Pars Today

Estos días, se oyen muchas noticias sobre la situación inadecuada y caótica de los refugiados y emigrantes en todo el mundo. Estas noticias destacas las graves condiciones de vida de estas personas que han dejado su patria para tratar de continuar su vida en países desarrollados por diferentes motivos y con la esperanza de construir un futuro mejor para sí mismas y los miembros de su familia. Por otra parte, las noticas recientes destacan las duras leyes de inmigración, algunas veces, hostiles, que han impuesto los gobiernos de los países destino para estas personas sin refugio. En este programa, primero, estudiamos la aprobación del nuevo proyecto de ley de Australia sobre el traslado de los refugiados establecidos en las islas de Papua de Nueva Guinea y Nauru. Después, les hablamos sobre la detención y la condena de Anni Lanz, activista pro derechos de los refugiados en Suiza, acusada de compadecerse de un refugiado que vivía en condiciones muy horribles.

 

Nuevamente, Australia ha aprobado un proyecto de ley que cambia el sistema actual de los traslados médicos de los refugiados establecidos en las islas de Papua de Nueva Guinea y Nauru, el cual pone en peligro la salud de los refugiados y emigrantes en dichas regiones. El Observatorio de los Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés), el pasado 16 de agosto, envió una petición al Parlamento australiano para que explique con detalles esta propuesta de ley, llamada Proyecto de Ley de Enmienda de Migración (Reparación de Transferencias Médicas) de 2019.

 

La nueva política de procesamiento en alta mar de Australia ha tenido un grave impacto en la salud física y psicológica de los refugiados y solicitantes de asilo enviados a Papua Nueva Guinea y Nauru. Anteriormente, los reglamentos vinculados a los traslados médicos, facilitaban el ingreso de los refugiados y emigrantes de estos dos países a Australia para realizar tratamientos sobre su salud.

 

Según la ley, si dos o más médicos evalúan que los refugiados o solicitantes de asilo en la isla Manus o Nauru de Papua Nueva Guinea requieren tratamiento médico urgente, ellos y sus familias deben ser transferidos a Australia.

 

Elaine Pearson, directora australiana de Human Rights Watch, dice que las instalaciones médicas en Papua Nueva Guinea y Nauru han demostrado ser incapaces de hacer frente a las complejas necesidades médicas de los solicitantes de asilo y refugiados. Añade que, para algunos, el tratamiento médico, lamentablemente inadecuado a lo largo de los años, ha significado que los problemas de salud se hayan vuelto más graves y ahora requieran atención urgente.

 

El proyecto de ley, presentado por el Ministro del Interior, Peter Dutton, derogaría las disposiciones sobre transferencias médicas y restablecería la autoridad exclusiva del gobierno para tomar decisiones sobre transferencias médicas. El proyecto de ley establecerá que los pacientes regresen a Papua Nueva Guinea o Nauru después del tratamiento.

 

Antes de que se aprobaran las disposiciones de transferencia médica en febrero de este año, el Gobierno australiano retrasaba o rechazaba las transferencias médicas de refugiados y solicitantes de asilo en contra de las recomendaciones de los médicos, a veces durante meses o años. Los abogados que representan a refugiados o solicitantes de asilo a menudo tenían que llevar al Gobierno a los tribunales para que se aprobaran las transferencias médicas. El informe del forense sobre la muerte de un solicitante de asilo, determina que esta pérdida era “evitable” y ocurrió debido al retraso significativo en su traslado de la isla Manus a Australia. El documento recomienda que los médicos que trabajan en alta mar tengan autoridad de aprobar las transferencias médicas a Australia.

 

De acuerdo con Pearson, el sistema de procesamiento en alta mar de Australia ha afectado enormemente la salud de muchos refugiados y solicitantes de asilo, por eso, Australia tiene la obligación de garantizar que reciban el tratamiento médico necesario.

