridades israelíes pueden denegar la entrada de aquellos activistas que abiertamente estén a favor del boicot a Israel. En virtud de esta enmienda, en abril de este año, un tribunal israelí ordenó la expulsión del director de Human Rights Watch en Israel y Palestina, una ONG con sede en Estados Unidos que aboga por los derechos humanos, citando “sus acciones públicamente para promover un boicot contra Israel”. Omar Shakir, un ciudadano estadounidense, ha recibido un aviso de que tiene dos semanas para salir de Israel.

Enfrentar el boicot al régimen usurpador de Israel no se limita solamente a EEUU sino se observa también en algunos países convergentes con las políticas hegemónicas y hostiles del régimen sionista y en dirección del apoyo a las medidas antihumanas de dicho régimen. Además de EEUU,  uno de los partidarios serios de este régimen ocupacionista que ha establecido reglamentos ejecutivos para castigar a aquellas empresas comerciales que cesan sus actividades comerciales con los sionistas, también otros países colaboran con dicho régimen, apoyando sus actividades ilegales que violan los derechos humanos de los palestinos. Entre estos,  fiscales franceses han presentado quejas contra activistas que buscan imponer boicot a Israel y, algunas de estas querellas, han concluido con condenas judiciales.

Esto ocurre mientras que todas las personas bajo la ley internacional de los derechos humanos tienen derecho de pronunciar sus opiniones de forma libre y lejos de cualquier método violento. David Kaye, corresponsal especial de la ONU, en unas palabras sobre la elevación y el apoyo al derecho de la libertad de expresión, anunció que el boicot es una forma legal para manifestar la libertad de expresión que se ha mencionado en el segundo artículo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Kaye añadió que los reglamentos anti boicot a Israel que han establecido muchos estados de EEUU buscan claramente luchar contra la libertad de expresión mediante el establecimiento de penas económicas para reprimir las opiniones políticas de las personas. Ninguno de estos reglamentos observa la libertad de expresión que se ha mencionado en el décimo noveno artículo de dicho Pacto.

P/MK/NL