Oct 17, 2019 12:24 UTC

ParsToday-En esta edición se estudia la negativa de Francia de sumarse a la Unión Europa (UE) en condenar la seria violación de los derechos humanos en Arabia Saudí.

En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 25 países, incluidos 15 Estados miembros de la UE, emitieron una declaración conjunta, liderada por Australia, que condena la grave violación de los derechos humanos en Arabia Saudí e instan a las autoridades saudíes a garantizar la administración de la justicia. Esta declaración se emitió con motivo del aniversario del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Curiosamente, Francia, a pesar de los principios declarados y su compromiso con el multilateralismo, no ha apoyado la medida, al menos verbal, contra Arabia Saudí.
 
Esto mientras que todos los 28 Estados miembros de la UE habían aprobado anteriormente una declaración expresando su preocupación por el mal historial de Arabia Saudí respecto a los derechos humanos en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrada el pasado marzo. Sin embargo, aún continúa la represión de los activistas de derechos humanos en Arabia Saudí, además, las mujeres aún enfrentan diversas discriminaciones de género, de hecho, cuatro activistas pro derechos de las mujeres saudíes siguen encarcelados, otras esperan su juicio y los informes publicados sobre acusaciones de tortura practicada a estas mujeres aún no han sido investigados seriamente por las autoridades saudíes.
 
La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional ha denunciado que al menos 30 personas se encuentran en la cárcel, por asuntos relacionados con la libertad de expresión y opinión. Sus sentencias varían de cinco a 30 años de prisión. En realidad, estos prisioneros solo han sido acusados por el uso pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
 
Entre los encarcelados figuran el miembro fundador de la Asociación saudí por los Derechos Civiles y Políticos (ACPRA, por sus siglas en inglés), Mohammad al-Qahtani, quien solicitó el apoyo y la promoción de los derechos humanos y los derechos legítimos de las familias de los detenidos, y el abogado Waleed Abu al-Khair, quien antes de su detención, defendía los defensores a los derechos humanos. Mohammad al-Qahtani y Waleed Abu al-Khair han sido condenados a 10 y 15 años de prisión, respectivamente, por haber realizado actividades pacificas en el ámbito de los derechos humanos y han sido entregados a la corte antiterrorismo.
 
Hasta el momento y mientras ha trascurrido un año del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en octubre de 2018, las autoridades saudíes no han proporcionado una explicación significativa sobre este crimen. Las autoridades saudíes, a pesar de asumir la responsabilidad de este asesinato, se niegan a cooperar en una investigación internacional y han intensificado la represión de los críticos y activistas en el país.
 
Según informes de los medios de comunicación, en un documental transmitido el domingo 29 de septiembre, el príncipe heredero saudí, Mohamad Bin Salman, admitió por primera vez la responsabilidad del asesinato del mencionado periodista que incluso ocurrió bajo su supervisión.
 
En este sentido, el director de investigaciones de Amnistía Internacional en Asia Occidental, Lynn Maalouf, ha declarado: "No es suficiente asumir solamente la responsabilidad del asesinado, sino que el compromiso de las autoridades saudíes debe incluir un cese inmediato a la represión, y la liberación de todos los defensores de los derechos humanos. Por otro lado, hay que proporcionar el acceso rápido e ilimitado a los inspectores independientes de los derechos humanos a Arabia Saudí, entre ellos la supervisión y el informe de la audiencia pública sobre el caso del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi".
 
Desde hace mucho tiempo, Amnistía Internacional ha documentado serios y graves casos, incluida la detención prolongada sin cargos ni juicio, la falta de acceso a un asesor legal durante las investigaciones, el uso de cargos ambiguos e indirectos que no son compatibles con el derecho penal, y la presión contra los detenidos para firmar "confesiones" y aceptar las sentencias predeterminadas de prisión y así evitar  detenciones arbitrarias prolongadas como establece el sistema de justicia penal de Arabia Saudí. La falta de independencia, transparencia y un justo juicio significa que el sistema de justicia penal saudí está muy por debajo de las normas y leyes internacionales de derechos humanos.
 
