Pars Today

PasrToday- En esta edición abordamos los recientes crímenes de guerra perpetrados por el ejército de Myanmar (Birmania).

Tras recientes investigaciones de la ONG Amnistía Internacional (AI) sobre la situación del estado birmano de Rajine, esta organización pro derechos humanos ha reunido nuevos indicios de que el ejército de Myanmar está cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos. La operación militar sigue en marcha, lo que incrementa las probabilidades de que se cometan más crímenes.

El nuevo informe de Amnistía Internacional titulado “Nadie puede protegernos”: crímenes de guerra y abusos en el estado de Rajine de Myanmar, se expone detalladamente cómo el ejército de Myanmar, (conocido como Tatmadaw) lleva matando e hiriendo a civiles en ataques indiscriminados desde 2019 en múltiples ataques armados sin respetar el principio internacional de la separación de los militares de los civiles. Las fuerzas del Tatmadaw también han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, así como desapariciones forzadas contra la etnia rohyngya.

Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sureste Asiático, dice que “menos de dos años después de que la indignación sacudiera al mundo por las atrocidades en masa perpetradas contra la población rohingya, el ejército de Myanmar vuelve a cometer terribles abusos contra los grupos étnicos en el estado de Rajine”. Añade que “las nuevas operaciones en el estado de Rajine muestran a un ejército no rehabilitado, que sin mostrar arrepentimiento ni rendir cuentas aterroriza a la población civil y perpetra violaciones generalizadas como táctica deliberada”.

Amnistía Internacional llevó a cabo 81 entrevistas, 54 sobre el terreno en el estado de Rajine a finales de marzo de 2019 y 27 a distancia con personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto. Las personas entrevistadas son de etnia rajine, mro, rohingya y khami, y de religión budista, cristiana y musulmana. La organización analizó también fotos, vídeos e imágenes de satélite, y entrevistó a autoridades de ayuda humanitaria, activistas de derechos humanos y otras personas expertas.

Basándose en entrevistas y en otros indicios, como imágenes de satélite, Amnistía Internacional documentó siete ataques ilegítimos en los que murieron 14 civiles y resultaron heridos al menos 29. La mayoría de estos ataques fueron indiscriminados, y algunos pueden haber sido ataques directos contra la población civil. A finales de enero, un niño de 7 años de etnia rajine murió en el pueblo de Tha Mee Hla, municipio de Rathedaung, durante los combates entre el ejército de Myanmar y el ejército de Arakán a consecuencia de un disparo de mortero efectuado casi con certeza por las fuerzas birmanas. A pesar de la gravedad de las heridas del pequeño, los soldados de Myanmar no permitieron a sus familiares llevarlo al hospital hasta varias horas después. El niño murió al día siguiente.

En otro incidente sucedido a mediados de marzo en el pueblo de Ywar Haung Taw, municipio de Mrauk-U, la explosión de un proyectil de mortero del ejército de Myanmar hirió como mínimo a cuatro personas y destruyó una casa perteneciente a Hla Shwe Maung, hombre de etnia rajine de 37 años, que declaró: “Oí una explosión muy fuerte y una gran bola de fuego cayó sobre nosotros [...] tomé en brazos a mi hija [...] al mirar hacia atrás vimos que la mitad del tejado de nuestra casa había desaparecido”.

El análisis de las imágenes de satélite confirma la destrucción de un edificio en el pueblo de Ywar Haung Taw, así como la presencia de nuevos elementos de artillería en la base de policía cercana.

Si bien las comunidades de etnia rajine se han llevado la peor parte de las violaciones perpetradas por el ejército en esta campaña, otras comunidades, incluida la rohingya, también han sufrido. El 3 de abril de 2019, un helicóptero del ejército disparó sobre jornaleros rohingyas que cortaban bambú y mató al menos a seis hombres y muchachos, hiriendo al menos a otros 13. “El helicóptero salió de detrás de la montaña”, dijo a Amnistía Internacional un superviviente del ataque. “Al cabo de unos minutos, lanzó unos misiles. Salí corriendo para salvarme, pensando en mi familia y en cómo sobrevivir”, agregó.