 

Los refugiados que llegan en barco a Australia son enviados por el Gobierno a campamentos establecidos en la isla de Manus, perteneciente al país de Papua de Nueva Guinea, Nauru o la isla de Christmas, esto conforme a las nuevas medidas de migración de Australia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los grupos de los derechos humanos han rechazado esta ley australiana; no obstante, el Gobierno australiano dice que el objetivo de estas nuevas normativas es evitar los viajes peligrosos marítimos de los refugiados en embarcaciones no apropiadas.

 

Normalmente, los refugiados están, se puede decir, encarcelados, varios años en estos campamentos. Hasta el momento, se han publicado muchos informes sobre las condiciones difíciles que soportan las personas en estos campamentos. A estos lugares han sido enviadas, incluso, personas, cuyo asilo había sido acordado antes con las autoridades australianas. Estas personas desconocen su situación y no saben en qué programas serán incluidas.

 

En un informe de la organización de Médicos sin Fronteras (MsF) leemos que casi el 60 % del total de 200 refugiados enfermos se encuentran al borde del suicidio. Esta oenegé insiste en que casi una tercera parte de estos refugiados, ha intentado quitarse la vida al menos una vez. Entre estos refugiados, también hay algunos niños.

 

Los refugiados atraviesan situaciones horribles en los países desarrollados y que se autoproclaman defensores de los derechos humanos. En este sentido, en Suiza, país sede de la mayoría de las organizaciones especializadas de la ONU, entre ellas del Consejo de los DDHH, proveer ayuda a los refugiados se considera un delito.

 

Recientemente, algunas noticias se refieren a la celebración de la vista judicial definitiva contra Anni Lanz, mujer de nacionalidad suiza de 73 años de edad que había sido condenada a pagar 820 dólares por cruzar la frontera de Italia a Suiza llevando en su coche a un solicitante de asilo afgano que estaba medio congelado pasando la noche a la intemperie.

 

María Serrano, responsable de campañas de Amnistía Internacional, asegura que Anni Lanz no ha cometido un delito ni ha hecho nada malo. Al cruzar la frontera para ayudar a un hombre joven y traumatizado que se había visto obligado a dormir a la intemperie con temperaturas bajo cero, demostró ser compasiva, no una delincuente. Añade que la sentencia condenatoria impuesta a Anni debe ser anulada, y se debe modificar la legislación suiza de manera que no sancione a los buenos samaritanos por sus actos de solidaridad.

 

Llevar a Anni Lanz ante los tribunales por cargos absurdos es una burla de la justicia. Los esfuerzos de particulares y las ONG para ayudar a quienes buscan seguridad deben ser elogiados y defendidos, no criminalizados.

 

Anni Anni Lanz fue acusada de facilitar la entrada irregular en Suiza, por haber llevado en su coche a un solicitante de asilo afgano a quien encontró durmiendo en el exterior de una estación de tren con temperaturas bajo cero en Italia, cerca de la frontera con Suiza. Lo había conocido antes, en un centro de expulsión situado en Basel.

 

El hombre sufría graves problemas psicológicos a raíz de la noticia de la muerte de su esposa y su hijo, y estaba desesperado por ir a vivir con su hermana en Suiza. A pesar de que se habían entregado informes médicos a las autoridades suizas que recomendaban que se le permitiera vivir con su hermana, las autoridades suizas lo habían devuelto a Italia.

 

Al enterarse de que el joven no tenía plaza en el centro de acogida de Italia y estaba durmiendo en la calle con temperaturas de 10 grados bajo cero, Anni fue a buscarlo.

 

El artículo 116 de la Ley Federal de Extranjería de Suiza penaliza facilitar la entrada, estancia y circulación irregular. Aunque esta ley prevé penas diferentes para quienes lo hagan con fines lucrativos y quienes no, Amnistía Internacional considera que la justicia penal nunca debería utilizarse para castigar actos de solidaridad. Anni Lanz trabaja sobre derechos de las personas refugiadas desde 1985 y es muy conocida en Suiza.

 

P/MK/NL