Lynn Maalouf también ha hecho hincapié en que "debido a la continuación de la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades saudíes, hay serias preocupaciones sobre el proceso de juicios justos en Arabia Saudí. Las autoridades saudíes deberían permitir inmediatamente el acceso a la supervisión de los inspectores independientes de la ONU en los tribunales del país, para que ya no se atestigüe simplemente otro juicio vergonzoso, y los responsables respondan por sus acciones como asesinatos, violación de los derechos de familia y los derechos humanos. Los saudíes tienen derecho a saber qué le sucedió al periodista Jamal Khashoggi bajo la supervisión de Mohamad Bin Salman.
 
Varias defensoras de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí han sido acusadas por sus actividades pacíficas de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres y algunas permanecen bajo custodia. Entre ellas se puede mencionar a Loujain al-Hathloul, Samar Badawi, Nassima al-Sada y Nouf Abdulaziz quienes han permanecido en detención arbitraria desde mayo de 2018. Al menos 14 activistas de la sociedad civil, escritores y los miembros de familias de activistas encarcelados también han sido detenidos arbitrariamente durante casi seis meses y permanecen en prisión sin cargos.
 
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, la pena de muerte se utiliza como arma política contra la minoría chií. A principios de este año, se registró la brutal ejecución de 37 hombres de la minoría chií de Arabia Saudí, por lo que se puede concluir que los Al Saud han recurrido a la ejecución para reprimir y eliminar a este grupo minoritario.
 
Entre 2011 y 2012, al menos otras 14 personas fueron condenadas a muerte por su participación en manifestaciones antigubernamentales en la Provincia Oriental de Arabia Saudí, de mayoría chií. Estos 14 hombres fueron detenidos durante mucho tiempo y confesaron en la corte que habían "confesado" bajo tortura y malos tratos. También, entre los ejecutados, figuraba un joven chií de 16 años que fue arrestado y sentenciado a muerte por participar en protestas contra el gobierno monárquico.
 
 Por su parte, el Observatorio de los Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés), el 1 de octubre de 2019, el presidente francés Emmanuel Macron enfatizó la necesidad de defender los derechos fundamentales y las libertades de las personas, y lamentó que "otros países, debido a la violación de los derechos fundamentales y la más fundamental ley de derechos humanos no son castigados ni siquiera son criticados de manera efectiva". Macron también lamentó el "debilitamiento sin precedentes del multilateralismo". Además, los ministros franceses de Asuntos Exteriores y de Igualdad de Género elogiaron recientemente la diplomacia feminista gala.
 
Por ende, dadas las recientes declaraciones de los funcionarios franceses, es extraño que el Elíseo no haya acompañado a los otros firmantes de la declaración que condena la continuación de la violación de los derechos humanos en Arabia Saudí. Este enfoque no solo es contradictorio con los comentarios de Macron, sino que también pone en duda la sinceridad del compromiso de Francia con los valores humanos y de derechos humanos. En particular, Francia busca defender un país como Arabia Saudí, que es uno de los clientes más importantes clientes de las armas francesas.
 
Lo que está claro es que, si Francia no puede aprovechar la oportunidad de un esfuerzo conjunto del Consejo de Derechos Humanos para imponer presión contra Arabia Saudí, su actitud podría influir negativamente en el debilitamiento del multilateralismo y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En torno a la diplomacia feminista, de la que también habla Francia, se puede argumentar que el apoyo a los derechos humanos de quienes mantienen silencio ante la persecución de activistas de los derechos de las mujeres, es de hecho un truco diplomático en las conversaciones de las autoridades de este país.
 
Entonces, a pesar de la continuación de la violación de los derechos humanos y la represión de los críticos y activistas de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, no es el momento adecuado para que Francia y otros países de la UE reduzcan la presión sobre Arabia Saudí.
 
 P/NA/NL
 
 

 

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