Los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles, constituyen crímenes de guerra.

Amnistía Internacional también ha documentado la toma de posiciones del ejército en el complejo de templos de Mrauk U y sus temerarios ataques en la zona. Las imágenes de satélite confirman la presencia de artillería cerca de los templos, y las fotografías muestran la destrucción de templos. Si bien la organización no ha podido determinar a quién cabe atribuir la responsabilidad de los ataques, al establecer su base cerca de los monumentos el ejército de Myanmar ha expuesto unos bienes históricos y culturales a la destrucción y el deterioro, violando así el derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional documentó además siete casos de detención arbitraria en el estado de Rajine desde enero de 2019. Las detenciones fueron solo de hombres, normalmente de etnia rajine y en edad de combatir, y con frecuencia fueron acompañadas de tortura y otros malos tratos para conseguir información sobre el Ejército de Arakán. Un hombre de etnia rajine de 33 años rememoraba: “[El soldado] preguntó, ‘¿Dónde guarda sus armas el Ejército de Arakán?’ Le contesté: ‘No lo sé, no soy uno de ellos’ [...] Recuerdo un puñetazo y una patada, y después un rifle que me golpeaba la cabeza [...] Traté de protegerme la cabeza con las manos, pero empezaron a darme patadas y golpes. Tenía sangre en las manos, la cara y la cabeza”, dijo la víctima.

Amnistía Internacional también documentó la desaparición forzada de seis hombres a mediados de febrero, uno de etnia mro y cinco de etnia rajine. Una mujer dijo haber visto a uno de los hombres bajo custodia del ejército. Desde entonces, los familiares de estos hombres no han tenido información alguna sobre su destino ni su paradero.

A pesar de que esta última oleada de violencia ha ocasionado el desplazamiento de más de 30.000 personas, las autoridades de Myanmar han bloqueado el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

“Las autoridades están agravando el sufrimiento de la población civil al bloquear el suministro de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, incluidos niños y niñas”, ha dicho Nicholas Bequelin. Además, denuncia que “la población civil del estado de Rajine está pagando un precio elevadísimo por los ataques del ejército y sus secuelas, pero el gobierno sigue optando por guardar silencio sobre esta crisis que se agrava vertiginosamente”.

La última operación del ejército en el estado de Rajine se lanzó menos de 18 meses después de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad myanmaras contra la población rohingya. Más de 900.000 personas de etnia rohingya siguen viviendo en campos de refugiados en el vecino Bangladés, y el nuevo informe de Amnistía proporciona aún más evidencias de que para ellas no es seguro volver.

La organización de la Amnistía Internacional dice Estos nuevos indicios hacen aún más acuciante que la ONU actúe frente a todo el abanico de crímenes atroces perpetrados por el ejército de Myanmar en el estado de Rajine y en los estados myanmaros septentrionales de Kachin y Shan. Una misión de investigación de la ONU ha pedido que los altos mandos del ejército myanmaro sean investigados y juzgados por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Ante la ausencia de rendición de cuentas a nivel nacional, Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que remita con carácter de urgencia la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional e imponga un embargo total de armas. Los socios internacionales de Myanmar también deben replantearse sus relaciones con los líderes militares del país y aplicar sanciones dirigidas contra altos mandos a través de órganos multilaterales como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Nicholas Bequelin dice que “con el ejército de Myanmar cometiendo atrocidades tan desafiantemente como siempre, está claro que la presión internacional debe intensificarse”.

Afirma también que “la comunidad internacional ha fracasado reiteradamente a la hora de detener los crímenes del ejército de Myanmar y proteger a la población civil del país. El Consejo de Seguridad de la ONU se creó para responder exactamente a este tipo de situaciones, y ya es hora de que se tome en serio su responsabilidad”, recuerda el responsable de Amnistía Internacional.

P/MK/NL